Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña Nieto, y Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, están igualmente involucrados en los desfalcos a Pemex de 2012-2016. La aprehensión de Lozoya Austin en España, el miércoles pasado, da pie para que las autoridades sigan el hilo de corrupción y defraudación fiscal en casos como los de Odebrecht y Altos Hornos de México. Sin embargo, se duda de la capacidad del Gobierno federal para lindar responsabilidades e impartir justicia.
Efrén Flores
Ciudad de México (SinEmbargo).- La detención de Emilio Lozoya Austin es un reto para el actual Gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR), “porque demostrarán si optarán por la denuncia pública o por ir hasta el fondo y fincar responsabilidades, incluso al ex Presidente Enrique Peña Nieto”, dijo en entrevista con SinEmbargo el politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Enrique Toussaint.
El caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) es particularmente complejo por tratarse de un suceso que no empieza y termina con un funcionario público, sino que depende de toda una estructura de mando encabezada por el Ejecutivo Federal, y donde es relevante la actuación de Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Está toda la red. Cuando la Fiscalía o la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] o cualquier organismo quiere encontrar verdaderamente a los culpables de la corrupción, tiene que meterse a toda la trama, hasta adentro y explicarnos cuál es la arquitectura que permite ese tipo de casos”, explicó Toussaint a este diario digital.
Para el analista político, los casos de corrupción relacionados con Lozoya van más allá de los presuntos sobornos y aportaciones a campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012. Se trata de un caso que también destapa la relación de intereses políticos y económicos, o entre funcionarios y empresarios. Ejemplo de ello son las dos reuniones “antes de asumir la Presidencia” de la República entre Enrique Peña Nieto y Marcelo Oderbrecht, hijo del fundador de la empresa que lleva su apellido.
Lozoya no podía hacer acuerdos con empresas como Odebrecht, Altos Hornos de México (AHMSA) y el Astillero Barreras sin el permiso del Presidente o la noción del Secretario de Hacienda, ya que “Lozoya dependía de Videgaray y él de Peña Nieto. Ahí está el camino”, agregó Toussaint.
Sin embargo, la relación entre Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto va más allá de la estructura de gobierno del Estado Mexicano.
Videgaray y Lozoya se conocieron en 1998 a través de Protego Asesores, que es un fondo de inversión del ex Secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, quien fuera mentor de ambos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de acuerdo con la morenista Luisa María Alcalde Luján (sesión ordinaria 11/09/2013 LXII Legislatura).
Entre 2005 y 2009, Videgaray contactó a Lozoya con el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Por esas fechas Lozoya, en calidad de director en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial, representó una oportunidad para impulsar el nivel de financiamiento del Estado de México, en un contexto en que Peña Nieto buscaba utilizar la plataforma del Foro para impulsar internacionalmente a la entidad que gobernaba.
A partir de entonces, Lozoya, Videgaray y Peña comenzaron una relación amistosa y profesional que se extendería por años. Inclusive a mediados del año pasado, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, reconoció que había una relación de amistad entre Peña y Lozoya. En entrevista con Contralínea, Coello refirió que “había lealtades” entre ambos.
La relación laboral entre Peña y Lozoya no se detuvo allí.
El 4 septiembre de 2012, el Presidente electo Enrique Peña Nieto presentó a los integrantes de su equipo de transición y Lozoya, como vicecoordinador de Asuntos Internacionales, formó parte de la élite que contribuiría “al desarrollo de políticas públicas, de estrategias y de acciones que le permitan al próximo Gobierno de la República cumplir, a cabalidad, con los compromisos y con la expectativa que hay de la sociedad mexicana”.
Casi tres meses después de aquel nombramiento, el 30 de noviembre de 2012, Lozoya fue nombrado por Peña como el nuevo director general de Pemex.
CAMINOS DE CORRUPCIÓN
En la actualidad existen cuatro denuncias en contra de Emilio Lozoya Austin, de acuerdo con la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Lozoya es investigado por “algún tema de defraudación fiscal” y en específico, por los casos de la constructora brasileña Odbrecht, la compra de la la planta Agronitrogenados a AHMSA y la adquisición de un astillero en España.
En todos estos casos, Videgaray y Lozoya tienen responsabilidades atribuibles, el primero en calidad de integrante del Consejo de Administración de Pemex como Secretario de Hacienda, y el segundo en calidad de titular de la Empresa Productiva del Estado.
La Ley de Petróleos Mexicanos es clara al respecto.
