VICENTE BELLO/ TREN PARLAMENTARIO
Mexico.- Hoy comenzará el periodo ordinario de sesiones de febrero-abril. Una iniciativa espera con expectación el inicio del trabajo legislativo: la Ley de Seguridad Interior, que apoyan conjuntamente el Pan y el Pri, y las rémoras de éste: Pes, Panal y Pvem.
Son dos iniciativas de creación de una nueva ley de seguridad interior; una que presentó el coordinador parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, y otra que presentó en el Senado el senador panista Roberto Gil Zuarth.
En el fondo son exactamente la misma gata. Ambas plantean empoderar todavía más a las fuerzas armadas del país, otorgándoles a soldados y marinos facultades mayúsculas que, sin lugar a dudas, toparán con la violación de los derechos humanos de los civiles.
El grave peligro que se cierne sobre el país, con dichas iniciativas de ley, consiste en que el PRI y el PAN pretenden otorgar tanto poder a soldados y marinos que éstos podrán incluso reprimir protestas civiles, pacíficas, contra alguna autoridad.
No es gratuito el hecho de que estas iniciativas ya fueron consideradas por la oposición (PRD, Movimiento Ciudadano y Morena) y por académicos como la ley que hará desembocar al país en su militarización.
Senadores como Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores han denunciado reiteradamente que esta ley, si se aprueba, va a significar el comienzo de una dictadura militar en México, con la que, de facto, el mandante número uno del país sería el secretario de la defensa nacional.
Muy criticado en estas dos iniciativas ha sido el punto en que se mandataría –cuando se aprobase la ley- que los soldados y marinos puedan realizar “las acciones que consideren necesarias” cuando se trate de la seguridad pública en cualesquier rincón del país.
Hay incluso una pretendida facultad al Presidente de la República, al que se mandataría ordenar la movilización de soldados o marinos a un sitio determinado del país “para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia (sic) no agresiva, (resic), agresiva o (ultra resic) o agresiva grave”.
Desde que Camacho Quiroz presentó su propuesta, así como Roberto Gil, se pudo inferir que estos dos cuates lo que en realidad han propuesto es el abatimiento de la movilización social. La represión de la protesta. El acaballamiento de los soldados sobre la manifestación o movilización pacífica de la gente.
Al parecer, estos dos sujetos, que cobran uno como diputado y otro como senador, echan competencias para ver quién es más ruin. Gil, verbigracia, ha planteado en el cuerpo de su iniciativa que se permita a soldados y marinos disparar aun en casos de protesta social, cuando el caso lo requiriera.
Y Camacho Quiroz ha propuesto que en toda acción del ejército, marcada bajo esta excepcionalidad, sea considerado un hecho de seguridad nacional, para que la información quede reservada; es decir, que todo sea en lo “oscurito”, en secreto.
El diablo muestra la cola en prácticamente todo el articulado. Las dos iniciativas están emplazadas desde diciembre para su revisión con fines de dictamen, tan pronto comience el periodo ordinario de sesiones, que hoy principia. Veremos.
ESTRIBO
Ayer, víspera del comienzo del periodo ordinario, y cercano el país de la fecha estipulada por el gobierno de Enrique Peña Nieto del segundo gran aumento de gasolinas (4 de febrero), sucedió la primera gran movilización en la ciudad de México en contra del aumento del precio de las gasolinas y el diesel.
Quienes se manifestaron por las calles de la ciudad fueron trabajadores de sindicatos de la UNAM, UAM, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), los electricistas y de sindicatos ajenos al oficialismo. También participaron profesores de la CNTE.
Esta movilización –cuyos organizadores presumían que marchaban más de 100 mil personas- no podrá repetirse cuando el PRI, el PAN y los apéndices de éstos Pvem, Pes y Panal terminen aprobando la Ley de Seguridad Interior, con la que el gobierno, presumiblemente, pretende el abatimiento de la movilización social, teniendo como instrumento represor al ejército y a la marina. Nada menos.
De acuerdo con organizadores, a la que asistieron cientos de frentes cívicos además de los sindicatos disidentes del país, la movilización se justificó con el siguiente pliego petitorio: Exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que detenga los incrementos de los energéticosd; defienda la soberanía nacional; modifique la política económica; suspenda reformas como la energética; haga justicia a los padres de familioa de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“Es el comienzo de una renovada movilización social por un nuevo país”, se leía en uno de los comunicados que circulaban a través del cuerpo kilométrico de la marcha, del Monumento a la Revolución al Zócalo de Palacio Nacional.
Este mismo martes 31, en San Lázaro, el PRD en voz de Jesús Zambrano salió a rechazar la Ley de Seguridad Interior, respecto de la cual, dijo: “Por supuesto que estamos en contra. No se puede militarizar el país. Antes, tendría que aprobarse el mando coordinado mixto que genere condiciones en todos los estados y municipios de proximidad, que garantice la armonía y seguridad del Estado mexicano”.
A contrapelo de lo que han planteado en sus iniciativas el panista Roberto Gil Zuarth y el priísta César Camacho Quiroz, el perredista Jesús Zambrano agregó: “Lo que queremos es sacar a los soldados y a los marinos de las calles”.
Y apostillaba Zambrano: “Un mando mixto policiaco que sirva para tener policías más profesionalizadas, más capacitadas y debidamente acreditadas. Esto permitirá el regreso paulatino de los militares a sus cuarteles”.