Contra lo esperado por quienes se encuentran empeñados en invalidar las consultas o criticar las decisiones adoptadas por el futuro titular del Poder Ejecutivo, la aprobación de los ciudadanos ha sido arrolladora en favor de AMLO. La cancelación del AICM le otorgó 10 puntos más, por lo que la aceptación hasta el 7 de noviembre registró un 77.9 por ciento y, en relación al impulso por conocer la opinión de los mexicanos por la realización de encuestas, aparece según el Gabinete de Comunicación Estratégica apenas sí un 28.3 en contra y a favor el 71.3 por ciento.
Así, se tuvieron resultados en los cuales AMLO contaba en septiembre con el 68.1 por ciento de opiniones “muy buenas”; en octubre se tuvo del 67.5 por ciento y en los primeros días de noviembre es cuando se alcanza el 77.9 por ciento. Estos porcentajes derriban lo dicho por el inglés Tony Blair señalando no deben considerarse las consultas públicos como elementos base para la toma de decisiones importantes en las cuales los argumentos de peso deben provenir de expertos. Lo anterior en clara referencia al NAIM y, tal vez, tenga razón, hay decisiones que deben provenir de las autoridades por lo complejo de los est Tales pueden y deben estar en manos de aquellos a quienes les otorgamos la facultad de decidir por todos, y eso sucede en donde la corrupción no ha permeado, como en México, a las esferas gubernamentales de todos los niveles. El pueblo gobernado por Blair y sus sucesores no ha padecido el mal manejo de sus recursos, los abusos, la falta de un Estado de Derecho, los niveles de impunidad registrada y vigente hasta estos días. Es entonces que se hace necesario decirle a todos los contribuyentes en donde, porque y cuanto de sus contribuciones van a destinarse a un proyecto en el cual pueden y deben opinar porque es necesario lograr recuperen la confianza y crean en la honestidad de quienes tienen como objetivo un cambio total, una transformación de fondo y no solo de forma.
Seguramente se elevará aún más el respaldo ciudadano a AMLO ante los hechos registrados en torno a la banca. Afirmar no saldrá de su oficina ninguna determinación relacionada con la actividad bancaria, o fiscal, o hacendaria, hasta después de tres años, permitió ver muy claramente la existencia real, verdadera, de la división de Poderes. De ahí surgiera la respuesta de Ricardo Monreal, reafirmando autonomía y respeto a las decisiones de cada uno de los poderes sobre los cuales se sustenta el sistema político mexicano. El mensaje es de fácil interpretación porque igual sucederá en el Poder Judicial, no se tratará de venganzas ni de odios, sino simple y llanamente de la aplicación de la Ley y es a quienes son responsables de ello que se deberán las determinaciones vistas en un futuro muy próximo.
Van cubriéndose así los socavones provocados para imponer la impunidad sobre, inclusive, actos de corrupción suficientemente comprobados. La “Estafa Maestra” no seguirá siendo un asunto protegido o en el cual no se finquen las responsabilidades que correspondan. Como tampoco se quedarán en el limbo los casos relacionados con los ex gobernadores, los conocidos y los faltantes y, ni que decir de las operaciones y las actuaciones cuyas bases han sido sentadas y comprobadas suficientemente por la Auditoría Superior de la Federación.
Respecto a esto último, es risible sea para algunos disque dedicados a la persecución de la corrupción en las entidades, se interpreten las denuncias en contra de los gobiernos a los cuales sirven como llamadas de atención a comprobar y sean feroces cuando se trata de la presentación, también de números y desvíos de los antecesores, llevándolos inclusive a la presentación de denuncias basadas en esta información. El piso parejo no tarda en presentarse y con ello serán exhibidos quienes permanecen ciegos, sordos y mudos ante los malos manejos económicos llevados a cabo en el presente.
Frente a la independencia de los Poderes y el nombramiento de un nuevo Fiscal General, quienes han estado en la jerarquía de la PGR, incluyendo al interino, ya deberán tener sus barbas en remojo. Los reveses por la presentación de investigaciones rechazadas por los jueces, la secrecía manejada cuando así conviene como es el caso de Karime de Duarte, sobre quien señalaban no tenían ninguna acusación, ni habían realizado investigación alguna, una semana después se apresuraron a solicitar su extradición basados en una sola acusación: malversación por cien millones de pesos, a sabiendas de estar ese delito dentro de un catálogo en el cual no es considerado grave y por lo tanto con la devolución de un porcentaje queda todo solucionado. Será éste uno de tantos y tantos casos sobre los cuales habrá don Alberto Elías Beltrán, que rendir cuentas y claras o cargar con todas las responsabilidades ante las omisiones y alteraciones comprobadas.
Sobre este mismo caso, el del ex gobernador veracruzano Javier Duarte, otra de las pifias cometidas registra la ilegalidad en las pruebas para incriminar al contador Javier Nava, al haber sido obtenidas sin orden judicial. Igual hicieron en el caso de las cajas de seguridad saqueadas en Cancún, en donde tampoco actuaron apegados a la Ley y si abusaron violando los derechos de intimidad de mil 500 usuarios. ¿Quién ha salido ganando de todas estas actuaciones erróneas? Por un lado quienes han cometido, en efecto, delitos y que, con estos “errores”, quedan totalmente exentos de ir a prisión y eso se repite una y otra vez. En cuanto a las cajas lo sustraído de muchas de ellas les resultó todo un “botín de guerra”.
Orden, Ley y respeto a la autonomía de los tres poderes de la Unión es lo hasta hoy visto en ruta rumbo a un auténtico Estado de Derecho.
Lilia Arellano/REVOLUCION Tres punto cero