Ciudad de México, .- La integridad de Lydia Cacho se encuentra en riesgo tras el amparo otorgado a Jean Touma Succar Kuri, denunciado por la periodista en su libro Los demonios del edén. El empresario será trasladado del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a la cárcel de Cancún, en Quintana Roo, para cumplir con su sentencia por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.
Por la mención de Succar Kuri y de Kamel Nacif en su libro, Cacho enfrentó un proceso penal –iniciado por Nacif–, por “difamación” y “calumnias”, que derivó en una detención arbitraria el 16 de diciembre de 2005, en Cancún, trasladada a Puebla, Puebla. Por estos hechos, se violaron sus derechos a no ser sometida a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a su libertad personal; a ser tratada humanamente durante la privación de su libertad; a poder circular libremente por territorio nacional; al debido proceso legal; al principio de legalidad en materia penal y a poder ejercer su libertad de expresión.
El 13 de marzo de 2006, Lydia Cacho denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos a Periodistas (FEADP), ambas de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos ilícitos en su contra derivados de la detención arbitraria particularmente las condiciones de detención y traslado. Sin embargo, fue hasta el 17 de octubre de 2017 que se logró una sentencia por el delito de tortura contra José Montaño, uno de los policías de investigación que efectuaron la orden de aprehensión.
Sin embargo, al día de hoy, no se han realizado las investigaciones necesarias para encontrar al otro policía ministerial también acusado por la comisión del delito de tortura contra Lydia. Por demás, las averiguaciones respecto de los autores materiales no han avanzado y no se ha retomado la línea de investigación que incluya al menos como indicio las grabaciones que contienen las voces de Kamel Nacif y el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, orquestando la detención de Lydia, a pesar de que el propio Juez que sentenció a Montaño afirma que la vulneración de sus derechos se generó a partir de la publicación del libro “Los demonios del Edén”.
Derivado de lo anterior, resulta preocupante la situación de riesgo en que pudiera ubicarse la periodista en caso de que el empresario fuera trasladado a Cancún a compurgar la pena que le fue impuesta y que por la gravedad del delito cumplía en un penal de máxima seguridad.
Debido a que aún no se conocen los autores intelectuales de los hechos ilícitos que ha sufrido Lydia, es necesario que las autoridades encargadas de la procuración de justicia, realicen las diligencias correspondientes, y que se realice la búsqueda del ex policía ministerial prófugo. No realizar las investigaciones pertinentes abona a un contexto de impunidad y de censura en un país donde el ejercicio periodístico y la libertad de expresión han sido vejados. Impunidad, que en el caso de Lydia, data desde el año 2005.
Lydia ha sido víctima del uso arbitrario del Derecho Penal y de conductas arbitrarias por parte de funcionarios públicos que en principio tendrían que velar por la seguridad de todos. La violación a un derecho humano como el de la libertad de expresión, debe contar con reparación de daño, iniciando con un proceso transparente y eficaz, que permita sancionar a sus agresores, la reparación integral y acento especial en garantizar la no repetición.
Por lo anterior, es necesario que en la actualización de un riesgo para Lydia Cacho las autoridades competentes garanticen su integridad física y psicológica, así como el ejercicio de la libertad de expresión.