La Secretaría de la Función Pública ha exigido al GDF que devuelva 489 millones del Fondo Metropolitano del Valle de México porque, según sus criterios, no debieron usarse en obras paralelas de la Línea 12. Sin embargo, no ha dicho una palabra de Eruviel Ávila, quien compró con ese mismo fondo 38 hectáreas –unas 40 canchas de futbol– para el Movimiento Antorchista Nacional, una organización del PRI que llenó de gente los eventos de Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial de 2012. ¿Y cómo se los llenó? Acarreando a los más pobres de los pobres, de quienes vive y a quienes cobra hasta por el taco que se llevan a la boca. Esta es la primera parte de una investigación que encuentra de todo: dinero público con propósitos electorales, uso clientelar de acciones de gobierno, etcétera: lo que el PRI dice que ya no es…
Primera parte:
La Antorcha del Presidente
Humberto Padgett
Texcoco, Estado de México (SinEmbargo).- Supóngase que alguien cobrara a la gente pobre por acceder al derecho de comer.
Y luego les vende la comida, les exige dinero por utilizar una estufa comprada con recursos públicos, les reclama aportaciones por ocupar una cuchara, les condiciona el asiento en una mesa a cambio de apoyar el sistema de cobros y, cuando el bocado va hacia la boca, se abroga el derecho de arrebatarlo intempestivamente para venderlo a alguien más.
Por si fuera poco, quienes participan del esquema se convierten en presidentes municipales, diputados federales y obtienen jugosas concesiones y franquicias por parte del gobierno federal.
La máquina existe. Pero no se ocupa de la comida, sino de otra necesidad vital: la vivienda. Esa máquina se llama Movimiento Antorchista Nacional, generalmente conocido como Antorcha Campesina, su organización originaria.
Por eso debería llamar la atención que el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto, en los linderos de la administración de Eruviel Ávila Villegas, entregara 38 hectáreas –unas 40 canchas de futbol– de terreno a esa organización priista luego de adquirirlas en 165 millones de pesos, dinero en su mayor parte proveniente de recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México.
Y debería resultar raro que, a pesar de las “graves irregularidades” detectadas en la transferencia de los recursos para la compra del predio, nadie llame a cuentas al gobierno mexiquense como ha ocurrido, por ejemplo, con la reciente demanda de la Secretaría de Función Pública para que el Gobierno del Distrito Federal devuelva recursos aplicados a la Línea 12 del Metro.
Y alguien debería explicar por qué el terreno fue lotificado en 2 mil 200 pedazos sin autorización alguna y vendido cada uno entre 125 mil y 150 mil pesos por Antorcha cuando el propósito del rancho era la reubicación.
Porque no es poco dinero del que se habla: entre 275 millones y 330 millones de pesos de ganancias para Antorcha por un asunto que antes costó al contribuyente 165 millones de pesos.
A simple vista resulta claro que en el rancho El Pimiango, en el pueblo de Santiago Cuautlalpan, no se desarrolla ningún proyecto ordenado de vivienda social.
El asentamiento está entre los pueblos prehispánicos y aún vivos de Coatlinchán, de donde salió hace 50 años el Tláloc monumental que custodia el Museo Nacional de Antropología e Historia, y Cuautlalpan.
No existe un solo permiso de construcción otorgado por el Municipio, autoridad responsable para el caso.
El extenso terreno, cercado y de imposible acceso para quienes no sean integrantes de Antorcha Campesina, es una polvareda con casas de bloques de cemento levantados por calles de tierra, alguna de ellas llamada “Jaime Sabines”.
Por aquí y por allá se distinguen mujeres con el cuerpo doblado por el acarreo de cubetas llenas de tabiques. No existe agua potable, drenaje ni suministro eléctrico regular proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad.
En vez de esto, la organización vende el agua surtida con pipas. Los desechos humanos se hunden en fosas sépticas y unos palos clavados en forma de “T” sostienen el cableado con el que decenas de casitas toman la energía irregularmente, lo que no significa gratis.
Nada, absolutamente nada que suponga un centavo deja de cobrar Antorcha Campesina.
