Este jueves se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En México se cuantifican en más de 37 mil personas ausentes. Sus familias exigen al gobierno mexicano poner en operación la Ley de Desaparición, verdad y justicia.
A lo largo de este jueves, que se conmemora en el mundo el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familiares de desaparecidos salieron a las calles de todo el país para unirse en el reclamo al gobierno mexicano de presentación con vida de los desaparecidos, identificación de restos y castigo a los culpables.
La jornada comenzó en la Glorieta de Cuitláhuac, sobre Reforma, en la Ciudad de México, donde distintos colectivos de familiares de México y Centroamérica, realizaron una protesta.
“Arrastramos una historia de impunidad que viene desde la década de los 60´s, desde la “Guerra Sucia” en los 70´s y que, hasta el día de hoy, los crímenes del pasado cometidos por el Estado permanecen impunes y en las sombras del olvido de las instituciones.
“Hemos construido una esperanza, la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada. Sin embargo, el gobierno no ha hecho operativa la ley. Nuestra participación es un requisito fundamental para su aplicación. Es su deber, su trabajo, construir condiciones de verdad, de justicia y no repetición”, leyeron en un comunicado.
La manifestación fue convocada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos que agrupa a 55 colectivos de 18 estados del país, además de colectivos de Centroamérica cuyos habitantes han sido secuestrados y desaparecidos en el territorio mexicano en su camino a Estados Unidos.
Además, se sumaron otros colectivos como Enlaces Nacionales por Nuestros Desaparecidos, H.I.J.O.S y papás de los normalistas de Ayotzinapa.
“Estamos esperando que la Comisión de Búsqueda (el órgano operativo que surge de la Ley General de Desaparición Forzada) haga su trabajo para encontrar a nuestros familiares. NO pueden darnos migajas de la verdad y la justicia”.
“Nos encargaremos que la historia recuerde que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron el país lleno de sangre y de muerte, de corrupción e impunidad, que crímenes atroces fueron cometidos por ellos, por sus partidos y sus actores”.
“Nos preocupa que el nuevo gobierno (encabezado por Andrés Manuel López Obrador) contemple a la Sedena y la Marina como fuerzas de seguridad pública y que no planee un retiro de las fuerzas armadas de las calles”.
Jesús Peña, Representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a nombre del organismo internacional que “México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y re victimización”.
Agregó que el gobierno entrante de López Obrador deberá tener como prioridad combatir la desaparición de personas, la implementación efectiva de la ley general, aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, así como permitir la visita al país del Comité, solicitada desde 2013.
Este 2018 se cumplen 50 años de la masacre de Tlatelolco y 40 años de que las madres de los desaparecidos políticos de la Guerra Sucia se plantaron en huelga de hambre para exigir la presentación con vida de sus hijos.
En la manifestación se encontraba Juana Zavala Vera, cuya hija Itzel Abigail fue desaparecida en la ciudad de México el 21 de agosto del 2013, a sus 19 años de edad, cuando salió de su casa en la delegación GAM. “No han hecho nada, nada, nada las autoridades, es muy doloroso venir porque el día del Desaparecido es un día más que ella no está. Mi esposo trabaja, mi otra hija está con su bebé y a mí me operaron de un tumor de la cabeza hace un mes, aun así, vine a esta manifestación porque mi hija lleva 5 años sola y es mi única manera de acompañarla”.
A su lado estaba Manuel Ramírez, padre de Alejandra que fue desaparecida en diciembre del 2004, cuando estudiaba sicología en la UNAM. “La búsqueda ha sido larga, difícil, llena de obstáculos, las autoridades solo simulan que buscan. Estar aquí este día significa dolor, pero tengo esperanza de encontrarla, de que alguien pueda ver su foto y la reconozca”. Su hija fue desaparecida por tres policías ministeriales de Ecatepec, dijo, dos de los cuales han salido en libertad por violación al debido proceso.
También acudió Cristina Bautista Salvador, madre del normalista de Ayotzinapa Benjamín Ascencio, desaparecido la noche del 26 de septiembre del 2014 durante los ataques en Iguala.
A medio día una marcha que salió del Ángel de la Independencia al Zócalo, convocada por los colectivos Comité Cerezo, H.I.J.O.S en reclamo por la presentación con vida de los opositores políticos que, desde la Guerra Sucia hasta nuestros días, han sido desaparecidos por el Estado mexicano.
Desapariciones forzadas y control del territorio
Por la tarde el Comité Cerezo presentó el libro “Vivos los queremos” en el que se denunció que las desapariciones, forzadas y aquellas perpetradas por particulares, son uno de los temas más álgidos de los últimos dos sexenios.
“La desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento, de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, señala el libro.
En la presentación se denunció que, en las investigaciones judiciales, cuando las hay, la pista termina con algún grupo del crimen organizado como responsable.
“Frente a eso, se ha generado una discusión interesante entre grupos de familiares y defensores de derechos humanos: ¿por qué no extender el concepto de desaparición forzada a todas las desapariciones? De esta manera se podrán utilizar los recursos legales y financieros, nacionales e internacionales, para buscarlos a todos”, se lee en el libro.
El libro explica que México tiene dos etapas distintivas en el tema de la desaparición forzada: una que abarca los años sesenta y setenta del siglo XX, en el contexto de la guerra sucia; y la otra etapa, iniciada a finales de los años ochenta y que remontó en el 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico.
Con cifras en la mano, el documento da cuenta de cómo es que la guerra contra el narco no ha limitado en absoluto la producción y el trasiego de drogas. En cambio, sí ha violado los derechos humanos de forma exponencial. Si a eso se suma que la mayoría de las víctimas de desaparición forzada no estaban vinculadas al crimen organizado, la conclusión entonces es que la guerra contra el narcotráfico responde más a una lógica de control y desplazamiento social que al combate al narcotráfico.
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