VICENTE BELLO/ TREN PARLAMENTARIO
México.- Por estos días, el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto han estado negociando subrepticiamente con sectores muy rancios de la oposición en el Congreso mexicano en torno de la construcción de la Ley General de Seguridad Interior.
Priístas de las dos Cámaras del Congreso se han estado reuniendo en conciliábulos con legisladores del Partido Acción Nacional, del Pvem, Pes y Panal. Lo hacen a sabiendas de que, cada día que pasa, hay más gente de las organizaciones sociales –la sociedad civil la llamaba Carlos Monsiváis- que se están oponiendo por antonomasia a una ley que encaminada está a empoderar todavía más al ejército y a la marina mexicanos.
A decir de opositores en el Congreso de la Unión, el gobierno y el PRI han desplegado una estrategia propagandística infame, cuyo común denominador es el engaño y la mentira. Y ejemplifican que priístas y hombres de Enrique Peña Nieto como lo es Miguel Ángel Osorio Chong, encargado del despacho de Gobernación, han estado pretendiendo engatuzar a la gente insistiendo en que dicha ley no militarizará al país, y que establecerá límites en cuanto a los tiempos en que todavía tendrán que permanecer en las calles los soldados y los marinos.
En sus declaraciones, los oficialistas soslayan sin embargo lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos y diputados y senadores de la oposición señalan, en el sentido de que es una ley que considera la posibilidad jurídica de que los militares puedan –de acuerdo con criterios propios- decidir detener a quienes se estén manifestando en contra de autoridades o entidades públicas.
De acuerdo con este criterio, planteado por los promotores de las iniciativas (recuérdese que en el Senado una iniciativa la presentó Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, y en la Cámara de Diputados la presentó César Camacho Quiroz, el diputado capataz del PRI), los militares estarían facultados para interpretar cuándo una manifestación estaría atentando en contra de la seguridad nacional…
Y, lo más grotesco, es que incluso en una de esas iniciativas –la de Roberto Gil- hasta se plantea el uso de disparos con armas de fuego para hacer valer ese nuevo “Estado de derecho”…
Una ley que, además, permitiría a militares, sin tener ahora que estarse ocultando, tender redes de espionaje no sólo contra presuntos delincuentes, sino también contra partidos políticos, organizaciones sociales y contra periodistas.
En realidad, los teléfonos de mucha gente ya han comenzado a sonar “huecos” desde hace un buen tiempo. ¿Quién vigila? La psicosis abarca ya amplios sectores sociales. ¿Será alguna de las agencias estadounidenses que asentadas están en México desde que Vicente Fox firmó el Plan Mérida? ¿Es el ejército, la marina, o la Secretaría de Gobernación?
La sociedad mexicana es una sociedad vigilada desde hace un buen tiempo. Pero, hasta el momento, esta práctica muy propia de los Estados fascistas todavía es ilegal en el país, salvo que haya un permiso de por medio de algún juez.
A partir de que aquella ley cuaje –cosa que el PRI y el gobierno de Peña quieren que así ocurra a más tardar el 30 de abril próximo-, entonces será una práctica legal, sin consecuencias jurídicas para quienes lo hagan desde el ejército y la marina.
Bastará que un mando del ejército ejerza un criterio de sospecha contra alguna persona o institución social para que el espionaje se tienda como la mala yerba sobre los caminos, andurriales, pueblos, ciudades y recodos de todo el país.
Detrás de esta urgencia legislativa estaría la pretensión de inhibir a la sociedad mexicana a participar en los reclamos hacia las autoridades. Meterle miedo a la gente mediante la provocación de la psicosis para que no participe social ni políticamente.
De esta manera, al gobierno le saldría más fácil la siembra de sus “verdades históricas”, como aquella que pretendió sembrar Jesús Murillo Karam respecto de los hechos de Iguala, Guerrero, aquella noche del viern4es 26 de septiembre de 2014, en que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
ESTRIBO
De 2000 a la fecha han sido asesinados en México más de 120 periodistas. El viernes reciente, en Ciudad Altamirano, estado de Guerrero, fue encontrado muerto el periodista Cecilio Pineda.
Fue encontrado con múltiples disparos tres horas después de que había transmitido en vivo, a través de las redes, comentarios en los que relacionaba criminalmente al gobierno del estado con un grupo criminal de la región conocida como Tierra Caliente.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que debido a las alertas de riesgo que el mismo Cecilio Pineda había lanzado al aire, respecto de que había sido amenazado de muerte, se le ofreció sacarlo de Ciudad Altamirano; pero el periodista –dijo Campa- “decidió quedarse”.
En lo que fue su última transmisión, Cecilio Pineda acusó al gobernador Astudillo de estar coludido con un criminal de marca mayor conocido como El Tequilero. E hizo mención de un diputado local del PRI, de nombre Saúl Beltrán Orozco, de estar también en complicidad con el presunto criminal.
Ayer, en los territorios del Poder Judicial, un juez puso contra las cuerdas una ley que en la ciudad de México ha sido considerada a todas luces injusta: el reglamento de tránsito de la ciudad de México fue tildado de inconstitucional en su capítulo sancionatorio de las fotomultas.
El promotor de dicho reglamento, Miguel Ángel Mancera, utilizó una empresa privada para instalar miles de cámaras fotográficas por toda la ciudad, para multar a quienes se pasen un alto o invadan la franja destinada para los motociclistas.
