Acosta Chaparro siempre estuvo dispuesto a todo. No sólo encabezó los “interrogatorios” a guerrilleros y disidentes políticos: también contó con grupos armados secretos con permiso ilimitado para hacer cualquier clase de “operativos”. Una parte de la historia del general se revela en documentos bajo resguardo del AGN
Autor: Zósimo Camacho @zosimo_contra/ Contralínea
Rastros de sangre dejaron las botas del militar Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite doquiera que caminaron. Integrante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), jefe de policías judiciales estatales, director de seguridad de estados de la República, jefe de la Policía Judicial Militar, comandante de Batallón o asesor federal en materia de seguridad, respondió siempre a las Fuerzas Armadas y a lo que asumió era la “razón de Estado”: sostener, bajo cualquier método y a toda costa, al viejo sistema político mexicano.
Documentos de la DFS –hoy bajo resguardo del Archivo General de la Nación (AGN)– revelan una constante del militar: contó invariablemente con grupos armados que actuaron al margen de la ley y que le reportaban sólo a él.
Lo mismo en Guerrero, que en Veracruz o en la Ciudad de México, estos grupos no podían ser detenidos por nadie. El expediente de la antigua DFS da cuenta de cómo los propios elementos de esta policía política tenían que hacerse a un lado cuando se encontraban con los muchachos del militar.
También en los papeles de la DFS queda evidencia de que el propio Acosta Chaparro encabezaba los “interrogatorios” extrajudiciales a los que eran sometidos guerrilleros u opositores pacíficos de izquierda.
Asimismo, los archivos dan cuenta de que los elementos a su cargo realizaban campañas encubiertas para generar terror, desmovilizar a las organizaciones sociales y justificar masacres.
Sobre el militar Mario Arturo Acosta Chaparro, el AGN integró en 2015 un legajo con 92 fojas provenientes de la DFS. Contralínea tuvo acceso a la copia maestra –sin censura– de lo que seleccionaron entonces los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) incrustados ilegalmente en el AGN (https://bit.ly/2wyFjoH, https://bit.ly/2Ikjzjc y https://bit.ly/2IggOPQ).
El archivo se advierte incompleto, pues el militar desempeñó un papel preponderante durante el periodo llamado de la Guerra Sucia y durante la conformacion de los modernos cárteles de la droga. Al respecto, apenas unas cuantas tarjetas están contenidas en la copia maestra, de las que diversos medios de comunicación ya han dado cuenta.
Sin embargo, los documentos sí dejan al descubierto algunos de los métodos del general y de las tareas que estaba dispuesto a hacer. Incluso, proporciona una breve descripción de su persona.
La copia maestra “Acosta Chaparro Mario Arturo” se encuentra en el depósito 1, caja 1, de la serie DFS, puesta para consulta en el una de las salas del AGN.
Uno de los primeros documentos del expediente se refiere a retenciones ilegales que realizaban corporaciones del Estado mexicano contra integrantes del entonces movimiento armado y contra activistas pacíficos.
Al militar Acosta Chaparro se le asignaron “interrogatorios” extrajudiciales, al menos, desde que era capitán, en 1972. De lo anterior da cuenta un informe de la DFS sobre la operación para liberar al joven Cuauhtémoc García Terán, en manos de la guerrilla de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres.
El documento, fechado el 15 de abril de ese año, está firmado por el entonces titular de la DFS, Luis de la Barreda Moreno. Se asienta que a cargo de la operación estaba el entonces teniete de infantería Macario Castro Villarreal. Pero “En caso de haber detenciones, los detenidos serán interrogados por los Agentes de la Dirección Federal de Seguridad, Capitán ACOSTA CHAPARRO y Agente BRAVO, así como por el Cmdte. de la Policía Judicial de Acapulco, WILFRIDO CASTRO y el Jefe de Grupo ISIDORO GALEANA ABARCA” (sic).