PARTICIPACIONES
Elena pide que no se utilice su apellido. La mujer dice que ya tiene todos los problemas del mundo en su colonia, Leyes de Reforma, un asentamiento de origen similar al de El Pimiango y también fundado por Antorcha Campesina hace poco más de una década.
Por eso es que la mujer y su marido conocen bien cómo funciona la casi perfecta máquina de sacar dinero a los pobres.
–¿Qué pasa con El Pimiango? –se le pregunta a Elena.
–Todos los predios de Antorcha Campesina se manejan exactamente igual. Empieza con la invitación a la compra de un terreno y la asistencia a reuniones semanales con la aportación de cooperaciones. A eso le llaman “participación”. Cada junta nos costaba cinco pesos, pero para que aspiráramos al predio nos piden cierta cantidad de “participaciones”: marchas, plantones, colectas de recursos con botes y presencia a los eventos que se nos requiriera. Son cientos de “participaciones” por cada familia.
–¿Hay “participaciones” electorales?
–¡Sííííí! ¡PRI, puro PRI! –se adelanta el esposo de Elena. –Fuimos con Aquiles Córdova (líder nacional de Antorcha), con Tolentino Román (ex Presidente Municipal de Chimalhuacán en dos ocasiones y actualmente Diputado Federal) y con Peña Nieto.
La relación entre la organización y los demandantes de vivienda se extiende por años durante varias etapas: la obtención del terreno, la construcción de la vivienda, la dotación de servicios y la escrituración de la propiedad.
“Una vez que se tiene posesión del terrenos se cuenta con cierto tiempo para construir, entre dos semanas y un mes, y si no se le da a otra persona”.
–¿Y ya no pagan por el terreno?
–El terreno siempre se paga, independientemente si se obtiene por una compra de la organización, una invasión o una donación. Nosotros dimos un enganche de 15 mil pesos con lo que, independientemente de todas las “participaciones”, teníamos derecho a construir. Esto funciona sin ningún documento, los acuerdos son únicamente verbales.
Los pagos se difirieron en mensualidades de mil pesos hasta cubrir los 48 mil pesos en que Antorcha vendió cada terreno regular en la colonia Leyes de Reforma en 2005.
En el caso de El Pimiango, terreno comprado con recursos federales por el gobierno de Peña Nieto, cada terreno se vende en 60 mil pesos con enganches fijos de 30 mil pesos y mensualidades de entre mil 500 y 2 mil pesos.
Es el mejor de los negocios: se vende un regalo adquirido con el dinero de otro, el contribuyente.
A la familia de Elena resultó imposible sostener las mensualidades, cumplir con las “participaciones” e invertir en la construcción de la casa, así que pronto incurrieron en morosidad. La organización impuso un interés mensual de 1 por ciento mensual que se incrementó hasta el 8 por ciento mensual sobre el monto del retraso.
“Hay gente que tiene su deuda duplicada con Antorcha Campesina”, interviene el marido de Elena. “Cuando terminé de pagar el terreno, quise que me entregaran documentos, pero me los negaron con el argumento de que no ya ‘participaba’. Fue entonces que los mandé al carajo y con otros vecinos estamos defendiendo nuestras casas”.
–¿Me pueden repetir alguna de las consignas de Antorcha? –le solicito al hombre a quien el temperamento caliente se le asoma en los cachetes enrojecidos.
–¡Aaaghhhhh! –corean hombre y mujer.
–¿Y cuáles son las transas de Antorcha?
–¡Jajaja! –siguen a dueto. –¡Todas! Por ejemplo –habla él –en la colonia nos han prometido drenaje desde hace ocho años. Y pagamos por ir a las marchas y plantones. Fuimos a una manifestación a la Secretaría de Desarrollo Social para exigir cemento para el Programa Piso Firme y nos dieron 80 toneladas de cemento que llegaban de día a las casas de día y lo sacaban de noche. Luego se repartía como regalo del PRI en las campañas.
–¿Es una participación votar por algún partido?
