Jaime GUERRERO
Oaxaca.-Por décadas Oaxaca ha registrado los niveles más bajos del país en educación, desarrollo económico, salud, combate a la pobreza. Año tras año se autorizan y ejercen presupuestos “Históricos” sin que los indicadores que miden el bienestar registren mejora sustancial y mucho menos sostenible para los habitantes de la entidad, señaló el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Raúl Ruiz Robles.
Indicó que hoy en Oaxaca la adversidad económica se acentúa, debido a los desproporcionados incrementos a la gasolina, electricidad y gas sumados a la desaceleración económica y al complejo entorno mundial así como al dañado tejido social.
Frente a ese escenario, el dirigente de ese sindicato patronal, dijo que es necesario implementar medidas emergentes que reduzcan los impactos negativos del escenario económico y social.
Acompañado de Mario Cruz Escamirosa, refirió que durante el segundo semestre de 2014 los precios de la mezcla mexicana de petróleo cayeron en 50 por ciento y pese a mostrar una recuperación durante el 2016 los precios se mantiene alrededor de los 40.00 dólares por barril, la mitad del precio promedio del 2014.
Esa situación ha dañado severamente las finanzas públicas de México por ser este uno de los principales ingresos recurrentes.
El dirigente de la Coparmex, destacó que durante la actual administración federal se ha acumulado una depreciación del tipo de cambio de más del 60 por ciento al pasar de 12.50 pesos por dólar a 20.00.
Las reservas internacionales se han reducido en más del 13 por ciento en los últimos dos años y continúa con clara tendencia a la baja.
Mientras que la deuda pública interna ha crecido en más del 60 por ciento en los últimos 6 años y representa hoy más del 50 por ciento del PIB. Solo en el último año la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días ha pasado de 3.55 por ciento de los primeros días de 2016 a 6.11 por ciento en la última semana, significando un incremento del 72 por ciento en el valor del dinero.
A lo anterior habrá que sumar los ya conocidos incrementos a la gasolina, electricidad y gas.
Advirtió que los fuertes pasivos contraídos por los estados financian en el corto plazo el gasto público pero a su vez crean una fuerte carga para los flujos futuros de las finanzas estatales, esto aunado al creciente gasto corriente así como a la deficiente capacidad recaudatoria son la causa de los crecientes deficits públicos.
Ruiz Robles, demandó entonces medidas emergentes en la Política Fiscal y Gasto Público; la reducción del gasto corriente, por inicio con respecto al autorizado para el 2017.
Los ingresos públicos extraordinarios deberán destinarse a la reducción de la deuda estatal no al gasto; del gasto público autorizado deberá darse prioridad al destinado a infraestructura, implementar los mecanismos necesarios para reducir el impacto de los incrementos en los costos de que enfrenta la industria del transporte sobre el precio del transporte público.
En Inversión y empleo, simplificar los trámites para la apertura de nuevas empresas así como para la continuación de operaciones de las ya establecidas; evitar incrementos de cargas fiscales a la nómina; crear dentro del fondo Oaxaca, un programa para la sustitución de pasivos; ampliar el plazo para créditos de más de 5 MDP a 10 años; reactivar el programa de cadenas productivas.
Indicó que es necesario, privilegiar la contratación de empresas Oaxaqueñas priorizando dentro de los procesos de adjudicación el sistema de puntos y porcentajes sobre sistema binario; posibilitar siempre los anticipos a proveedores financiando con recurso estatal, a través del descuento en cadenas productivas o fondo Oaxaca; acelerar el pago de pasivos del año 2016 y anteriores.
Así mismo, pidió al gobierno establecer un mecanismos para que las empresas Oaxaqueñas que suministran productos o servicios a empresas foráneas que antes de liquidar lo contratado salden sus adeudos con las empresas locales.
El dirigente de la Coparmex, exigió que en materia de Justicia y Seguridad, las autoridades de impartición de justicia -en el ámbito de su competencia- castiguen a los responsables de las muertes y agravios contra la población civil de Nochixtlán.
También, reactivar el observatorio estatal del delito con la finalidad de establecer una mesa de evaluación sobre la efectividad de las políticas de combate a la inseguridad.