Es decir, tales “interrogatorios” no contaban con la autorización del Poder Judicial ni presentaban las condiciones mínimas para que se obsevaran las garantías individuales y se realizaran en el marco de los derechos humanos.
El politólogo y sociólogo Valeriano Ramírez Medina señala que esos “interrogatorios” son el último rastro de cientos de personas que permanecen en calidad de desaparecidas hasta el día de hoy.
Pero las víctimas no sólo provenían de los círculos de la disidencia. Dos informes contenidos en la copia maestra consultada por Contralínea dan cuenta de la desaparición forzada de la que fueron objeto dos policías preventivos. Están fechados en Guerrero el 6 y el 12 de noviembre de 1976, respectivamente. Quienes llevaron a cabo tal delito eran policías al servicio de Acosta Chaparro.
Los documentos están firmados por el propio capitán Luis de la Barreda Moreno, entonces director de la DFS. Están dirigidos al secretrio de Gobernación, en ese tiempo Mario Moya Palencia.
En uno de ellos, el fechado el día 6, se consigna la zozobra que tal desaparición había dejado entre las propias filas de los policías: “[…] varios elementos de esa corporación han manifestado su descontento contra sus superiores […]”.
Los policías sabían que cualquiera de ellos podría ser el siguiente. Consideraban que en caso de que sus compañeros desaparecidos hubieren “[…] ser merecedores a un castigo por faltas cometidas en el servicio, deberían ser juzgados por autoridades competentes y no en la forma en que fueron tratados […]”, es decir, desaparecidos y considerados “desertores”.
El segundo documento da cuenta de la aparición de los policías secuestrados. Finalmente fueron presentados a las autoridades luego de que sus familiares lograran el apoyo del estudiantado de las escuelas preparatorias 2 y 7 del estado y del entonces Comité de Huelga de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Gracias a la presión social, los policías aparecieron en calidad de “detenidos” e “investigados”, con evidentes muestras de tortura. No hubo consecuencia alguna para el militar.
Entonces Mario Arturo Acosta Chaparro ostentaba el grado de mayor. Se desempeñaba como jefe de Policía y Tránsito y comandante de la Policía Judicial en Acapulco y las regiones de Costa Grande y Costa Chica de Guerrero.
Las operaciones del militar también incluían actividades para desmovilizar y desincentivar la participación política de la población. Estaba al frente de campañas para desprestigiar a líderes sociales y generar terror.
Un informe de la DFS firmado por su titular, Luis de la Barreda Moreno, da cuenta de un operativo para criminalizar una protesta de maestros universitarios. Fechado el 4 de marzo de 1977, el documento explica que dicho operativo estuvo a cargo de elementos de la Dirección de Policía y Tránsito de Acapulco, a cargo del ya para entonces mayor Mario Arturo Acosta Chaparro.
Entre las acciones que se realizaron, policías repartieron falsa propaganda a nombre de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tales volantes llamaban a la lucha armada y violenta. E invitaba a quienes asistirían al mitin convocado por los profesores –en realidad, de manera pacífica– a iniciar en ese mismo lugar la insurrección.
La propaganda apócrifa iniciaba con: “LA HORA DE INICIAR LA GUERRILLA URBANA EN GUERRERO HA LLEGADO” (sic). Luego de supuestos argumentos para sostener que las condiciones para acabar con el régimen por la vía de las armas estaban dadas, el volante señalaba:
“¡TE INVITAMOS AL MITIN MÁS VIOLENTO QUE SE HAYA REALIZADO EN ACAPULCO! ¡DEBEMOS DESENMASCARAR A TODOS LOS PELELES DEL RÉGIMEN! (sic)”
Y al final, luego de un “análisis” de las condiciones objetivas y subjetivas para hacer la Revolución:
“¡HASTA LA VICTORA SIEMPRE! ¡PROLETARIOS UNIDOS LOGRAREMOS LA VICTORIA! ¡LOS COMUNISTAS TE CONVOCAMOS A LA REVOLUCIÓN ARMADA! ¡CON EL FUSIL EN LA MANO SALVARÁS A TUS HERMANOS!”