El Artículo 13 plantea que el Consejo es “responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. Y Su artículo 31 refiere que las 10 personas que lo componen son responsables, junto con el director general de la empresa, de “los daños y perjuicios que llegaren a causar”, por “los actos, hechos u omisiones en que incurran”.
Pese a que la Ley establece que sólo las personas que hayan adoptado una decisión perjudicial para Pemex son responsables de los hechos, también señala (Artículo 35) que “los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren al Comité de Auditoría”. Esto también aplica para los actuales integrantes del Consejo.
Más allá de las responsabilidades imputables por ley y estructura de gobierno, el caso de Lozoya es un duelo entre la verdadera impartición de justicia en México y la simulación de resultados.
“Me temo que la política se impondrá por encima de la justicia. El Presidente Andrés Manuel López Obrador […] puede agarrar a uno del equipo para calmar la sed de justicia del pueblo mexicano, pero no llegar a las altas esferas”. O por el contrario, explicó Toussaint, el Presidente y el Fiscal General de la República pueden perseguir a Videgaray y Peña con los elementos jurídicos y las pruebas penales que tienen hasta la fecha.
Sin embargo, cuestionó, “¿hasta dónde va a querer llegar el Fiscal? Es decir, ¿se quedará como en el caso de Rosario Robles Berlanga, con lo que supone su responsabilidad, pero que no va más allá con la responsabilidad de José Antonio Meade Kuribreña o de Hacienda?”
Toussaint refirió que también saltan dudas sobre la detención de Lozoya en España, ya que es un país que tiene una buena relación con México en términos judiciales, por lo que se podría inferir que la detención derivó de una estrategia legal por parte del ex directivo de Pemex.
CONTRATOS E IRREGULARIDADES
Emilio Lozoya Austin es investigado, entre otras cosas, por las irregularidades en las contrataciones públicas entre Pemex, Odebrecht, Altos Hornos de México y el Astillero Barreras de España.
Entre 2013 y 2015, Pemex adjudicó dos contratos (folios PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15) a la Constructora Norberto Odebrecht, aún cuando los costos de la empresa no estaban “dentro del precio promedio del mercado”, y a pesar de que la empresa “no cumplía con la experiencia y capacidad técnica para realizar los trabajos” solicitados, refiere la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública de 2016 (informe 16-6-90T9M-04-0479 479-DE).
Fue precisamente en 2012-2013 cuando Lozoya habría recibido millonarios sobornos y aportaciones a favor del PRI por parte de Odebrecht, para facilitar la adjudicación de contratos.
De acuerdo con una investigación dada a conocer por el diario brasileño O Globo, desde que fungió como vicecoordinador de Asuntos Internacionales del equipo de transición de Peña Nieto, Lozoya comenzó a recibir 10 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.
Por esas fechas Odebrecht firmó dos contratos por un monto conjunto de 4 mil 127 millones 310 mil 900 pesos, para obras de infraestructura relacionadas con el “Aprovechamiento de Residuales” de la Refinería Miguel Hidalgo. Sin embargo, estos dos contratos implicaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por un monto mínimo de 953 millones 278 mil 744 pesos, refieren datos de la ASF.
Para la celebración de los contratos, el Consejo de Pemex –con Videgaray incluido– y diversas áreas de su Corporativo y de sus ramas de Refinación y Transformación Industrial dieron el visto bueno y avalaron la contratación de Odebrecht.
El 27 de enero de 2014 y el 26 de octubre de 2015, el Consejo de Administración de Pemex “aprobó los términos y condiciones“ de los contratos PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, para las obras de acondicionamiento del terreno de la Refinería de Tula en Hidalgo, indica la Cuenta Pública de 2016.
A las irregularidades en los contratos se suma la opacidad.
Por un lado, la información relevante de la versión pública de los contratos está censurada; y por otro lado, el acta de la “Sesión Ordinaria 16″ del 6 de agosto de 2013, en la que Consejo y los comités de Pemex presentaron y acordaron las obras a realizar en la Refinería, estará reservada de manera “total” hasta el año 2021, porque dicha “sesión tiene relación con la carpeta de investigación que llevan a cabo la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública”, se lee en la respuesta de Pemex a la solicitud de información pública número 1857200120118.
Otra de las investigaciones en contra de Lozoya Austin derivó de la compra de una planta petroquímica por parte de Pemex.
