A partir de 1986 se expidieron leyes y protocolos para que las nuevas edificaciones cumplieran con los mínimos requisitos para que la devastación causada por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 no se repitiera.
Pero el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México aseguró que en la construcción “el tiempo es dinero” y resulta “más conveniente” realizar actos de corrupción para agilizar los trámites burocráticos. Aunque muchas veces esto provoca mayores precios de venta, incertidumbre en la calidad de los materiales y no hay certeza de que el inmueble cumpla con las reglas existentes.
Esta advertencia se cumplió tras el sismo de 7.1 grados del martes: al menos 47 edificios se desplomaron en la capital del país, entre ellos el Colegio “Enrique Rébsamen”, ubicado en la Delegación Tlalpan. De acuerdo con testimonios de vecinos, una parte del inmueble tiene más de 40 años y la que se cayó, no más de tres.
Por Dulce Olvera y Efrén Flores
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– Al menos 47 edificios se derrumbaron en la Ciudad de México tras el sismo de 7.1 grados, de los cuales 14 se ubican en la céntrica delegación Benito Juárez y 13 en la delegación Cuauhtémoc. Al sur, seis cayeron en Tlalpan, cinco en Xochimilco y tres en Coyoacán, de acuerdo con el registro de Google Maps.
Entre algunas construcciones que se desplomaron destacan obras con una antigüedad no mayor a 30 años. A partir de 1986, se expidieron leyes y protocolos para que las nuevas edificaciones cumplieran con los mínimos requisitos para que la devastación causada por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 no se repitiera.
Sin embargo, tras el sismo de este martes, decenas de edificios se desplomaron con el paso de la devastadora onda tectónica. Uno de los casos más álgidos es el del Colegio “Enrique Rébsamen”, ubicado en el número 11 de la calle Rancho Tamboreo en la Delegación Tlalpan.
De acuerdo con el testimonio de Mariana, una de las vecinas de la escuela, el edificio viejo “estaba bien construido porque tenía unos castillotes enormes”. La estructura que sobrevivió al terremoto “tiene 40 años de haber sido construida”, explicó.
En cambio, el anexo “tendrá como tres años a lo mucho”, dijo don Armando, quien vela por el edificio donde vive Mariana, ubicado en el número 22 de la calle Rancho Tamboreo, un edificio naranja que encara al colegio devastado.
“No estaba bien construido”, añadió el vecino de Tlalpan.
Es más. Algo huele mal.
“La directora vivía hasta arriba [del anexo]. Entonces empezó a hacerse su casa arriba de la nueva estructura”, esa que se cayó y que cobró la vida de 21 niños y cuatro adultos, comentó Mariana.
Esta aseveración fue confirmada por una de las madres, que desde hace dos años ha llevado a sus dos hijos a la secundaria del Colegio Enrique Rébsamen. “A mí no me consta pero se comentaba que sí, la parte de arriba creo que tenía un uso habitacional”, dijo de manera anónima.
Si en algo coinciden los vecinos, es que lo viejo perdura por bien construido y que lo nuevo se deshace por negligencia; por no acatar a las regulaciones.
Precisamente escuelas y tiendas de autoservicio, como el Soriana en Avenida Tlalpan que también colapsó, son los inmuebles que requieren una licencia especial que incluye el Visto Bueno de Seguridad y Operación con la responsiva de un Director Responsable de Obra, de acuerdo con el Reglamento de Construcción local.
OTRA VEZ LA CORRUPCIÓN
Arquitectos consultados aseguraron que –aunque México “aprendió” de aquel siniestro de hace 32 años y los daños pudieron ser mayores– la corrupción en el tedioso proceso de obtener los permisos para construir, la calidad de los materiales seleccionados para ahorrarse costos o los daños no resueltos en sismos previos pudieron haber sido algunas de las causas de los desplomes registrados y que provocaron la muerte de decenas de ciudadanos.
“Los motivos pueden ser muchísimos y cada caso tendrá sus circunstancias especiales. Las fallas pueden venir por ejemplo de errores de cálculo desde el proyecto, materiales de baja calidad, ejecución de obra deficiente, sobrecarga de equipos, mobiliario o de población, que el inmueble se hubiera utilizado con un fin diferente (por ejemplo, un edificio calculado para habitación no debería ser calculado como de oficinas), y afectaciones posteriores y no resueltas en terremotos previos”, aseguró el arquitecto Axel Miramontes.
“Un inmueble –sobre todo mayor a una simple casa habitación– requiere de mucho personal y varios especialistas a cargo. La responsabilidad es de quien diseña, de quien calcula, de quién aprueba los permisos de construcción, de quien ejecuta la obra, de quien le da seguimiento en desastres, y de quien le da mantenimiento. Desgraciadamente los errores u omisiones en los bienes inmuebles desencadenan casi siempre en desgracias con efecto dominó”, agregó.
Dentro de lo que debemos aprender, consideró Miramontes, es que las escuelas y hospitales deben ser garantía de una correcta estructura. Si es que se adapta un edificio antiguo a esa actividad, se debe regular y vigilar que cumpla con las necesidades estructurales para México sin escudarse en que “era viejo”.
La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de Construcción, así como las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismos exponen los requisitos que los propietarios deben cumplir ante sus delegaciones respectivas para levantar una obra y “obtener una seguridad adecuada tal que, bajo el sismo máximo probable, no habrá fallas estructurales mayores ni pérdidas de vidas”.
No obstante, la lentitud para la obtención de una licencia de construcción promueve utilizar la corrupción “como un atajo”, determinó la plataforma Construcción sin Corrupción del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.
Los requisitos variados como trabas legales, problemas para obtener permisos, cumplimiento de reglamentos, hacen de la industria de la construcción la más propensa a caer en un acto de corrupción, de acuerdo con la consultoría Deloitte.
El Colegio de Arquitectos advirtió que “en la construcción el tiempo es dinero y resulta más conveniente realizar actos de corrupción para agilizar trámites burocráticos. Aunque muchas veces lo que sucede es mayores precios de venta, incertidumbre en la calidad de materiales y no hay certeza de que el inmueble cumpla con las reglas existentes”.
El arquitecto Claudio Sarmiento coincidió en que en el sector de la construcción “la corrupción que puede haber se da en la velocidad del trámite de permisos y en los acabados”. Aunque destacó que la calidad de la construcción influyó en los derrumbes, la cual depende de los materiales utilizados y la supervisión de obra.
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Las edificaciones en la Ciudad de México se clasifican de acuerdo a su uso y destino en tipo A (no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 metros cuadrados, dos niveles, altura máxima de 5.5 metros); tipo B (usos no habitacionales o mixtos de 5 mil metros cuadrados y hasta 10 mil metro cuadrados con uso habitacional), y tipo C (requieren de dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental).
El Reglamento de Construcción determina que la Delegación otorgará la autorización de uso y ocupación cuando la construcción se haya apegado a lo manifestado o autorizado. Pero si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la documentación no se ajusta a la licencia, se ordenará al propietario efectuar las modificaciones necesarias.
Después de entregada la autorización, el propietario se vuelve en el responsable de la operación y mantenimiento de la construcción, a fin de satisfacer las condiciones de seguridad e higiene.
Ante la presencia de corrupción en la construcción de obras, que afecta a la ciudadanía, el Colegio de Arquitectos propone transparencia y actualización en los planes de desarrollo urbano, las licencias de construcción, así como simplificación en los reglamentos.
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