Los directores de Heckler and Koch (H&K), la mayor productora de armas de infantería del mundo, fueron imputados por autoridades de Alemania en 2015 por vender a México, ilegalmente, fusiles que terminaron en Guerrero. Algunos fueron utilizados durante la masacre y desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, según una investigación del periodista Humberto Padgett.
En aquel reportaje, el periodista exhibió que estas armas exportadas ilegalmente se han realizado decenas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y detenciones ilegales durante las últimas cuatro décadas.
Ocho años después del inicio de la investigación, la Audiencia Provincial de Stuttgart, en Alemania, abrió un proceso por presunta exportación ilegal de armas a México contra seis ex empleados del fabricante germano Heckler&Koch. Los acusados habrían vendido entre 2006 y 2009 cerca de 4 mil 500 fusiles, así como ametralladores y munición por valor de 4.1 millones de euros, en zonas mexicanas con problemas de violencia.
Redacción / Sin Embargo
Ciudad de México (SinEmbrago).– La Audiencia Provincial de Stuttgart (sur de Alemania) abrió hoy un proceso por presunta exportación ilegal de armas a México contra seis exempleados del fabricante germano Heckler&Koch.
La fiscalía de Stuttgart considera que los acusados violaron en varias ocasiones la ley de control de exportación de armas.
En la apertura del juicio, el fiscal Karlheinz Erkert dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 cerca de 4 mil 500 fusiles, así como ametralladores y munición por valor de 4.1 millones de euros, en zonas mexicanas con problemas de violencia.
Los acusados rechazan los cargos y aseguran que la venta de las armas a esas áreas problemáticas fue realizada por las autoridades mexicanas.
En el centro de este proceso, que continuará el próximo jueves y dentro del cual están programadas veinticinco vistas hasta octubre, está una reglamentación que exige a los compradores de armas alemanas una declaración sobre el destino de las mismas.
Normalmente, el receptor acepta no vender las armas a países terceros, pero en el caso mexicano el compromiso, según la fiscalía, había sido no destinarlas a determinadas zonas problemáticas.
El proceso deberá aclarar si los acusados tenían información sobre esa reglamentación, así como el papel desempeñado por la empresa.
El fabricante alemán es investigado desde 2010 por la fiscalía de Stuttgart por presunto envío ilegal de armas a estados mexicanos con conflictos violentos, entre ellos Guerrero. Estas mismas armas fueron usadas en el ataque a los normalistas en 2011, en una protesta en la que fueron asesinados dos estudiantes. Y en esa ocasión, no estaban en manos de agentes locales, sino estatales.
Alemania legalmente le vende armas a México, sin embargo hay una muy clara y expresa prohibición de que los rifles de asalto sean usados en Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco (aunque la presencia del armamento se ha documentado en los tres primeros estados).
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha dado detalles sobre el origen de las armas.
En diciembre de 2015, el diario alemán Tageszeitung publicó que autoridades mexicanas confiscaron 228 armas en el marco de las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y que 36 eran fusiles G36 de la marca Heckler & Koch, aunque dijo que no se sabía si habían sido usados.
El diario tuvo acceso al expediente del caso Iguala iniciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Allí se especifica que había además fusiles de asalto italianos Beretta tipo SCP (sic) 70/90 y fusiles AR-15 producidos por la empresa estadounidense Colt. Se desconoce cómo llegaron esas armas a una fuerza policiaca mexicana, cuando su exportación a países con conflictos bélicos o donde se violen los derechos humanos está estrictamente prohibida en Alemania.
Ya antes, en enero de 2015, el periódico berlinés Taz reveló que varias armas que usaron los policías de Iguala eran alemanas y fueron llevadas a Guerrero de manera ilegal por medio de pedimentos de importación falsificados por un fabricante de armamento y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“El Departamento de Policía de la ciudad mexicana de Iguala tenían más armas alemanas de lo que se pensaba anteriormente. Además, la evidencia sugiere que las armas de Heckler & Koch (H&K) estaban en uso durante la masacre de estudiantes en septiembre del año pasado, en el estado de Guerrero. Así se desprende de los documentos presentados a Taz”, se leí en la nota del rotativo.
Pero la relación entre la empresa alemana Heckler & Koch y la Sedena no es tan reciente, SinEmbargo ha dado puntual seguimiento a este caso. Desde los años setenta del siglo pasado, la empresa mantiene contactos con altos mandos del Ejército en México y abasteció de forma regular los almacenes de la Armada Mexicana, entre otras formas, gracias la venta de la licencia de producción del fusil G3 al gobierno de José López Portillo en 1979.
Entrado el nuevo siglo, la empresa lanzó una ofensiva comercial que tuvo como objetivo reactivar los contactos estancados durante los años noventa. Las circunstancias eran perfectas para conseguirlo: de un lado del Atlántico el gobierno de Felipe Calderón iniciaba su “guerra contra el narcotráfico” y del otro lado, Heckler & Koch era revivida con inyecciones de capital alemán que ponían su esperanza en los conflictos internos del tercer mundo. No resulta raro que sea Alemania el tercer mayor exportador de armas en el mundo y Heckler & Koch la empresa exportadora de armamento ligero más importante de Europa.
El reinicio de la campaña de Heckler & Koch hacia México comenzó en marzo de 2006 con el envío de al menos seis ejecutivos de venta y representantes de la empresa. En México fueron recibidos por el entonces director de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones (DCAM), General de División Humberto Alfonso Guillermo Aguilar. En aquella visita, los representantes de la empresa mostraron sus productos para el mercado mexicano. Por un lado el nuevísimo fusil: G36 (5.56 mm x 45) y, por otro, la ametralladora automática (“la más letal del mundo”) MP7. Los mexicanos las adoraron.
A las reuniones con los representantes de la empresa habían asistido, entre otros, representantes de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales y 27 de las 32 entidades federativas, quienes, resolvieron solicitar la compra de los fusiles G36. Sus 850 tiros por minuto era demasiada tentación como para decir que no. En México, el proceso funciona de la siguiente forma: a cuenta de sus propios recursos, los estados hacen el pedido de armas a la DCAM que, de aceptar el pedido, se encarga de negociar directamente con la empresa y los distribuidores los términos del contrato. Así sucedió.
Hecho el pedido por la DCAM, Heckler & Koch solicitó el permiso al Gobierno federal alemán para concretar la venta.
A finales de 2015, SinEmbargo viajó a la pequeña e idílica ciudad de Oberndorf am Neckar, donde se sitúa la fábrica de Heckler and Koch y solicitó una visita a la fábrica de armas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las áreas de gobierno involucradas en la concesión de permisos a la industria armamentística alemana, una de las cinco más grandes del mundo.
“Los directivos de Heckler and Koch han dicho que estarán de vacaciones”, respondió el Ministerio a través de su Embajada en México.
En vez de esto, la autoridad alemana propuso un recorrido por una fábrica de dulces.Aún en Berlín y en el mismo interior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, los diplomáticos alemanes no aceptaron ofrecer posicionamientos oficiales sobre cómo es que un país con un rostro defensor de los derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial, vende armas que han dado muerte a ciudadanos.
– Con información de Humberto Padgett y EFE
http://www.sinembargo.mx/15-05-2018/3418542