Francisco Vásquez
Oaxaca, México.– A más del año de los sismos de septiembre de 2017, que devastaran la región del Istmo de Tehuantepec, el juez décimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó a los gobiernos federal y estatal reconstruir las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 33 ubicada en el municipio de Unión Hidalgo.
Dicha resolución judicial fue dictada dentro del juicio de amparo número 1513/2017, luego de que un grupo de personas lo promoviera desde el 4 de diciembre del año pasado en representación de los estudiantes de este plantel educativo.
La sentencia inédita fue emitida el pasado 18 de octubre, la cual ordena al presidente de la república Enrique Peña Nieto y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, garanticen el derecho a la educación de calidad previsto en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ende, se debe reconstruir de manera inmediata la escuela secundaria que resultó afectada durante el sismo del 7 de septiembre del año pasado, pues aunque las autoridades ordenaron instalar 12 aulas provisionales para que los alumnos tomaran clases, a juicio del juzgador, éstas no están en condiciones óptimas de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.
Ello porque los quejosos acreditaron que las aulas están hechas de materiales débiles y son muy reducidas, ya que sólo tienen capacidad para 18 alumnos y los grupos son de 30, lo cual genera un calor insoportable y sofocante, dijeron.
En consecuencia, la resolución judicial establece que “se deben realizar las acciones correspondientes para la reconstrucción de las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 33, ubicada en el municipio de Unión Hidalgo, del estado de Oaxaca, respecto de los daños ocasionados con motivo del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, en el entendido de que por el tiempo que duren dichos trabajos, se debe garantizar que las aulas provisionales en que reciben clases los menores se encuentren en óptimas condiciones”.
Ante esta situación el juez estimó que para la impartición de la educación se debe cumplir con los requisitos de calidad necesarios como son instalaciones adecuadas e idóneas, “no es factible satisfacer el derecho constitucional previsto en su artículo tercero y, en consecuencia el libre desarrollo de los menores”, asentó.
Por otra parte, el fallo establece que las autoridades responsables no acreditaron haber iniciado los trabajos de reconstrucción de la escuela, máxime si ya cuentan con el presupuesto para la reconstrucción de ésta.
Lo cual quedó confirmado por el director general del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa del Estado (Iocifed) a través del oficio de 31 de enero de 2018.
“En tales circunstancias, queda demostrado que existe la obligación legal de las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario, Subsecretario de Educación Básica, Titular del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y Coordinador Regional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en el Estado de Oaxaca, todos de la Secretaría de Educación Pública, Secretario y Coordinador Nacional de Protección Civil, ambos de la Secretaría de Gobernación, Gobernador del Estado de Oaxaca”, señaló.
Cabe señalar que desde febrero de este año, las autoridades de Iocifed entregaron a los directivos de la secundaria 12 aulas provisionales, las cuales fueron construidas en el espacio donde derribaron cinco aulas dañadas, sin embargo tanto profesores como alumnos se negaron a utilizarlas por el intenso calor que generaban, además de que dos sufrieron daños por los fuertes vientos de marzo.
Hasta la fecha los estudiantes continúan tomando clases de manera irregular en espacios improvisados y debajo del domo principal de la escuela, además sólo los alumnos de tercer grado acuden todos los días, pero los grupos de primero y segundo, sólo van dos veces a la semana.
De acuerdo a los quejosos, desde el día siguiente al sismo, ha sido todo un calvario el exigir la reconstrucción de su centro educativo, pues las autoridades han sido omisas pese a las múltiples quejas ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el reproche de diversas organizaciones, por ello interpusieron el amparo.
