Jaime GUERRERO| El Piñero
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades de Oaxaca en la Cuenta Pública 2021 por un monto de 1 mil 169 millones de pesos, que involucra a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” (UABJO), el Poder Judicial y diversos municipios.
De acuerdo a un comparativo, Oaxaca se ubica dentro de los 12 estados del país con mayores irregularidades en el manejo de los recursos federales.
De las auditorías practicadas, la ASF informó que derivaron 48 pliegos de observaciones, 23 recomendaciones, cinco promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, tres solicitudes de aclaración y 39 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora.
Frente a ello, la diputada Liz Hernández Matus, pidió a las autoridades fiscalizadoras y en materia de procuración e impartición de justicia, para que en el ámbito de su respectiva competencia se sancione a los servidores públicos que hayan cometido irregularidades en detrimento de la hacienda pública federal, y de ser procedente, se consiga el resarcimiento de los daños causados.
“Asimismo se detalla el incumplimiento reiterado de la Ley de Coordinación Fiscal y la existencia de diversas anomalías en el manejo y ejecución de subsidios a cargo de organismos descentralizados de carácter estatal”, detalló.
Esas anomalías, destacó, exhibe la ineficacia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, de los órganos internos de control municipal y la inoperancia de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Desde el Congreso de Oaxaca, el grupo parlamentario de Morena exige castigo para los exfuncionarios de la administración del exgobernador, Alejandro Murat Hinojosa, por corrupción en el manejo de los recursos federales, urgió.
“En Oaxaca no debe prevalecer aún más la impunidad ante los abusos cometidos al amparo del servicio público y de las instituciones”, declaró Liz Matus.
Y es que la ASF determinó en sus informes, un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 311 millones 256 mil 508 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), entregados a Oaxaca en el ejercicio fiscal 2021.
De acuerdo al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, el órgano fiscalizador presume un probable daño por un monto de 298 millones 802 mil 478 pesos por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto del FASSA 2021.
Lo mismo, un probable perjuicio por un monto de 10 millones 35 mil 286 pesos por no proporcionar evidencia de la distribución de 15 mil 353 tarjetas de despensa, ni evidencia de que se ajustaron al monto contratado.
Además, presume un probable daño por un monto de 2 millones 249 mil 410 pesos por pagar 805 mil 292 pesos a 2 trabajadores que no acreditaron el nivel académico requerido en el catálogo sectorial de puestos y por pagar 1 millón 444 mil 118 pesos sin proporcionar la documentación que acredite el perfil de puesto de 4 trabajadores.
También presume un probable daño por un monto de 169 mil 331 pesos por realizar pagos posteriores a la fecha en la que causaron baja 4 trabajadores y por no proporcionar la documentación del monto total observado de cada uno.
Asimismo, solicita la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a los SSO en materia de declaración y entero de retenciones del Impuesto sobre la Renta de Sueldos y Salarios realizados durante el ejercicio fiscal 2021, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Y es que los SSO realizaron retenciones a los trabajadores por concepto de Cuotas del ISSSTE, Amortización FOVISSSTE, Seguro FOVISSSTE y Ahorro Solidario, por un importe de 337 millones 77 pesos; sin embargo, los SSO no proporcionaron la totalidad de la documentación comprobatoria de los enteros de las cuotas y aportaciones del ISSSTE.
Irregularidades en autopista a la Costa
En tanto, el órgano fiscalizador de la Federación determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 88 millones 2 mil 923 pesos, en el ejercicio fiscal 2021, en la construcción de la carretera Barranca Larga-Ventanilla del kilómetro 135+000 al km 178+000, en el Oaxaca.
En la obra se estiman recursos por 8 mil 234 millones de pesos. La inversión se realiza a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que administra el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
La construcción tiene por objetivo contar con una carretera tipo A2 (dos carriles), en un ancho de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros. Se prevé que los trabajos generen mil 800 empleos directos y 3 mil 500 indirectos.
Se estima un tránsito diario promedio anual de 4 mil 253 vehículos que podrán circular a velocidades de entre 90 a 110 kilómetros por hora a través de esta vialidad.
Los municipios y comunidades oaxaqueños por donde atravesará la autopista Barranca Larga-Ventanilla serán: Ejutla de Crespo, Yogana, San Vicente Coatlán, Miahuatlán, San Pablo Coatlán, San Sebastián Coatlán y Santa María Colotepec. Así como Barranca Larga, Santiago Yogana, San Vicente Coatlán, Santa Catarina Coatlán, San Pedro Coatlán, San Antonio Lalana, San Isidro Comitlán y Santa María Colotepec.
La ASF observó que en el 2021, hubo pagos en exceso en 44 millones 546 mil 400 pesos en dos contratos de obra pública, por concepto de gastos no recuperables en los rubros de maquinaria y equipo, y reclamos de costos indirectos, sin contar con la documentación soporte.
Además, 13 millones 236 mil pesos de pesos en dos contratos de obra pública, en los conceptos no previstos en los catálogos originales denominados “Obras inducidas”, ya que no se precisan los costos, cantidades y rendimientos de los insumos o materiales, maquinaria, equipo, mano de obra y otros que intervienen en dichos conceptos, así como, en su caso, los básicos correspondientes, la documentación de soporte y los apoyos necesarios para sus autorizaciones.
Lo mismo, 8 millones 160 mil pesos en dos contratos de obra pública, por concepto de factor de actualización, debido a que para ambos cálculos se utilizó como índice para la mano de obra, el salario mínimo, cuando se debió utilizar la Unidad de Medida y Actualización.
También, 17 millones 307 mil pesos, en los conceptos números 5 “Excavación de cortes…cuando el material se desperdicie” y 11 “Abatimiento del talud, (incluye acarreos a bancos de desperdicio)…”, debido a que la distancia de acarreo fue menor de la considerada en los precios unitarios; y 140 mil 500 pesos, en el concepto 34, “Base hidráulica…”, debido a que se constató que en lugar de material de banco, se utilizó material producto de corte y que se utilizó agua de arroyos y ríos ubicados dentro del derecho de vía por lo que no se pagaron regalías.
Asimismo, 3 millones 131 mil 300 pesos, integrados por 88 mil 700 pesos en el concepto núm. 10 “Construcción de terraplenes para formar la subrasante, compactada al 95 por ciento” debido a que el volumen pagado de 388.00 m3 corresponde al concepto núm. 11 “Compactación de la cama de corte a 95%” y 3 millones 42 mil 600 pesos en el concepto 12 “Construcción de terraplenes para formar la subrasante, compactada al 100%”.
Lo anterior, debido a que se constató que en lugar de material de banco, se utilizó material producto de corte, la distancia de acarreo fue menor de la considerada en el precio unitario, y se utilizó agua de arroyos y ríos ubicados dentro del derecho de vía por lo que no se pagaron regalías.
Los mismo, 1 millón 625 mil 500 pesos, en un contrato de servicios en los conceptos números 1 “Informes de trabajo previo al inicio de la obra”, 2 “Informes quincenal” y 3 “Informes mensual de la obra con comité técnico del fideicomiso de administración”, sin acreditar que en dichos conceptos se ocuparon personal de varias categorías, ni equipos que forman parte de las matrices de los precios unitarios.
