Jaime GUERRERO
Desde la década de los 90´s, el escenario político de los derechos políticos de las mujeres cambia radicalmente para hacer frente al fenómeno de la violencia política. Sin embargo, hoy en día, a una mayor representación de las mujeres en política, ha significado mayores niveles de violencia hacia éstas.
Para la Alta Especialista de Participación Política de la Oficina regional de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe, Paula Narváez, América Latina, es una de las más violentas a nivel regional, por ello el foco está puesto en el feminicidio. En México, 10 mujeres mueren al día. Son crímenes que tienen que ver con la condición de mujeres.
Aun cuando, aclaró que no es fácil comparar a los países porque la cifras son distintas en la participación y representación política, alertó que proporcionalmente, hay mujeres que son violentadas en el ejercicio de sus derechos políticos, tanto como candidatas, una vez electas, electoras, y hasta como observadoras electorales.
“Aquí lo que pasa es que se traslada la discriminación que sufren las mujeres en el sistema patriarcal, también en el ámbito político”, apuntó.
Frente a esa perspectiva, la representante de la ONU Mujeres en América Latina y el Caribe en materia política, destacó que la última encuesta de la Unión Interparlamentaria, mostró que el 81 por ciento de las mujeres que ejercen su representación en el ámbito legislativo, habían sufrido violencia psicológica y el 35-40 por ciento, sufrió violencia física que generalmente tiene connotación sexual.
Narváez, puntualizó que el fenómeno de la violencia contra las mujeres tiene sus especificidades en cada país que se analizan, pero es un fenómeno global. Frente a ello, el objetivo de los Estados y sus instituciones, es prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo.
Destacó que la mayoría de los protocolos y legislación tienen su origen en el 2016. El único país que se adelantó fue Bolivia.
“La violencia es un fenómeno global, sistemático. La violencia contra las mujeres, es considerada la violación más sistemática a los derechos humanos que existe y la más injustamente tolerada”, lamentó.
En el caso de México, explicó que el fenómeno de la violencia política contra las mujeres, es un fenómeno que trasciende a los gobiernos, al ser un fenómeno estructural.
No obstante, para América Latina hay una convención para abordar la violencia contra las mujeres “Belém do Pará”, por lo tanto el continente tiene instrumentos normativos y legales para hacer frente a la violencia.
“El problema es la implementación y la impunidad de quienes ejercen, de los perpetradores de la violencia”, lamentó.
Dijo entonces que todas aquellas acciones que involucren al sector público, privado y sociedad civil deben hacer visible el fenómeno y tener los mecanismos para que cuando una mujer sufra de violencia conozca dónde se dirigirá y no se le negará el acceso de la justicia.
Narváez, citó como ejemplo que en México se trabaja en el proyecto Spotlight, una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas (en total 6 agencias de la ONU con el caso mexicano) aplicada en otras parte de América Latina.
Spotlight se vincula con el sector público y la sociedad civil para tomar medidas en materia de prevención, sanción y la erradicación de la violencia de género.
Narváez, destacó que en los 90´s el escenario político de los derechos políticos de las mujeres cambia radicalmente para hacer frente al fenómeno de la violencia política contra las mujeres.
No obstante, no cambia radicalmente por generación espontánea, cambia porque son las propias mujeres del movimiento las que comienzan a hacer la incidencia necesaria para que haya un reconocimiento a sus derechos políticos.
La lucha de las mujeres, acompañada de instrumentos jurídicos internacionales hacen incidencias en sus países, y en consecuencia pasan del 9 por ciento de participación de las mujeres en los congresos de la región, a 30.7 por ciento que actualmente se dan en América Latina y el Caribe.
Para el caso mexicano, la ley de paridad en todo, exhibe cifras de mucha mayor representación de las mujeres. No obstante, una cosa es la ley y otra es como se implementa. “Por eso es tan importante que los organismos electorales estén tan sensibilizados como el caso Oaxaca para no se intente torcer el sentido de la legislación de la paridad”.
