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Por: Noticiascaracol.com / AFP
México.- Aulio Isarama Forastero compartía con la gente de alto Baudó cuando llegaron sus verdugos. Lo mataron de un disparo.
El homicidio ocurre en medio de una oleada de crímenes contra líderes sociales en Colombia, que según la Defensoría del Pueblo ha acabado con la vida de 199 activistas en los últimos 22 meses.
Aulio Isarama Forastero, gobernador del resguardo Catru Dubaza Ancoso del Alto Baudó, en el selvático departamento de Chocó, fue asesinado la noche del martes, informó este miércoles la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
“El gobernador (…) se encontraba realizando las actividades en su comunidad cuando aproximadamente cinco hombres armados identificados con prendas del ELN, del frente Resistencia Cimarrón, lo intimidan y se lo llevan bajo engaño, diciendo que van a hablar con los jefes de ellos”, indicó la ONIC en un comunicado.
“Alrededor de dos horas después, cerca de las 7:00 p.m., la comunidad escucha varios tiros, a lo que creen fue en ese momento cuando acabaron con la vida de la autoridad indígena. Posteriormente, este grupo armado envía la razón a la comunidad, que pueden ir a reclamar el cuerpo”, agregó.
En un audio enviado a la AFP, la guerrilla dijo que el hecho está bajo investigación.
Tanto la oficina en Colombia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos como la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos condenaron el homicidio.
Policía indicó en un boletín que según versiones de las comunidades el gobernador había recibido “amenazas recientes” y que las autoridades investigan el crimen.
Oscuro panorama para líderes en Colombia
Uno a uno han ido cayendo y ya suman 199 en 22 meses. Nadie sabe quién los está matando, pero lo cierto es que en Colombia proteger desde el agua hasta los derechos humanos está costando la vida, reconoce la Defensoría del Pueblo.
Y lo más desconcertante: son muertes en tiempos de paz. Desde enero de 2016, cuando la entonces poderosa guerrilla de las FARC estaba en tregua unilateral, hasta la fecha, en la que ya dejó las armas y se convirtió en partido, han muerto casi 200 líderes sociales.
Los están asesinando porque “son defensores del agua, son defensores para que no haya minería ilegal; son defensores para que no haya reclutamiento (de menores), son defensores para que no se cultive hoja de coca en sus zonas“, afirma Carlos Negret, defensor del Pueblo.
Uno de los casos más recientes fue el de Bernardo Cuero, líder de víctimas que fue asesinado en la puerta de su casa en el Atlántico. Antes de su muerte ya había sido víctima de un atentado, pero solo le dieron un chaleco antibalas y un celular, los cuales no fueron suficiente para salvarle la vida.
Este fue su caso:
Aún con el desarme de la que fuera la más antigua y poderosa guerrilla de América, todavía están activos el ELN, disidentes de las FARC y bandas de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico y/o la extracción ilegal de oro y coltán.
El gobierno de Juan Manuel Santos, que se comprometió en los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 a proteger a los excombatientes y a los activistas de derechos fundamentales, difiere con las cifras de la Defensoría del Pueblo.
Reviva el especial de Los Informantes sobre este peligroso oficio:
Según Negret, algunos de los muertos no son considerados líderes sociales porque bien militan en algún partido de izquierda o forman parte de algún órgano comunitario de Gobierno. Un caso relacionado es el de Jorge Luis García, quien trabajaba para resocializar a jóvenes en Cartagena.
A García la muerte le llegó a domicilio:
Más allá de las diferencias en la categorización de las víctimas, el defensor del pueblo espera que sea la Fiscalía la que concluya si esos homicidios son parte de una campaña sistemática, de momento negada por el Gobierno, aunque denunciada por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido de las exguerrilla de las FARC.
Pero lo evidente es que los líderes sociales están cayendo allí donde hay minería ilegal, recursos naturales o narcocultivos de coca o marihuana. Pero como ya el Estado y las FARC no están enfrentados, “el actor es un tercero que no podemos identificar” sostiene Negret.
Rostros
Entre las casi 200 víctimas que maneja la Defensoría del Pueblo hay negros, indígenas, mujeres.
La más reciente fue José Jair Cortés, un dirigente negro de 38 años, con esposa y sin hijos que fue muerto a balazos el 17 de octubre en Tumaco, el municipio con más narcocultivos de este país, que es a su vez el que más produce y exporta cocaína en el mundo.
Amenazado de muerte, Cortés alentaba la sustitución de los plantíos de coca y estaba bajo un esquema de protección que incluía un chaleco antibalas y un celular.
Así fue el crimen del líder tumaqueño:
En enero Emilsen Manyoma y su esposo Javier Rodallega fueron acuchillados en Buenaventura. Manyoma, de 31 años, había denunciado la presencia de paramilitares y el tráfico de drogas en ese puerto sobre el Pacífico.
Tras varios días sin noticias, al fin dieron con su paradero:
Al líder indígena Ezquivel Manyoma lo mataron el 7 de octubre en el selvático departamento de Chocó. El asesinato de Manyoma fue atribuido por su comunidad a grupos paramilitares que buscan control territorial.
“Sigue siendo peligroso ser defensor de Derechos Humanos y ser líder social porque las cifras son tozudas”, dice Negret.
Pese a los dos centenares de homicidios, el ombudsman reconoce que sin el acuerdo con las FARC “los homicidios serían superiores”.
Pero llama la atención porque, según señala, el Gobierno no atiende un sistema de alertas tempranas de su oficina ideado para evitar las vulneraciones a los derechos humanos, que el pacto de paz pretende impulsar.
Ahora espera resultados del compromiso oficial de fortalecer este mecanismo tras la ola de asesinatos.
Aunque recuerda con cierta impotencia que en marzo alertaron al gobierno de amenazas contra dos líderes. Obtuvieron respuesta oficial cuatro meses después, cuando a ambos su activismo ya les había costado la vida.
En ese momento, se reportó que en el último año habían muerto ya 120 líderes sociales.