–Se da la situación de que varias personas se registran en el IFE utilizando una misma dirección en la que no viven. En 2012 cargaron la votación de un lado, del lado del PRI. Trajeron mucha gente de Chimalhuacán para la elección presidencial de Peña Nieto. En las juntas semanales se insistió en votar por él y el mismo día de la elección Antorcha repartió despensas con medio kilo de azúcar, medio kilo de frijol, medio litro de aceite.
–¿Y cómo se aseguraron que la gente sí votara por Peña?
–Tienen bien amenazadas a las personas con que le van a quitar su casa o su terreno y, como mucha gente debe dinero, hay mucha gente muy sometida.
Las marchas y plantones se dirigen contra las autoridades renuentes de otorgar servicios públicos y se acendran cuando se trata de partidos distintos al PRI, aunque también algunos gobiernos priistas lidian con las manifestaciones antorchistas.
Actualmente, Antorcha Campesina está en confrontación con el Gobernador Eruviel Ávila por la demanda no atenida que hace la organización social de concesiones en el transporte público. En consecuencia, en las colonias del Movimiento se observan pintas y se distribuyen panfletos contra la administración y la persona de Ávila.
Y es que las raíces de Eruviel se hunden en los dueños históricos del transporte de la entidad. De ahí su propaganda electoral cuando se describía así mismo como hijo de un humilde transportista.
Elena y su marido explican que el mecanismo de protesta permanente favorece políticamente a los líderes de Antorcha en dos sentidos: ganan al denostar a sus rivales a los que responsabilizan de la falta de servicios y ganan al representarse como autores de su obtención cuando esta finalmente se logra, así sea con los recursos públicos ejercidos por aquella autoridad.
Elena desaparece unos momentos en una de las habitaciones de su casa y vuelve a la mesa con una carpeta rebosante de papeles de todos tamaños. Se trata de las “participaciones” que su familia realizó durante años para acceder, primero, a la lista de demandantes de un terreno y luego para aspirar a los servicios públicos y después para soñar con la escrituración de su casa y posteriormente para la regularización de la colonia y…
Hasta para protestar hay que pagar. Por ejemplo, el evento en que Antorcha llenó el Estadio Azteca para Enrique Peña Nieto, en 2009, fue de asistencia rigurosa, pago de 70 pesos para el transporte al sur del Distrito Federal y aportación de 20 pesos como “cooperación”.
También puede ser la asistencia a un mitin de campaña política, como al que asistieron los vecinos del asentamiento antorchista Wenseslao Victoria, también en Texcoco, para apoyar al candidato Eruviel Ávila el 20 de mayo de 2009. Se argumentó entonces que la “participación” tenía como objeto la consecución de agua potable.
Las “Fiestas Patrias Antorchistas” de 2008 representaron una cooperación de 30 pesos a cada vecino de la colonia Leyes de Reforma. El aniversario del mismo lugar celebrado en 2006 impuso un desembolso de 50 pesos. Y el boleto de la “gran rifa” navideña de 2005 costó 100 pesos. Y las posadas de 2009, 30 pesos. Y la guarnición de camellón, 75 pesos.
–¿Y qué ocurre si alguien simplemente decide no participar más? –se le pregunta a Elena.
–Le quitan su casa. Una conocida dejó Antorcha. Una ocasión salió unos días y, cuando volvió, la llave no abría la puerta. Había luces y personas: le dieron su casa a alguien más. Pensó en denunciar por despojo, pero ya no lo hizo.
–¿Se vende varias veces un mismo lote?
–Sí, por la misma situación de los retrasos –interviene el hombre. Antorcha tiene personas que se dedican a intimidar: “¡Te vamos a matar! ¡Te vamos a poner en tu madre!”, le dicen a quién quieren sacar, lo golpean y la gente simplemente se va.
Lo antes descrito es la lógica de crecimiento de la zona conurbada de la Ciudad de México.
La práctica se repitió intensamente en la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec; Chalco; Valle de Chalco; La Paz; Ixtapaluca, y Chimalhuacán, municipio capital del Movimiento Antorchista.
Tan sólo en Texcoco, las autoridades estiman que alrededor de 30 mil personas se asentaron de esta manera en el municipio.