El propio informe señala que finalmente la actividad política sí se llevó a cabo. Se realizó de manera pacífica pero, a decir del documento, con escasa participación.
De la existencia de grupos armados irregulares bajo el mando de Acosta Chaparro, el expediente contiene evidencias. Estos grupos actuaban en cualquier estado de la República y no sólo donde el militar ostentaba algún cargo.
Un informe dirigido al director de la DFS, elaborado por el entonces agente de esa corporación Juan Cruz Mera, da cuenta de “grupos de personas” bajo el mando de Acosta Chaparro actuando en el estado de Hidalgo. El documento data del 28 de agosto de 1982, cuando el militar contaba con el grado de teniente coronel y se desempeñaba como director de Seguridad Pública de Veracruz.
Aquel día elementos de la DFS dectaron a un grupo de ocho personas vestidas de civil y armadas con fusiles de asalto de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
“El día de la fecha a las 10.00 horas se detectó a un grupo de 8 personas con armas largas, parando a todos los vehículos que se encontraban sin placas en la entrada a Huejutla de Reyes, Hgo. […]” (sic), inicia el escueto informe.
El documento señala que, una vez detectadas a las personas armadas, enseguida los elementos de la también temida DFS se les acercaron para “entrevistarlos”. Querían saber a qué corporacion pertencían y con qué identificaciones contaban.
Del jefe de grupo de hombres armados no obtuvieron nada. Ni se identificaron ni dieron más respuesta que su mando era el entonces teniente coronel Mario Arturo Acosta Caparro, quien en aquel tiempo era director de Seguridad Pública de Veracruz.
Al esuchar el nombre del militar, los elementos de la Federal de Seguridad los dejaron actuar. Los hombres armados se retiraron “a las 10.15 horas de dicho lugar, sin haber provocado incidentes de mayor alcance”, concluye el informe del Departamento de Información Foránea de la DFS.
Los muchachos de Acosta Chaparro protagonizarían otro “incidente” fuera de Veracruz. Un grupo de 30 personas con armas largas atacaron la sede de la Policía Municipal de Acatán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Por los hechos resultaron muertas dos personas y, al menos, cuatro heridas.
En el mismo documento se señala que el grupo atacante sólo es parte de una formación más numerosa que posee “armas largas modelos M16, M1, R15 y M18 de calibres 2.23, 35 y 5.56, así como pistolas automáticas 38 y 45 super y asimismo se hace notar que controlan toda esta región […] entre los límites de Oaxaca, Puebla y Veracruz” (sic).
Líneas más abajo, el documento consigna: “Estos individuos se encuentran protegidos por el Teniente Coronel Mario Artuto Acosta Chaparro” (sic).
Al final, el informe del agente de la DFS Roberto Ortega Susarey señala: “Se hace notar que existe intranquilidad e inconformidad entre los habitantes de esta población por los hechos antes registrados y hasta las 21 horas de hoy, no se han registrado más incidentes” [sic].
Un informe más de la DFS, éste del 6 de abril de 1983, señala la persistencia de grupos armados bajo el mando de Acosta Chaparro. Con uniformes o sin él, estos grupos realizaban actividades en Veracruz por encima de las leyes.
Luego de presentar una relación de las armas con las que cuentan, el documento señala las acciones en las que están involucrados: “Asaltos bancarios, a comercios y negociaciones [sic], así como agresiones físicas en contra de la población, sin motivo aparente”.
En tres fojas, de la 78 a la 80, se señala que entre quienes cometen estos delitos se encuentran personas originarias del estado de Guerrero llevadas por Acosta Chaparro a Veracruz. Y que las ciudades veracruzanas eran “patrulladas” por grupos de fuereños que encontraban protección en las corporaciones policiacas del estado.
También señala que los propios elementos de la Dirección General de Seguridad Pública eran los que cometían “toda clase de desmanes […] en perjuicio de la ciudadanía”.
