* Entre enero y diciembre de 2016, los gobiernos de las 31 entidades federativas cometieron irregularidades estimadas por la Auditoría Superior de la Federación en 25 mil 894.7 millones de pesos procedentes de recursos federales.
Estado de México, Veracruz y Michoacán, encabezan la lista. Juntos acumulan cerca de 10 mil millones de pesos, casi el 40 por ciento del total.
La información dada a conocer por la ASF forma parte del adelanto a la revisión de la Cuenta Pública de 2016 que entregó a la Cámara de Diputados en días pasados. En octubre próximo entregará otro informe parcial y, en febrero de 2018, el resultado final de la revisión a la cuenta pública 2016.
Ciudad de México, (SinEmbargo).– En 2016, el Gobierno de Veracruz recibió más de mil 399 millones de pesos de un fondo federal para infraestructura y saneamiento de sus finanzas, pero, tanto en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa como en el del panista Miguel Ángel Yunes Linares, este dinero se utilizó pagar la nómina de la Secretaría de Educación Pública Estatal.
En Guerrero, la administración de Héctor Astudillo Flores causó un probable daño a la Hacienda pública federal por más de 609.3 millones de pesos debido a que se quedó con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) descontado a los salarios de personal de sus Servicios de Salud, financiados también con fondos federales.
Y, en Michoacán, los Servicios de Salud no pudieron probar la contratación de dos mil personas cuyo pago de salarios con recursos del Seguro Popular fue reportado por el Gobierno estatal en más de 166.9 millones de pesos.
Los anteriores son ejemplos de cómo, entre enero y diciembre de 2016, los gobiernos de las 31 entidades federativas cometieron irregularidades estimadas por la Auditoría Superior de la Federación en 25 mil 894.7 millones de pesos procedentes de recursos federales.
En primer lugar, dice el reporte sobre Gasto Federalizado presentado el 30 de junio por la ASF, se encontró el Estado de México, gobernado por el también priista Eruviel Ávila Villegas y que, en total, recibió observaciones sobre el manejo de tres mil 499.1 millones de pesos.
Le sigue Veracruz, donde la ASF encontró irregularidades por tres mil 482.9 millones de pesos, y Michoacán, donde este monto fue de tres mil 13.6 millones de pesos.
Los tres juntos suman 9 mil 995.6 millones de pesos, alrededor del 40 por ciento del total.
Los daños generados por el total de las entidades se encontraron sobre todo en los recursos recibidos a través de fondos y programas federales como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG); el componente de salud en el programa PROSPERA y sobre el dinero del Seguro Popular.
“La operación de estos fondos y programas presenta una elevada incidencia y recurrencia de observaciones, que se manifiesta en un significativo importe pendiente de solventar por los Gobiernos locales; dichas observaciones se encuentran en diversas fases de su proceso de gestión. En algunos casos, las irregularidades determinadas, en Cuentas Públicas anteriores, han dado lugar a la presentación de denuncias de hechos”, dice el resumen de la ASF sobre el gasto federalizado.
El reporte forma parte del adelanto a la revisión de la cuenta pública de 2016 y que la ASF entregó el 30 de mayo pasado. En octubre próximo entregará otro informe parcial y, en febrero de 2018, el resultado final de la revisión a la cuenta pública 2016.
El monto de recursos que recibió observaciones por parte de la ASF es parte de 90 mil 675 millones de pesos provenientes de los mismos fondos y programas federales que, desde años anteriores, aun están pendientes de solventar por parte de las entidades federativas.
La mayor parte de los daños de 2016, por ocho mil 525.3 millones de pesos, se detectó sobre el FAFEF, que tiene por objetivo fortalecer los presupuestos de los estados y de la Ciudad de México, así como su saneamiento financiero. Otros siete mil 30.8 millones de pesos en observaciones se hicieron sobre el FASSA; otros cinco mil 958.2 millones de pesos sobre los recursos que deberían ser para el Seguro Popular, mientras que otros mil 235.6 millones con observaciones fueron del Prospera.
Por fondo, se observa que Veracruz, Michoacán y Tamaulipas causaron los mayores daños al FAFEF, mientras que el Estado de México y Guerrero presentaron la mayor cantidad de irregularidades sobre el FASSA –el primero con mil 273.5 millones y el segundo con 977.9.
Los fondos del componente de salud del programa Prospera, por su parte, fueron sobre todo mal utilizados en los estados de Veracruz, con 316.1 millones, y Chiapas, con 181.2 millones de pesos. Y los recursos del Seguro Popular, dice la ASF, sufrieron perjuicios sobre todo en Michoacán, por 991.6 millones de pesos, y en Chiapas, por 948.7 millones.
Otros ejemplos de irregularidades detectadas son las transferencias de los recursos a cuentas diferentes a las asignadas a cada fondo o programa, como ocurrió en Chiapas, donde el Gobierno del pevemista Manuel Velasco envió a otra cuenta del estado 160.8 millones de pesos procedentes del Prospera.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 160,869,169.70 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, ya que el Instituto de Salud del Estado de Chiapas no aplicó el recurso exclusivamente al cumplimiento de metas y objetivos del programa, toda vez que realizó transferencias bancarias de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2016 a otras cuentas bancarias”, dice la ASF.
Otras observaciones son por falta de documentación que pruebe el destino de los recursos, como ocurrió con 567.5 millones de pesos procedentes del Seguro Popular y cuya aplicación no fue acreditada por el Gobierno del Estado de México.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 567,553,550.71 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa y aplicación a los objetivos del mismo a más tardar al 30 de junio de 2017, o en caso contrario a la Tesorería de la Federación, por haber registrado al 31 de diciembre de 2016, recursos devengados sin que a la fecha de la auditoría se proporcionara la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016 en los objetivos del programa”, indica la auditoría hecha al Gobierno del Edomex.