Silvia Arellano / Milenio
CDMX.- De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), existen 47 grupos de delincuencia organizadainvolucrados en la trata de personas para fines sexuales y laborales; se encuentran en México, Centroamérica y Estados Unidos y operan principalmente en 18 entidades de nuestro país.
La publicación “Al día las cifras hablan”, un análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, dio a conocer que en 2016 la PGR inició 571 averiguaciones previas por trata.
De éstas, 15.9 por ciento fueron consignadas y únicamente 1.9 por ciento terminó en sentencias condenatorias, con un total de 12 individuos castigados.
El documento señala que en el ámbito local, entre el 15 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2015, se iniciaron mil 458 averiguaciones por este ilícito, de las cuales 27 por ciento derivaron en consignaciones y solo 18.4 por ciento en sentencias condenatorias, con 108 sentenciados.
Precisó que Puebla, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Baja California y Estado de México concentraron 76 por ciento del total de las averiguaciones en el ámbito local. Asimismo, a escala nacional se identificaron 363 municipios considerados de alta vulnerabilidad y 464 de vulnerabilidad media.
El estudio indicó que a escalas internacional y nacional, Tlaxcala es considerado como una de las entidades con los más altos índices del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
“Diversos testimonios dan cuenta de que en México la trata es un negocio constituido por redes de complicidad entre el poder político, económico, el crimen organizado y hay nexos con hombres propietarios de negocios sexuales metidos en la política”, subrayó.
El análisis retomó los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que revelan que entre 25 y 80 mil pesos es el pago a policías ministeriales para congelar una investigación, y de 800 mil pesos a las autoridades municipales para que no preceda un operativo; además, se calcula que las organizaciones invierten más de 100 mil pesos para la defensa de responsables del delito de trata de personas.