El Presidente de México anunció ayer la incautación de uno de los departamentos de Rosi Orozco como parte de las primeras acciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pero sin más detalles sobre qué lo llevó a tomar tal decisión.
“Es importante abrir el caso. Una casa no se quita así porque sí”, dijo al respecto la Diputada Adriana Dávila, quien realizó una investigación sobre la red de Orozco y su familia, en la que también están implicados funcionarios públicos y ex gobernadores priistas.
Daniela Barragán
Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó como la primera acción de su Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado la incautación de un departamento de lujo –valuado en 20 millones de pesos– a la señora Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco.
Esta propiedad, anunció Ricardo Rodríguez Vargas, quien encabezará esta institución, será subastada, como ocurrió con los lotes de automóviles de lujo del Gobierno anterior.
“Tiene todavía otra propiedad que creo que es de más alto valor y que estamos camino ya a su recuperación para también darle un destino para, en este caso sería para el consejo o la estrategia para las adicciones […] y vamos a recuperar una cuarta que tiene el esposo de Rosi Orozco, ya se la solicitamos para que, insisto, esto ya tenga un destino y puedan ser enajenadas”, agregó en la Conferencia Matutina del día de ayer y no hubo más detalles.
Una investigación lanzada desde la Cámara de Diputados retrató de cuerpo entero a una Rosi Orozco distinta a aquella activista que luchó del brazo con gobiernos contra la trata de personas. El texto elaborado por la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, reveló la red que Orozco tejió en nombre de esa lucha.
En el caso hay extorsión, desvío de recursos, corrupción e impunidad y Dávila, dos años después de haber denunciado afirma que “es importante abrir el caso. Una casa no se quita así porque sí”, dijo la legisladora quien exhibió a la supuesta activista ante los medios y ante autoridades, antes de la llegada de AMLO a la Presidencia de México.
Rosi Orozco no sólo recibió de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Mancera Espinosa diversos contratos y apoyo político, también está el departamento y al menos cuatro propiedades más, cuyo destino hoy es incierto.
En números, la presunta activista y su familia poseen al menos 11 millones 524 mil pesos en cinco inmuebles que el Sistema de Administración de Bienes (SAE) le otorgó a sus fundaciones; recibió entre 2015 y 2017 contratos por 13 millones 930 mil 333 pesos, la mayoría por adjudicación directa, y 16 millones 071 mil 861 pesos de donaciones nacionales e internacionales.
La Diputada federal comentó en entrevista con SinEmbargo que luego del anuncio de ayer queda la duda de si el tema se quedará sólo en evidenciar corrupción o si se tomarán otras medidas.
“Sé que es un tema que tiene que revisarse a fondo porque no sólo tiene que ver con la señora, sino con lo que se está haciendo en materia de trata de personas en este país, qué combate se está haciendo. Hay que ver si sólo son temas mediáticos, si es sólo que la embargue o se investigará a las personas que pudieran estar usando recursos públicos para fines lucrativos personales”, expuso la legisladora federal.
La investigación elaborada por Dávila Fernández desde la Comisión Contra la Trata de Personas le fue entregada al entonces Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pero no tuvo consecuencias. La presentación en Tribuna tampoco tuvo mucho eco y a decir de la Diputada, tampoco hubo apoyo de parte de la entonces oposición.
También propuso la revisión de las sentencias que se daban en materia de trata porque todas estaban basadas en las cifras de la señora Orozco cuando eso era tarea del Gobierno federal.
SE DEBE ABRIR EL CASO COMPLETO
A casi dos años de distancia, la Diputada federal propone al Gobierno de López Obrador que además se revisen los informes que se entregaron del uso de la casa incautada porque Orozco defiende que es un albergue de víctimas, pero entonces se tendría que contar con un reporte de una supervisión a esa casa, y de parte del Gobierno federal decir qué encontraron cuando las supervisaron: si el uso era el correcto, si hay otras viviendas a nombre de otras fundaciones que estuvieran a nombre de su esposo, su hijo o su nuera. Y luego, también, ir a los contratos que se le otorgaron por Adjudicación Directa.
“Por eso el Gobierno de AMLO tiene que ir un poco más allá. No es hacer leña del árbol caído sino de generar justicia y no impunidad ante temas tan importantes […] Se debe explicar el mecanismo que usó la señora Orozco de ser el aval de todos los gobiernos en materia de trata de personas. Fue aval del Gobierno de Duarte, de Borge, de Sandoval, de Peralta, promotora de campañas electorales. Fue una figura usada política y electoralmente. Este Gobierno federal no se puede quedar con el aplauso y evitar otras acciones”, comentó.
Rosi Orozco entregó premios por su lucha contra la trata al ex Gobernador Eruviel Villegas Ávila durante su gestión ante el Estado de México; e incluso a Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, hoy preso, y a Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, también preso.
La carrera política de la activista contra la trata y de su esposo crecieron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Rosi Orozco obtuvo en 2009 una diputación federal por el PAN. A la par, su esposo Alejandro Orozco, fue director de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre enero de 2007 y febrero de 2009; dejó ese puesto para convertirse en el director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).
“Si hay una oficina de Inteligencia Financiera, el Gobierno debe tener los datos de qué empresas prestaron servicios y no necesariamente sobre el tema de trata porque ese fue un mecanismo para involucrarse y hacer negocios de otra naturaleza, o sea lucrar con el tema. Eso le corresponde a la autoridad definirlo y es importante que se presenten los elementos que soportan la decisión. Hay elementos porque no se quita una casa así porque sí. Debe haber algún elemento adicional en donde alguien que pueda ser beneficiado en este mismo sentido no hizo uso correcto del dinero y deben tener los elementos en su Unidad de Inteligencia Financiera. ¿A dónde fueron a parar los recursos públicos?”, agregó.
Insistió en que si hay delitos qué investigar también hay personas que deben ser llevadas a justicia y eso incluye a los funcionarios y servidores públicos que se prestaron a eso, sobre todo por tratarse de recursos de trata de personas que dejaron de ser usados para lo que debían.
“Se deben escuchar las voces de otras activistas que estaban en su momento haciendo su trabajo y no fueron escuchadas porque lo que se buscaba era el reflector mediático y el apoyo electoral para gobiernos estatales del PRI. La señora fue utilizada para desacreditar a candidatos de la oposición y acusarlos sin ningún fundamento. A mí me tocó vivir eso”, concluyó Dávila.