DESIGUALDAD
El domingo 21 de junio de 2009, Enrique Peña Nieto vivió el Estadio Azteca repleto de playeras rojas. La marea, más que priista, era antorchista y desbordaba el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la Presidencia de México.
De esto, de ser un evento electoral y, en consecuencia, un acto anticipado de campaña, se acusaría a Peña Nieto ante el Instituto Federal Electoral. El órgano resolvió, como hizo a propósito de todas las acusaciones dirigidas contra el político del Estado de México, la improcedencia de los señalamientos.
Peña estaba ahí para celebrar el 35 aniversario del Movimiento Nacional Antorchista. Vestido con camisa de blanco impecable, sin corbata, presenció el Can Can de Offenbach puesto en escena por los mismos antorchistas.
El Gobernador asintió con la cabeza y habló:
“Amigas y amigos del Movimiento Antorchista Nacional. Les saludo con gusto y con afecto. Este evento tiene particular significado para esta organización social, porque da muestra evidente de su fuerza y de su capacidad de convocatoria”.
La gente coreó:
“¡Se ve, se siente: Antorcha está presente!”.
Peña sonrió e hizo una pausa. Continuó con el ceño fruncido, aplomado.
“En el Gobernador del Estado de México tienen un aliado porque desde su gobierno trabajará para lograr objetivos compartidos”.
La multitud rugió y así siguió, sin notar el resbalón en el discurso del Mandatario cuando deseó el destierro “del escenario donde muchos tengan poco y pocos tengan mucho, donde realmente logremos tener, en esta gran nación, justicia y desigualdad social”.
Peña tardó algunos instantes en reparar que había resbalado y quiso meter reversa en voz baja: “Igualdad”, se corrigió.
Los gritos y la insolación encubrían todo.
Aquiles Córdova devolvió el halago a Peña Nieto:
“México necesita políticos comprometidos con las mayorías… políticos de altura, emprendedores y valientes”.
Además de Peña acudieron Ulises Ruiz Ortiz, aún gobernador de Oaxaca, y la entonces Senadora María de los Ángeles Moreno. El festejo, admitieron entonces sus organizadores, costó 4 millones de pesos.
La cercanía entre Peña Nieto y los antorchistas no era nueva.
Si alguien duda de la eficacia del transporte público mexiquense quizá debe darse una vuelta al mitin de un candidato priista al gobierno del Estado de México. El 19 de junio de 2005, cuando Enrique Peña Nieto tomaba la delantera en la sucesión de Arturo Montiel, los transportistas del oriente mexiquense coparon en Estadio Neza 86 con el acarreo de entre 25 mil y 50 mil personas en 436 camiones y 212 microbuses.
¿Quiénes esperaron a Peña Nieto desde las 7.30 de la mañana? Miles y miles de priistas e integrantes de organizaciones sociales priistas de Chimalhuacán, La Paz, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Ayapango, Tepetlixpa, Juchitepec y Ecatzingo.
Otra porción del acarreo fue aportada por las directivas municipales de Chalco, Valle de Chalco Solidaridad y Ciudad Nezahualcóyotl, entonces gobernados por el PRD.
Muchos eran antorchistas.
Por supuesto que el más destacado de los priistas en el evento, el futuro Gobernador del Estado de México y Presidente de México no arribó en un chimeco. Enrique descendió en un helicóptero en que brillaba el emblema del Movimiento Antorchista Nacional, cuyo lema es “la organización de los pobres de México”.
LA PREGUNTA DE LOS 65 MILLONES DE PESOS
La compra del rancho El Pimiango no sólo incumple con disposiciones administrativas de tipo urbano.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano encargado de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales de los tres poderes y todas las instancias y niveles de gobierno, realizó observaciones importantes al respecto.
El Fondo Metropolitano del Valle de México, existente desde 2006, es un apartado presupuestal de recursos federales destinados a mejorar las condiciones de conurbación del Estado de México, el Distrito Federal e Hidalgo.
