Archipiélago de Galápagos, base militar de Estados Unidos pese a que el área es Patrimonio Natural de la Humanidad.

La Constitución de Ecuador de 2008 prohibió la presencia de fuerzas o bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, pero el ex presidente Rafael Correa ignoró el tema.
Con la aprobación del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos y el visto bueno del presidente Daniel Noboa, entran en vigor los tratados de cooperación militar de Estados Unidos con Ecuador, y en los próximos días llegarán los primeros buques y tripulaciones estadunidenses.
Los acuerdos de cooperación militar entre ambos países, fueron firmados por Daniel Noboa el 15 de febrero de 2024.
De esta manera, buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos podrán instalarse en ese archipiélago declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, por la Unesco, en 1978.
La finalidad del proyecto, se dice, es hacer frente a los retos de seguridad compartidos en la provincia de Galápagos, ubicada a 600 millas (965 kilómetros) de la costa continental ecuatoriana.
También se propone “combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas en esta región del Ecuador, ya que es importante evitar conflictos violentos y otros delitos conexos entre los grupos narcoterroristas vinculados a cárteles internacionales que se disputan las rutas para exportación de estupefacientes y el dominio territorial para el expendio de drogas”, indica el documento.
Eso sí. Los buques de guerra, buques de Estado, aeronaves y tripulaciones estadunidenses están exentas de tasas (impuestos) administrativas y tendrán controles ambientales rigurosos para ingresar a la isla.
El Decreto del 15 de febrero de 2024, Quito ratifica el Acuerdo con Washington relativo al Estatuto de las fuerzas, firmado el 6 de octubre de 2023, durante el régimen de Guillermo Lasso, acuerdo que otorga al personal militar y civil del Departamento de Defensa y sus contratistas, privilegios, exenciones, e inmunidad, equivalentes a lo recibido por el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena.
En la práctica, lo anterior constituye el establecimiento de una base militar, tal como ocurrió desde 1999 hasta 2009 en la costera ciudad de Manta, cuyo acuerdo el entonces presidente Rafael Correa no renovó y, además, en la nueva Constitución de 2008 se prohibió la presencia de fuerzas o bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
Aun así, Noboa envió a la Asamblea una reforma parcial a la Constitución para eliminar el artículo que prohíbe esa presencia de bases de otros países, y la Legislatura aún no lo trata.
Este tema provocó la reacción del ex vicecanciller Fernando Yépez quien dijo que el tratado es inaceptable, vergonzoso, peligroso, e indigno servilismo colonial, ya que no hay conciencia de la soberanía nacional, de los intereses del Ecuador ni de las experiencias negativas con bases militares extranjeras, siempre de Estados Unidos.
Sacar provecho del patrimonio natural
De acuerdo con el proyecto, el acuerdo se activa en virtud de las características geopolíticas y sociales, así como la ubicación geográfica y su particularidad ecosistémica, pero pasa por alto su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Las islas Galápagos son un lugar sensible que amerita su debido cuidado mediante el marco legal y acciones del Estado ecuatoriano, así como apoyo internacional.
Se dice que, mediante el Servicio de la Guardia Costera, la Casa Blanca colaborará con la armada de Ecuador para la interceptación y erradicación del tráfico ilícito de estupefaciente que se realiza vía lanchas rápidas y semi sumergibles desde Galápagos hacia países de Centroamérica, así como controlar la pesca ilegal, la no declarada y no reglamentada.
La decisión aclara que, con el fin de prevenir impactos que puedan devenir en daños ambientales, se remitirá la resolución al gobierno de Estados Unidos y se solicitará la firma de declaraciones sobre el cumplimiento de dichos estándares.
En opinión de representantes de organizaciones sociales y ambientalistas, esto no tiene ningún sentido porque ya se han producido algunos eventos de presencia militar estadunidense en los que se documenta que no respeta las mínimas normas establecidas en la misma Constitución del Ecuador.
Los activistas apelan al artículo 258 que establece un Gobierno especial para la provincia de Galápagos: su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir.
A decir de los ciudadanos ecuatorianos, esta norma se viola flagrantemente a pesar de que en el proyecto aprobado en diciembre de 2024 establece que se encuentra prohibido el uso de armas al poner en riesgo el frágil ecosistema de Galápagos.

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