Oaxaca, México.- Con 32 votos a favor, el pleno del Congreso de Oaxaca aprobó el punto de acuerdo presentado por el diputado local priista, Gustavo Díaz Sánchez mediante el cual se exhorta al Director General de la Defensoría Pública para que intensifique el proceso de Certificación de Intérpretes y Traductores con el objeto de coadyuvar en los procesos legales y garantizar el acceso digno a la justicia de las personas indígenas privadas de su libertad.
De acuerdo al representante popular existe la necesidad de que la defensoría cuente con Intérpretes propios certificados que auxilien en los procesos legales en los que intervengan defensores de oficio, así como en procesos donde otras dependencias lo soliciten, garantizando el acceso real a la justicia para las personas privadas de libertad hablantes de alguna lengua indígena.
Se tiene conocimiento que ya han implementado certificaciones, es necesario tener una mayor cobertura de intérpretes y traductores.
Recordó que de acuerdo con el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli), Oaxaca cuenta con 66 intérpretes acreditados y seis certificados, sin embargo, éstos sólo representan al 13.3% de variantes lingüísticas en la entidad.
“El 60 por ciento de las personas indígenas presas en el estado de Oaxaca refirió no haber contado con intérprete traductor durante su proceso, de acuerdo al estudio El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca”, expuso.
Abundó que de las personas entrevistadas por AsíLegal en el estado de Oaxaca, el 89% reconoció haber contado con un defensor al momento de su puesta a disposición ante el Ministerio Público.
Respecto al tipo de defensor, dijo, el 59% de las personas encuestadas refirió haber tenido defensor de oficio, el 15% defensor particular y el 16% de ambos.
Detalló que con base en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en Oaxaca el 46.1% de las personas refirió que la autoridad no apuntó exactamente lo que dijo, el 54.8% que los policías o autoridades lo presionaron para dar otra versión de los hechos, al 61.6% no le dieron a leer su declaración, el 61.1% no estuvo de acuerdo con la declaración que firmó y en el 60.5% de los casos no estuvo presente su defensor.
Recordó que la Defensoría Pública tiene como misión garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a los sectores sociales que lo requieran, priorizando la atención a las personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad, a través de los servicios jurídicos de asesorías, patrocinio y defensa técnica, adecuada y diligente en materia penal, justicia especializada para adolescentes, civil, familiar, mercantil, agraria, administrativa y constitucional.
En el informe “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca”, del año 2018 de la Fundación ASILEGAL, en el estado de Oaxaca existen 3811 personas privadas de libertad, de las cuales 95.25 son hombres y 4.75 mujeres.
De las 3811 personas privadas de su libertad, el 30.8 % forman parte de un pueblo o comunidad indígena, de ellas, la mayoría pertenecen a los siguientes pueblos: zapoteca 36.46%, mixteco 15.33 %, mazateco 14.39 %, mixe 9.54% y Chinanteco 9.54%.
A pesar de los reiterados discursos a favor de los indígenas, de las autoridades de todos los niveles, éstos continúan en la más absoluta marginación e incluso, pueden rodar aún más bajo de la escala social, si por azares del destino llegan a pisar una cárcel.
Entre los delitos de mayor incidencia perpetrados por los indígenas, destacan el homicidio, seguido por el de lesiones, daño patrimonial, robo, despojo, daño en propiedad ajena, violación, estupro, hostigamiento sexual y portación de arma prohibida, contra la salud. portación de arma de fuego, posesión de explosivos y ecológicos.
Por: Juan Carlos MEDRANO