La ASF, en su análisis de la cuenta pública correspondiente a 2011 para ese Fondo Metropolitano, reparó en siete obras públicas y la adquisición del predio con recursos asignados al Estado de México.
El órgano fiscalizador anota que el contrato número 83841 tuvo por objeto la adquisición del rancho El Pimiango por parte del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. El contrato fue formalizado el 13 de septiembre de 2011, dos días antes de que Peña Nieto concluyera su mandato, y estipuló la adquisición de 20 fracciones de terreno con una superficie de 382 mil 912 metros cuadrados en el poblado de Santiago Cuautlalpan, en Texcoco.
El fin de la compra, se estableció formalmente, fue la reubicación de los asentamientos irregulares ubicados en el Ejido Santa María Chimalhuacán, en el área de reserva ecológica del ex Lago de Texcoco.
La operación ascendió a 165 millones de pesos, en su mayoría provenientes del Fondo Metropolitano. El contrato también incluyó la cesión de derechos por parte de una empresa para el aprovechamiento y explotación del pozo de agua ubicado dentro del terreno adquirido.
La ASF anota que la compra del rancho tuvo una asignación de recursos federales por 125 millones de pesos transferidos el 1 de diciembre de 2011, dos meses y medio después del inicio de gobierno de Eruviel Ávila.
La ASF emitió la siguiente observación:
“Se verificó que se efectuaron tres pagos por 65 millones de pesos en 2011; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México no comprobó con qué recursos fueron pagados ya que la cuenta de ese proyecto [el de la compra del inmueble] no registró transferencias en ese año”.
Vidal Llerenas, ex director de la Contraloría Social en la Secretaría de la Función Pública Federal, lo dice en pocas palabras:
“La Auditoría no sabe a dónde fueron a parar al menos 65 millones de pesos dados por la federación al gobierno del Estado de México. Ni siquiera hay comprobación. Es una irregularidad muy grave, ahí sí desapareció el dinero”, dice el asambleísta del DF.
Se puede tomar perspectiva del costo de El Pimiango comparando su compra con la de los predios vecinos útiles para el Centro Cultural Mexiquense de Oriente, la mayor obra de infraestructura cultural del gobierno mexiquense de Peña Nieto.
Durante el segundo semestre de 2007, de acuerdo con los datos oficiales de la cuenta pública de ese año, la administración de Enrique Peña desembolsó 54 millones de pesos en la obtención de 17.4 hectáreas de tierras en Texcoco, en el pueblo de San Miguel Coatilnchán.
El Centro Cultural, desarrollado en menos de la mitad del espacio cedido a Antorcha Campesina, beneficia a más de 6 millones de habitantes de 34 municipios conurbados a Texcoco.
A pesar de su impacto regional, la obra, cuyo costo fue de 860 millones de pesos, no está listado como parte de las erogaciones del Fondo Metropolitano. En realidad, el foro no representó un desembolso para las arcas del gobierno de Enrique Peña, pues la empresa española Abengoa-Concecutex, responsable de la construcción, administrará el complejo durante 19 años, plazo en el que el gobierno estatal pagará 179 millones de pesos anuales más IVA.
El 26 de marzo de 2012, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México clasificó como reservada información relativa a El Pimiango, aunque en el listado de autorizaciones otorgadas por la misma dependencia del gobierno mexiquense es posible ver que al menos ha emitido 15 licencias de fusión a favor del predio, cuyo propietario, oficialmente, es el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, instancia dependiente de aquélla Secretaría.
El argumento formal para la compra de El Pimiango fue el fortalecimiento del Proyecto Integral del Lago de Texcoco, pues en el área prevista para mejoramiento ambiental existía un asentamiento irregular de Antorcha tolerado por el gobierno del estado.
Cuando la Comisión Nacional del Agua adquirió esos predios se hizo necesario el desalojo de los invasores y el gobierno mexiquense propuso su reubicación en El Pimiango. Políticos y ciudadanos de Texcoco se opusieron a la cesión del terreno y realizaron manifestaciones y bloqueos carreteros durante casi un año. Uno de los participantes fue el ex Alcalde Horacio Duarte, ahora líder de Movimiento de Regeneración Nacional en el municipio.