Acosta Chaparro fue el militar más tristemente célebre durante la Guerra Sucia del Estado mexicano contra los movimientos armados que encabezaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero y contra cientos de comunidades en Guerrero que las autoridades sospechaban que simpatizaban con las respectivas guerrilas.
El médico y coordinador del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada, señala que el militar no sólo reprimió a los movimientos sociales desde los cargos que oficialmente ostentó. Incluso, cuando no tuvo cargo oficial alguno se mantuvo al frente de operativos de desaparición de personas y en los “vuelos de la muerte”, es decir, en aquellas torturas contra mujeres y hombres acusados de subversivos que concluían con su lanzamiento al mar desde aeronaves militares y civiles.
Con sede en Acapulco, Guerrero, el (Ccti) ha atendido la salud de manera integral de sobrevivientes de tortura, tanto de décadas anteriores como de los últimos años. Principalmente, casos de Guerrero, la Ciudad de México y el Estado de México. Para Díaz Taboada, una verdadera transformación del país pasa por resolver los casos de los miles de muertos y cientos de desapariciones de la época de la Guerra Sucia.
En este sentido, el doctor en estudios políticos y sociales Valeriano Ramírez Medina advierte que “no sólo es necesario no olvidar, sino llevar a juicio a quienes cometieron esos crímenes en nombre del Estado”.
Adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en movimientos sociales, Ramírez Medina señala que el “borrón y cuenta nueva” que ofrece la actual administración a los gobiernos anteriores es sencillamente impunidad.
Raymundo Díaz Taboada, por su parte, señala que en México no se han abolido las condiciones que permitieron masacres como las de la Guerra Sucia y el surgimiento de personajes como Acosta Chaparro.
“Me atrevo a decir tristemente que mientras no se sancionen esa violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas Mexicanas y las corporaciones policiacas, esos hechos pueden repetirse.”
El coordinador del Ccti explica que no basta con que ahora el presidente de la República no ordene ese tipo de acciones. Las Fuerzas Armadas Mexicanas son permanentes, trascienden los vaivenes temporales de poder civil.
“Mientras la impunidad siga, la probabilidad de que ocurran de nuevo hechos como los de los sexenios anteriores está latente.”
Una investigación del periodista Miguel Badillo, publicada en el diaro El Financiero en julio de 1995, documentó el involucramiento de Acosta Chaparro en la masacre de Aguas Blancas, Guerrero. Un contingente de campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fue detenido por policías estatales cuando se dirigía a una manifestación pacífica eñ 28 de junio de ese año. Sin más, los uniformados dispararon indiscriminadamente y asesinaron a 17 campesinos.
Mario Arturto Acosta Chaparro Escápite fue ultimado el 20 de abril de 2012. La autoridades presentaron a un supuesto asesino material del general. Las investigaciones no avanzaron y quedaron en las sombras tanto los autores intelectuales como los motivos del crimen.
Las últimas fojas del legajo, en específico de la 88 a la 91, informan de la disputa política por la entonces Secretaría General de Protección y Vialidad del Distrito Federal. Corría 1984 y varios militares y policías querían el control de la poderosa instancia que contaba con cinco direcciones generales, 10 corporaciones policiacas, un “grupo especial” de inteligencia y una unidad de aeronaves.
Entre los militares y civiles con “la ambición” (así lo consigna el documento) de ocupar el puesto se encontraba Acosta Chaparro, ya entonces coronel y comandante del 65 Batallón de Infantería. De la lista de ocho personajes en la disputa, según los documentos, destaca el caso del militar.
Los analistas de la DFS ofrecen una pequeña anotación luego de cada nombre. Generalmente señalan el puesto que ocupaban en ese momento o, en el caso de los elementos castrenses, consignan: “militar de carrera”. Menos para Mario Arturo Acosta Chaparro. El documento destinado a mantenerse en secreto lo define en cuatro palabas, las últimas dos escritas con la inicial en mayúscula: “militar de Mano Dura” (sic).
Zósimo Camacho
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