EL PASO (Proceso).- Los insistentes golpes en la puerta despertaron a Blanca y a su esposo Santiago a las seis de la mañana del pasado jueves 16. Él se levantó para abrir y, aún adormilado, permitió entrar a su casa a los agentes que habían ido a buscarlo. Minutos después estaba esposado y dentro de una camioneta que lo trasladó a la cárcel del condado, de donde quizá salga los próximos días deportado a México.
“Él estaba en libertad condicional (había manejado alcoholizado) pero no había cometido ninguna falta”, dice Blanca. “A mí me dejaron en la casa porque estaban mis niños, pero tuve que presentarme a Migración para que me tomaran huellas y me pusieron un identificador en el pie. Mi hijo de 15 años vio todo y está muy mal”.
La pareja ha vivido más de diez años en Agua Dulce, comunidad de unos tres mil habitantes a las afueras de El Paso y donde 95% de la población es hispana y de escasos recursos. Se estima que una gran parte de sus residentes son indocumentados. Hoy, el miedo se metió a sus casas.
“Ya ni al Walmart queremos ir”, dice Ana, residente de esa comunidad y madre de cinco hijos, todos nacidos en Estados Unidos. “Estamos muy estresados. No quiero manejar, no me atrevo a pasar por donde hay policías. Es muy feo; tiene uno miedo todo el tiempo”.
Ese mismo día, en una zona de casas móviles al noroeste de Las Cruces, Nuevo México, cundió el pánico cuando agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tocaron las puertas de varias viviendas en busca de personas con antecedentes criminales. Según versiones extraoficiales, arrestaron al menos a dos personas.
Una semana antes, en un hecho sin precedente, agentes de ICE ingresaron a la corte del condado de El Paso para arrestar a una mujer transgénero e indocumentada que acababa de recibir una orden de protección, pues era víctima de abuso doméstico.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2104, ya en circulación