Duarte apunta como primera como primera característica de El Pimiango su alto valor económico debido a su ubicación: se encuentra a pie de la carretera México-Texcoco, a 500 metros del Circuito Exterior Mexiquense y a 800 metros del Centro Cultural Mexiquense de Oriente.
Al inicio, Antorcha Campesina aseguró en diferentes ocasiones, a través de sus gacetas, que la misma organización había adquirido el predio en un esquema de coparticipación con el gobierno del estado y el federal, lo que fue oficialmente desmentido por éste último.
A principios de 2012, el Secretario de Desarrollo Urbano del Estado de México, Alfredo Torres –mentor político de Eruviel Ávila– reconoció que el gobierno mexiquense había adquirido el rancho, pero luego reculó y negó la adquisición, sin embargo, el contrato de compraventa entre el gobierno estatal y el particular que vendió el inmueble fue inscrito desde agosto de 2011.
Sin permisos del gobierno municipal, en ese momento a cargo del PRI, Antorcha Campesina lotificó el predio en 2 mil 200 porciones y vendió cada uno entre 125 mil y 150 mil pesos, independientemente de los recursos que ingresen por concepto de “aportaciones”. Ya no hay lotes disponibles, así que la suma ingresada al Movimiento osciló entre 275 millones y 330 millones de pesos.
Existen dos datos para conocer que el predio no fue cedido para la reubicación.
Algunas de las cerca de mil familias que serían reubicadas del Lago de Texcoco nunca llegaron a El Pimiango. Varias se replegaron algunos metros hasta la comunidad de San Bernardino, en la misma zona.
Y La promoción de lotes se hizo con volantes en el Metro Pantitlán y La Paz.
El Ayuntamiento clausuró la lotificación, pero eso no importó y Antorcha continuó el fraccionamiento. La autoridad municipal y los ciudadanos inconformes dieron vista a Procuraduría General de Justicia del Estado de México por delitos en materia de desarrollo urbano, pero nada trascendió. La urbanización desordenada continuó y fue apoyada, de acuerdo con vecinos de los alrededores, por el Ayuntamiento de Chimalhuacán, municipio gobernado por Antorcha Campesina desde hace 14 años.
“Traen servicios con maquinaria del municipio de Chimalhuacán. Camiones de gobierno con materiales, pipas del Ayuntamiento de Chimalhuacán con agua y motoconformadoras”, dice un colono.
Texoco conoce bien la experiencia con Antorcha Campesina. Antes fundó las colonias Leyes de Reforma, Wenceslao Victoria, Víctor Puebla, Piminago y Rancho San Pedro. Hay personas que tienen casa en los cuatro asentamientos texcocanos.
“La intención de Antorcha es apropiarse de municipios vecinos de Chimalhuacán. Ellos diseñaron una estrategia de crecimiento circular: hicieron asentamientos en Chicoloapan, luego en La Paz, luego en Texcoco. Recientemente, en Texcoco, adquirieron otro terreno que se llama Rancho San Pedro, muy cercano a Pimiango, con el fin de trazar 2 mil 500 nuevos lotes. Todo con la protección del gobierno del estado”,m habla Horacio Duarte.
“La reubicación fue totalmente falsa. Es un simple negocio. Antorcha genera la supuesta necesidad, invaden, dizque compran, presionan al gobierno para que les dé servicios y venden. En tanto, pierde el entorno ecológico, la dotación de servicios, la vialidad, los pueblos tradicionales a los que se les rompe su esquema histórico de convivencia comunitaria. El plan político de Antorcha es posicionarse para disputar las alcaldías”.
Se intentó establecer contacto con los líderes de Antorcha Campesina en el teléfono y correo electrónico disponible en su página de internet, así como con el diputado federal plurinominal Brasil Acosta, quien representa a la organización en Texcoco. No hubo respuesta.
NI LOS VEO NI LOS OIGO
Delfina Gómez Álvarez, Alcaldesa de Texcoco, ha descrito el asentamiento como una “invasión y ocupación terriblemente ilegal” y cuestiona la viabilidad urbanística del sitio: 2 mil 200 lotes significa un súbito incremento poblacional de 12 mil personas.
