Ciudad de México.- Genaro García Luna todavía era un alto funcionario del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) cuando usó empresas fachada para comprar bienes raíces, acusó esta madrugada la Fiscalía de Estados Unidos. Al argumentar ante el Juez que no debe ser beneficiado con la libertad bajo fianza, calificó al ex Secretario de Seguridad Pública federal de “arrogante” y “descarado”. Dijo que compró secretamente a través de empresas fantasmas –incluso triangulando a Panamá– bienes raíces por millones de dólares y hasta un yate.
García Luna diseñó y condujo la “estrategia” de Calderón Hinojosa supuestamente contra los cárteles mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía de aquel país, lo que el ex Secretario de Seguridad Pública federal hizo en esos años fue favorecer al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de todos los tiempos; también se cree que cuidó los intereses de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera; de Ismael “El Mayo” Zambada y de Héctor Beltrán Leyva.
La estrategia de Calderón y de García Luna condujo a un disparo en el número de homicidios dolosos en México, un violento estallido que no ha sido controlado por ningún Gobierno hasta la fecha y que ha causado la muerte de cientos de miles de mexicanos.
Una nota al pie de página del documento presentado por los fiscales a la corte afirma que el hermano de “El Mayo”, “El Rey” Zambada, personalmente entregó bolsas de efectivo a Genaro García Luna. Los fiscales escribieron en los documentos de la corte: “El Cártel de Sinaloa insistió en reunirse cara a cara con funcionarios corruptos para ciertos pagos de sobornos, a menudo en áreas privadas de restaurantes”.
En el documento presentado ante el Juez, la parte acusadora tiene un apartado que dice: “La evidencia de los crímenes del acusado es fuerte”. Allí dice que García Luna no puede ser beneficiario de la libertad condicionada.
Agrega: “La fuerza de la evidencia contra el acusado también pesa mucho a favor de la detención. Como se describe en el memorando gubernamental del 10 de diciembre de 2019, se espera que numerosos testigos cooperantes, incluidos varios ex miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, testifiquen sobre los millones de dólares en sobornos pagados al acusado a cambio de su protección para sus actividades de narcotráfico”.
“Las cuentas de los testigos son corroboradas por los registros financieros del acusado, que reflejan que continuó viviendo de los millones de dólares en sobornos que el Cártel de Sinaloa le pagó como parte de su papel en la conspiración del narcotráfico. Desde el arresto del acusado, el caso del Gobierno [de Estados Unidos] sólo se ha fortalecido, ya que ha identificado testigos adicionales contra el acusado y numerosos registros financieros adicionales asociados con él”, indica.
“El acusado busca sembrar dudas en la fuerza de la evidencia en su contra atacando la credibilidad de Jesús Zambada García, también conocido como ‘El Rey Zambada’, quien testificó durante el juicio de Guzmán Loera. En ese juicio, ‘El Rey’ Zambada testificó que, al menos en dos ocasiones, se reunió personalmente con el acusado en un restaurante y le entregó maletines con entre 3 millones y 5 millones de dólares a cambio de la garantía del acusado de que ayudaría al Cárcel de Sinaloa”, sostiene.
“El acusado cuestiona la veracidad de este testimonio, alegando, sin ninguna base aparente, que el Cártel de Sinaloa no tendría acceso a billetes de 100 dólares en México, lo que hace que los supuestos pagos en efectivo sean demasiado voluminosos para ser entregados al acusado. El Cártel de Sinaloa es la organización de narcotráfico más grande del mundo, que existe únicamente para canalizar drogas hacia los Estados Unidos”, afirma el documento presentado ante la corte.
El acusado “también argumenta –continúan los fiscales– que no tiene los activos financieros para huir, alegando que no tiene activos líquidos. Como asunto inicial, el argumento de dificultades financieras pone a prueba la credibilidad cuando ha ofrecido simultáneamente asegurar su fianza con bienes inmuebles valorados en un millón 200 mil dólares como garantía. En particular, la investigación del Gobierno ha revelado que el demandado, además de los bienes raíces antes mencionados, ha adquirido varias otras propiedades inmobiliarias en los últimos años que, en total, están valoradas en casi cuatro millones de dólares. Y, sin embargo, el acusado afirma que no tiene los recursos financieros para cruzar la frontera con México”.
Además, “debe tenerse en cuenta que la investigación del Gobierno ha revelado que, en el transcurso de varios años, el acusado ha utilizado varias técnicas para disfrazar el tamaño de sus verdaderas participaciones financieras, incluido el uso de compañías fantasmas y compradores falsos para adquirir activos. A modo de ejemplo, en octubre de 2012, mientras el acusado seguía siendo un funcionario mexicano, utilizó una compañía con sede en Florida para comprar una residencia de 5,099 pies cuadrados en Golden Beach, Florida, por más de tres millones de dólares, pagado en efectivo”.
“El demandado no figuraba en ninguna parte de las presentaciones públicas de esa empresa, pero de todos modos se mudó a la residencia de Golden Beach con su compra y, posteriormente, adquirió un yate privado, ocultando su interés de propiedad a través de su adquisición a través de esa empresa. Del mismo modo, en 2016, el acusado usó otra compañía con sede en Florida para pagar la matrícula de la escuela privada de sus hijos. El acusado no figuraba en ninguna parte de las presentaciones públicas de esa empresa. La investigación del Gobierno ha revelado que el acusado ha utilizado esta estrategia durante años, enmascarando sus activos y su adquisición con el uso de compañías fantasmas y compradores falsos”, argumentaron los fiscales ante el Juez.
“La investigación del Gobierno ha revelado que el acusado ha recibido constantemente millones de dólares en fondos, tanto a través de compañías con las que está afiliado públicamente como a través de compañías fantasmas, que se originan fuera de los Estados Unidos y México. A modo de ejemplo, los fondos utilizados por una empresa para comprar la residencia Golden Beach se originaron en una compañía en Panamá. Por lo tanto, es probable que, en caso de que huya de los Estados Unidos, el acusado pueda mantenerse fácilmente a sí mismo y a su familia económicamente a través de fondos que se originen fuera de los Estados Unidos o México”, dice el argumento de los fiscales.
Hay un momento en el que la parte acusadora se indigna ante García Luna por “arrogante y descarado”.
“El hecho de que el acusado no huyó de los Estados Unidos después del juicio de Guzmán Loera no es evidencia de una conciencia inocente, sino que refleja su creencia de años de que podría participar en actividades delictivas con impunidad y sin consecuencias. Tal descaro y arrogancia no deberían redundar en su beneficio”, señala.
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