El 20 de diciembre de 2013, Pemex compró el complejo de Agro Nitrogenados en Pajaritos, Veracruz, a través de su filial Pro-Agroindustria. La compra-venta fue justificada con dos razones. La necesidad de generar más fertilizantes y productos petroquímicos en México; y la capacidad de producción de un millón anual de toneladas de urea, de las plantas de Agro Nitrogenados.
Sin embargo, el “Libro Blanco 2015-2018” de Pemex Fertilizantes menciona que al momento de la compra, los dos “trenes de urea” de Agro Nitrogenados llevaban 14 años sin operación, por lo que se encontraban “en una situación de extremo deterioro que requería una gran inversión para su rehabilitación y puesta en marcha”. Además, al momento de la compra, el complejo petroquímico de Cosoleacaque –al que fue añadida– “no tenía la capacidad para proveerla de insumos (amoniaco y CO2) suficientes y a costos competitivos” para la producción de urea.
El valor de la adquisición ascendió a casi 3.9 mil millones de pesos (constantes). Pero seis meses después de la compra, la filial de Pemex Pro-Agroindustria contrató a la empresa Cobra Instalaciones México (hoy Avanzia) para rehabilitar las plantas Urea I y II de Agro Nitrogenados. Esto le costó más de 6.8 mil millones de pesos (constantes) a Pemex.
A este millonario desembolso fueron sumados 923.8 millones de pesos (constantes) por un “faltante presupuestal”, ya que “Pemex Fertilizantes recibió Pro-Agroindustria sin presupuesto para cubrir [el] capital de trabajo y el servicio de la deuda” de Agro Nitrogenados.
De este modo, los datos oficiales indican que Agro Nitrogenados fue adquirida con un sobre costo real de 200 por ciento, que implicaría un daño en contra de la Hacienda Pública, tomando en consideración que a finales de 2018, Pemex aún debía 3.5 mil millones de pesos (constantes) por la adquisición de la compañía y que, hasta entonces, no contaba con “viabilidad operativa” plena, pese a las obras e inversiones efectuadas.
La decisión para realizar esta inversión que conllevó pérdidas millonarias y presuntos actos de corrupción en Pemex no sólo pasó por las manos de Lozoya Austin. Al menos otras 13 personas –incluido Videgaray– del Consejo de Administración de Pemex estuvieron directamente involucradas en la aprobación de los proyectos, según los acuerdos “específicos” de la petrolera (numerados CA134/2013, CA-110/2015, CA-209/2015 y CA-225/2015) en que fueron discutidas las compas.
Al igual que con Odebrecht, la opacidad fue regular en este caso.
A pesar de que Pemex debió de firmar un contrato, tener estudios previos y acuerdos por parte del Comité de Administración y su director general, la documentación relativa es “inexistente”, está “reservada” o “censurada”. Y en el caso de las sesiones del Consejo de Pemex, todas las actas relativas al proceso de contratación –como el acuerdo de sesión “865 Extraordinaria” del 17 de diciembre de 2013, cuando el Consejo de Pemex “tomó conocimiento del Informe sobre la Inversión” en Agro Nitrogenados– no están disponibles.
El ASTILLERO EN GALICIA
En noviembre de 2013, Petróleos Mexicanos firmó un contrato de inversión para la compra del 51 por ciento de las acciones de la empresa naval española Hijos de J. Barreras, mejor conocida como Astillero Barreras, con una inversión inicial de 170 millones 790 mil pesos. La idea era impulsar la construcción de buques especializados para México y capitalizar el desarrollo tecnológico del sector naval gallego en la industria petrolera.
Sin embargo, de acuerdo con la ASF, la adquisición fue cuestionable ya que no había razón para que Pemex invirtiera en un ramo productivo que no le corresponde y que reporta pérdidas. Además de la mala inversión, Pemex no asumió la responsabilidad de las decisiones del Astillero, refirió en conferencia de prensa el 29 de enero de este año el actual titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
Como ejemplo de las malas inversiones, Romero mencionó que el Astillero efectuó la compra de una “Unidad Habitacional Flotante” en febrero de 2014, cuyo “flotel nunca ha sido utilizado a su máxima capacidad” y que tuvo un costo de 2 mil 557 millones 104 mil pesos. A esta pérdida se suma el déficit fiscal de 2016 del Astillero, por un monto de 113 millones 457 mil 850 pesos.
Por lo anterior, el año pasado la ASF emitió una recomendación para investigar las operaciones de Pemex con el Astillero, y en su caso, iniciar un proceso administrativo “por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron invertir en el Astillero”.
