•Mixtla, Yanga y Zongolica, municipios omisos a protección de ciudadanos
•Fiscal General, Jorge Wínckler, y Jaime Téllez, secretario de Seguridad, permiten desaparición forzada
•Secretaría de Salud, la más “cumplida”
Por Arantxa Arcos
María Angélica Méndez Margarito dejó la alcaldía de Mixtla para convertirse en la titular de la Comisión Estatal de Asuntos Indígenas. Con ella se llevó omisiones por violentar los derechos humanos de sus representados, aún evadidas.
Ella desistió de administrar el municipio con más pobreza y carencia alimentaria, de acuerdo con los últimos reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pero Méndez Margarito aprovechó los últimos meses como alcaldesa para abrir una brecha en predios privados.
La construcción de una carretera en la localidad de Zacaloma, en Mixtla de Altamirano, fue pregonada. Plantíos de café, plátano y árboles diversos fueron derribados sin el consentimiento y permiso de al menos diez familias. Aquellos que se resistieran a esta obra, eran reprimidos por la policía.
La violación del derecho a la propiedad privada quedó comprobada en la investigación del expediente CEDH/2VG/ZON-0159/2016, dando efecto a la recomendación número siete del año en curso.
Esta llamada de atención no se cumplió, sigue mostrando cero avances contra un procedimiento administrativo o disciplinario en contra de los servidores públicos del municipio de Mixtla. La ahora funcionaria estatal, no es mencionada en la obligación o posible sanción por invadir propiedad privada. Por dañas cosechas de veracruzanos.
El hecho quedó archivado. Desde el 30 de noviembre del 2016 María Angélica Méndez Margarito está protegida por el Gobierno del Estado; ese mismo día fue presentada como la primera titular del naciente Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas.
Las violaciones de derechos humanos a cargo de presidentes municipales en Veracruz también se exhiben con el munícipe de Yanga, de militancia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gerson Morales Villanos.
Su caso quedó asentado por afectaciones al medio ambiente. Las viviendas de dos familias se inundaron, a pesar de notificar al municipio la existencia de un arroyo cercano a estas chozas. Las fuertes lluvias destruyeron todo a su paso.
Al respecto, Morales Villanos desentendió la situación que denunciaron los habitantes de su localidad, quedando comprobado omisiones del alcalde en el expediente CEDH/1VG/CORD-0575-2015, emitiendo la recomendación 15 del 2017.
El presidente municipal priista también fue objeto de críticas y denuncias públicas. A principios del 2015, compró dos vehículos de lujo para ocuparlos en Yanga como patrullas. La adquisición se argumentó como recomendación de la Secretaría de Marina Armada de México.
A casi dos horas de Yanga, pasando el municipio de Orizaba, se llega a Zongolica. Allí, el 8 de enero del 2017, un joven identificado como A.C.T. acudió a cobrarle dinero a E.A. La solicitud no agradó a E.A. que respondió con un golpe en el estómago de su cobrador.
Sin el dinero en la mano, A.C.T. se retiró del lugar. Ya en su casa, sin exceder la hora del cobro a E.A., arribaron policías municipales para detenerlo, como el cobrador se encontraba en el baño, se llevaron a su hermano “J”.
A.C.T. exigió la liberación de su hermano, los elementos policiacos le respondieron con balas, cuatro de ellas de incrustaron en su cuerpo. El municipio de Zongolica es administrado por el priista, Ricardo Macuixtle García.
El alcalde incumplió la recomendación 29 del 2017, por el uso indebido de la fuerza pública por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Zongolica. Es señalado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como la autoridad responsable de violentar el derecho a la integridad personal.
Al igual que la ex alcaldesa de Mixtla, María Angélica Méndez Margarito; el munícipe de Yanga, Gerson Morales Villanos y Ricardo Macuixtle García en Zongolica, el presidente municipal de Córdoba, Tomás Ríos Bernal, no acató las observaciones por violentar derechos humanos.
El expediente sigue en proceso de difusión pública, junto a las observaciones para la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por violentar el derecho a no sufrir desaparición forzada, e incurrir en los derechos a la víctima o persona ofendida.
Estas dos dependencias estatales se anexan a las de mayor omisiones y protección para los veracruzanos.
La FGE que encabeza, Jorge Wínckler Ortiz, tiene en su contra, nueve recomendaciones. Todas son por no respetar los derechos de la víctima o persona ofendida, y su derecho a la integridad personal.
Algunas muestran avances del 69 por ciento, como la recomendación número dos, donde se indica las anomalías por la desaparición de una joven. Otros se anexan con otras instancias, tal es el caso de la recomendación número 16, con un 29 por ciento de avance.
Citada observación se dio por tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, así como la omisión de investigarlos por parte de la autoridad judicial. El Tribunal Superior de Justicia del Estado desacató sus obligaciones.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mantiene diez recomendaciones por violación a los derechos humanos. Los casos incluyen la omisión de su responsabilidad como también, la posible participación en la desaparición forzada de persona.
El caso de los ocho policías municipales de Úrsulo Galván, detallado en la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) número tres del año en curso, muestra un avance del 50 por ciento.
De nueva cuenta, los presidentes municipales coadyuvaron con sus elementos policiacos. Ejemplo de ello se detalla en la recomendación número 24, para el presidente municipal de Coatepec, Ricardo Palacios Torres y para el munícipe de Zongolica.