“No hay permisos de construcción ni licencias de uso de suelo en el sitio”, sostiene.
Aunque la adquisición de El Pimiango se pretextó por parte del gobierno del Estado de México para reubicar personas asentadas en una zona de interés ecológico en el ex Lago de Texcoco, tanto Delfina Gómez, Horacio Duarte y vecinos de los alrededores a El Pimiango aseguran que los verdaderos beneficiarios de los predios son antorchistas de Tlaxcala, Puebla, el Distrito Federal y el vecino municipio mexiquense de Chimalhuacán.
Cuando Antorcha Campesina ocupó el predio, a fines de 2011, las autoridades locales notaron que, a pesar de estar deshabitado el sitio, la organización priista pretendió una inscripción masiva de sus miembros ante el Instituto Federal Electoral como residentes de Texcoco.
La conclusión de Delfina Gómez es que se trató de una maniobra electoral para incrementar el caudal de votos al PRI en este municipio con fuerte presencia perredista y ahora gobernado por Movimiento Ciudadano.
Con frecuencia, comenta la Presidenta Municipal, los nuevos ocupantes de El Pimiango participan en alguna de las manifestaciones afuera del Palacio Municipal para exigir se les proporcionen de todos los servicios y escuelas. En la calles de las colonias antes fundadas por Antorcha Campesina se observan bardas pintadas en que se acusa a Gómez Álvarez de negar a los antorchistas la dotación de agua, drenaje y pavimentación.
“El lugar se pudo ocupar para otras cosas. En Texcoco hacen falta hospitales o una buena universidad, porque los espacios de educación superior pública son mínimos”, dice Delfina Gómez en entrevista. “El espacio pudo ser destinado para un teatro o para un deportivo.
“Había otras prioridades que no ocuparían la cantidad de recursos que requiere este predio, porque no se trata sólo de servicios públicos, sino de recursos humanos para atender las necesidad de las personas”.
Si bien la necesidad de vivienda de las personas asentadas en el predio es real, observa la Presidenta Municipal, los nuevos vecinos son sujetos de un esquema de negociación de la pobreza por parte de manifestantes profesionales.
“Es una inversión inadecuada que no ofrece ningún beneficio a la población texcocana y, lejos de eso, nos trae sobrepoblación, necesidades de prestación de servicios y problemas sociales”.
–¿Existe algún interés del gobierno del Estado de México de coadyuvar con los costos que representa la dotación de servicios para las familias de El Pimiango? –se le pregunta a Delfina Gómez.
–No. Los apoyos que han dado al Ayuntamiento son los establecidos por parte de la federación y del mismo estado. U ofrecen paliativos en otros asentamientos irregulares, por ejemplo, pavimentar calles sin drenaje a las que se les deberá luego quitar el asfalta para introducir el desagüe. En El Pimiango no ha habido ninguna obra.
–¿Se han planteado desalojar el predio?
–Lamentablemente vemos el costo social. Hay gente con la verdadera necesidad de estar ahí y no hemos pensado en el desalojo. Insisto en pedir al gobierno del estado que tenga sensibilidad en esta situación y ver qué hacemos.
–¿Esta situación es responsabilidad política de Peña Nieto o de Eruviel Ávila
–De Peña Nieto. Él dejó este gran problema. Ahora entiendo que está perdida la comunicación de Antorcha con el actual Gobernador a quien también responsabilizan de varias situaciones y le exigen cumpla supuestos compromisos.
–¿Ha intentado hablar usted con el Gobernador Eruviel Ávila sobre el tema?
–He tenido la intención de hablar directamente con él, pero no he tenido la oportunidad. En mi discurso de inicio de administración planteé la necesidad de abordar el tema e hice pública la solicitud de hacerlo.
–¿Cuántas veces ha hablado usted con el Gobernador desde el inicio de su gestión?
–No he tenido la oportunidad de hablar con él.
–¿Por teléfono?
–No.
–¿Nunca?
–Nunca. *
