Vicente Bello
Ciudad de México.- Luego de que el PRI, Pvem, Panal y Pes rechazaron -´por el momento, turnando la solicitud a comisiones- la propuesta opositora de solicitar a la Comisión Permanente que convoque al Congreso de la Unión a un Periodo Extraordinario de Sesiones, para quitar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, diputados como Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, reiteraron en comisiones su exigencia a la celebración de un periodo extra para revisar el IEPS.
Antes, durante la sesión de la Permanente, Candelaria Ochoa propugnó por que sea reducido el IEPS, del 37.7 por ciento al 10 por ciento.
En la tribuna de la Comisión Permanente, Ochoa insistió: “Ante el vacío causado por la falta de voluntad del presidente Peña Nieto, el Congreso tiene que actuar y revertir el golpe que se ha dado a todos los ciudadanos”.
Y apostillaba: “Necesitamos la voluntad de todos, necesitamos que todos los partidos aquí presentes y todas las fracciones parlamentarias vayamos juntos por la ciudadanía”.
En realidad, la Permanente recibió ayer 13 iniciativas de diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios para rebajar o de plano quitar el IEPS en el precio de las gasolinas y el diesel.
El PAN, en cambio, sólo plantea rebajar el IEPS al 50 por ciento, “con el propósito –argumentó a través de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos- de conseguir una disminución real al precio de los combustibles y aminorar los efectos negativos por la liberación de los precios anunciados por el gobierno”.
Otra iniciativa presentada tuvo como motivo central la eliminación de la disposición sobre liberación de precios de combustibles, que presentó la diputada del PRD Cristina Gaytán Hernández, quien propuso derogar los artículos Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, “con el objetivo de eliminar la disposición que establece que durante el 2017 y el 2018 los precios al público de gasolinas y diesel se determinarán bajo las condiciones de mercado”.
Con ello, argumentó la perredista, “se busca enfrentar y revertir la liberalización del precio de la gasolina y del diesel, pues al cancelarse la anticipación de esta liberación, se abriría un margen de un año en el cual el precio solo se ajustaría conforme a la inflación. En ese lapso, se pueden generar alternativas para mejorar el abasto de combustibles, así como disposiciones ambientales”.
Incluso, otro perredista, Miguel Barbosa, planteó exhortar a las comisiones de Hacienda y Energía de la Cámara de Diputados para que dictaminen una iniciativa que tienen en el archivo, sobre la creación de la Ley que Fija las Bases para el Establecimiento de Precios Máximos de los Combustibles Necesarios para la Economía Nacional y el Consumo Popular.
Dicha ley, dijo en la tribuna Miguel Barbosa Huerta, “tendría como propósito determinar los límites a los que estarán sujetos los precios máximos de venta al público; indicar que los precios máximos serán determinados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mediante la expedición de disposiciones de aplicación general; señalar que los titulares de permisos de distribución y expendio al público de gasolinas, diesel y gas licuado de petróleo, y tendrán la obligación de reportar a la CRE los precios de venta al público de los productos”.
El grupo parlamentario Morena, en voz de la diputada Rocío Nahle García, presentó una iniciativa de reforma constitucional en la que, de plano, plantea la anulación de la privatización energética, a la que le ha achacado la crisis actual de las gasolinas.
Y apostilló que esto sería “con el fin de establecer que la exploración y extracción del petróleo y transformación en petrolíferos y petroquímicos, así como el control y distribución de energía eléctrica solo se realizará a través de empresas productivas del Estado”.
Rocío Nahle, a quien el PRI centró críticas mordaces que procuraban descalificarla, dijo que “con estos cambios corresponderá a la nación el generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público; señalar que no se otorgarán concesiones a los particulares; determinar que no constituirán monopolios las funciones del Estado que ejerzan en relación con el petróleo y los demás hidrocarburos, así como de petroquímica básica, y estipular que las alianzas o asociaciones que celebren las empresas productivas del Estado serán aprobadas, en exclusiva, por la Cámara de Diputados”.
Al final, el PRI consintió –con el apoyo del Pvem, Pes y Panal- en la aprobación de un punto de acuerdo, mediante el cual la Comisión Permanente ha convocado a los titulares de las Secretarías de Hacienda, Energía, y de Petróleos Mexicanos, Profeco, Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía, para que se reúnan ante diputados y senadores y expliquen “las razones sobre el precio de las gasolinas”.
En el mismo acuerdo (exhorto), el PRI permitió también que el Congreso pida a la Secretaría de Hacienda a que precise la forma como serán aplicados los incrementos en el precio de las gasolinas, en las 90 regiones en que, para dicho efecto, dividieron el país.
Previamente, el PRI y sus amigos rechazaron las propuestas opositoras (Morena, Pan, Prd y Movimiento Ciudadano) de convocar a un periodo extraordinario de sesiones dedicado a quitar o rebajar el IEPS a las gasolinas y el diesel.
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