Francisco Vásquez.
Oaxaca, México.- Un total de 30 comunidades indígenas, rurales y campesinas de los distritos de Tlacolula de Matamoros, Ocotlán de Morelos y Ejutla de Crespo, además de 25 colectivos y organizaciones civiles participaron el pasado domingo 22 de julio en la conmemoración del Día Estatal de Rebeldía Contra la Minería en San Antonino Castillo Velasco.
Allí acordaron convocar a un Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras los días 11 y 12 de octubre de 2018 en Oaxaca de Juárez, ya que existe peligro latente en la región de los Valles Centrales por la concesión de 90 mil hectáreas a las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp para explotación minera.
Los inconformes señalaron que el juicio tiene como objetivo hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros.
Agregaron que, rechazan categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra su vida comunitaria, sus sistemas productivos, su tejido social, medio ambiente, sistemas normativos y territorios, ya que sin su consentimiento previo hace más de diez años sus territorios fueron concesionados a empresas mineras.
En este sentido, denunciaron que por defender sus territorios han sufrido violencia, asesinatos, agresiones físicas y daños irreversibles al medio ambiente, porque el gobierno busca a como dé lugar establecer un corredor minero de más de 100 mil hectáreas que abarcaría de Tlacolula a Ejutla.
Las comunidades señalan directamente a la Secretaría de Economía del gobierno federal de impulsar este proyecto, ya que fue esta dependencia quien concesionó sus territorios sin consultar a las comunidades afectadas.
Asimismo, acusaron que la Procuraduría Agraria a través de sus visitadurías ha estado presionando a las asambleas agrarias, ejidos y comunidades para que den a las empresas el dominio pleno sobre sus parcelas.
Además, indicaron que el gobierno del estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) ha estado presionando algunas comunidades del Valle de Tlacolula para que también acepten concesionar su territorio y dejen de luchar por sus derechos.
“Existe un contubernio de las autoridades federales y estatales con un selecto grupo de empresarios a favor del saqueo de las riquezas naturales de la región, acto que viola y traiciona los intereses de los pueblos y de la nación mexicana”.
“Hemos decidido por el desarrollo comunitario desde nuestras propias cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra, manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes” externaron.
Ante estas situaciones, las comunidades afectadas y las organizaciones también anunciaron la constitución de la Asamblea de los Valles Centrales Frente la Minería, declarándose en alerta máxima ante la imposición de diversas concesiones y proyectos mineros su nuestros territorios.
Los inconformes manifestaron que no firmaran ni autorizaran ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer sus bienes comunes, tampoco autorizaran el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en sus territorios.
Por último, exigieron a los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo tanto local como federal, la cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales, así como la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”.
