Luis Velázquez
30 de diciembre de 2017
ESCALERAS: El mismo día, sábado 23 de diciembre, cuando Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud, fue detenido en Atlixco, Puebla, luego de cinco meses como prófugo de la justicia…
Y cuando Miguel Ángel Yunes Márquez se registró como precandidato del PAN a la gubernatura…
Y cuando el doctor Gerardo Ahued Bardahuil, hermano de Ricardo, precandidato de MORENA al Senado, fue liberado…
El nuevo ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior (que en el duartazgo callaba los trastupijes) interpuso una denuncia penal en la Fiscalía en contra, ni más ni menos, que del diputado federal Alberto Silva Ramos, como el último director de Comunicación Social del sexenio anterior.
Fue, ahora, por 215 millones 653 mil 549 pesos.
Y fue lo que el ORFIS llamó, de manera técnica y pomposa, “empresas no localizadas” y que en lenguaje popular se llaman “empresas fantasmas”, es decir, existentes sólo en la imaginación truculenta de los políticos pillos y ladrones.
Además, el titular del ORFIS, Antonio Lorenzo Portilla Vázquez descubrió que por ningún lado encontraron “evidencia documental suficiente y competente respecto a las operaciones efectuadas” (Notiver, 24 de diciembre, 2017).
El ex presidente municipal de Tuxpan (quien dejó inconclusa la alcaldía), ex secretario de Desarrollo Social (cargo efímero), dos veces director de Comunicación Social y ungido para el fuero como diputado federal, ha sido juzgado en el carril político, social y mediático y está condenado.
Falta el dictamen de la Fiscalía, donde tiene denuncias penales por más de dos mil 200 millones de pesos, toda vez que el par de solicitudes de desafuero en el Congreso de la Unión interpuestas por la Fiscalía fueron descarriladas por el coordinador de la bancada roja, Carlos Camacho Quiroz.
PASAMANOS: El estercolero en el área de Comunicación Social del duartazgo resulta insólito.
De entrada, el vocero yunista, Elías Assad Danini, denunció en su comparecencia en la LXIV Legislatura que Javier Duarte gastó más de trece mil millones de pesos “maiceando” a los dueños de los medios impresos, hablados y digitales.
La primera vocera duartiana, María Georgina Domínguez, presa en el penal de Pacho Viejo, “se lavó las manos” y dijo que Alberto Silva es el responsable del desvío de dos mil millones de pesos.
Silva, por el contrario, le reviró, inculpándola.
El Fiscal fue rebasado por el tráfico de influencias políticas en el Congreso federal y el operativo para el desafuero falló por completo, a tal grado que el gobernador Yunes advirtió a Silva Ramos y Tarek Abdalá que “se veían a la salida”, es decir, cuando el año entrante terminen su periodo constitucional como legisladores y queden sin fuero.
Echado para adelante, Alberto Silva se casó, cacareando en las redes sociales su gran boda, casi casi, pitorreándose de Jorge Wínckler.
Ahora, el ORFIS ha interpuesto nueva denuncia penal en la Fiscalía y sólo resta cruzar los dedos para que a Wínckler le alcance el tiempo con tantas querellas de por medio, pues “la ordeña” de la secretaría de Finanzas y Planeación con los fondos federales y estatales fue insólita, mejor dicho, grandes sorpresas que siguen conociéndose.
CASCAJO: Gina y Silva “se han curado en salud”. Uno y otro se han declarado ángeles de la pureza. El ORFIS lo mira de otra forma. El gremio reporteril y los magnates periodísticos saben, y saben bien, los alcances del sexenio anterior.
Lo peor de todo es que uno y el otro, igual que el resto de duartistas presos en el penal de Pacho Viejo, también proclaman su verticalidad.
Flavino Ríos: “Duarte era mi amigo, pero nos engañó a todos”.
Antonio Gómez Pelegrín: “Yo le decía que estaba mal desviar recursos, pero no me hacía caso”.
Nemi Dib: Yo soy honesto. Corrupto fue Pablo Anaya Rivera y deshonesto Fernando Benítez Obeso, que me denunció.
Mauricio Audirac Murillo: Los culpables son Ricardo García Mendoza (Contralor) y Gómez Pelegrín (el último titular de SEFIPLAN).
Édgar Spinozo: “Javier Duarte nos empinó a todos”.
Fidel Herrera Beltrán: “Hizo cosas que no esperaba”.
Vicente Benítez: “En mi agenda no está visitar a Duarte en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México”.
Pero oh paradoja, Juan Manuel Portal terminó su periodo como Auditor Superior de la Federación, ASF, y en su tiempo interpuso más de cincuenta denuncias penales en la Procuraduría General de la República, PGR, por irregularidades en la entrega de los recursos federales a los beneficiados.
Por eso, la PGR solicitó la extradición de Javier Duarte al gobierno de Guatemala y por eso mismo la Fiscalía yunista tiene a once duartistas en el penal de Pacho Viejo.
Más los que faltan…
RODAPIÉ: Los políticos han convertido al país en un estercolero.
Por ejemplo, el año termina con un total de diecisiete ex gobernadores acusados de corrupción.
Presos: Andrés Grannier, de Tabasco. Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, Tamaulipas. Roberto Borge, Quintana Roo. Javier Duarte, Veracruz. Flavino Ríos, Veracruz, en arraigo domiciliario. Jesús Reyna, de Michoacán. Guillermo Padrés Elías, Sonora. Juan Sabines, Chiapas. Luis Armando Reynoso, Aguascalientes. Narciso Agúndez Montaño, Baja California Sur, detenido y liberado. Rodrigo Medina de la Cruz, Nuevo León, detenido y liberado.
Prófugos de la justicia: César Duarte, Chihuahua. Jorge Torres, Coahuila. Humberto Moreira, de Coahuila.
Investigados: Jorge Herrera Caldera, Durango. Y Gabino Cué, Oaxaca.
El politólogo Carlos Ronzón Verónica dice que el número de presidentes municipales ligados a los carteles y cartelitos resulta incalculable en el país.
Y recuerda que cada seis años (presidentes de la república y gobernadores) y cada cuatro años (alcaldes) suelen aparecer nuevos ricos, nuevas fortunas familiares construidas a la sombra del poder político sórdido y siniestro.
El ORFIS ha puesto la pelota en las manos del Fiscal de Veracruz para hacer justicia, simple y escuetamente justicia, en el caso de Alberto Silva Ramos, el último vocero de Duarte acusado que tan sólo el año anterior desvío más de 215 millones de pesos del presupuesto oficial en las canijas empresas fantasmas que tanto han desprestigiado a las elites priistas.