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“Caminante” era enlace entre un sicario y policías de la noche de Iguala. Hoy trabaja para Bonilla

El Piñero

Tijuana, Baja California, 19 de enero (ZETA).– Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró el 8 de enero de 2019, en conferencia de prensa en Ciudad de México, que uno de los objetivos más importantes en la investigación sobre el homicidio y desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, era encontrar la verdadera identidad de “Caminante” y de “El Patrón”, señalados de ser partícipes de los hechos sucedidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

A “Caminante” se le identifica como el enlace entre policías municipales, policías ministeriales de Guerrero, autoridades del Estado de Guerrero y sicarios de una célula del cártel Guerreros Unidos que participaron en la desaparición y homicidio de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” aquel 26 de septiembre.

Mientras en las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), “Caminante” fue identificado como Alejandro Tenescalco Mejía, un agente municipal de Iguala sin relevancia, el análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la investigación oficial y una propia, les permitió determinar que en realidad “Caminante” es un General Brigadier en el retiro que, hasta días antes de la desaparición de los estudiantes normalistas, fungía como director de la Policía Ministerial de Guerrero en el gobierno de Ángel Aguirre.

Su nombre es Marcos Esteban Juárez Escalera. La identificación de “Caminante” en la persona del General Juárez Escalera es una hipótesis a la que también llegaron miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI).

En enero de 2019, Alejandro Encinas confirmó esa identidad, y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) profundizar en sus investigaciones para que no se cometiera el error de juzgar a la persona equivocada, pues para esa instancia, se trata de Tenescalco Mejía. De hecho, el subsecretario de Derechos Humanos se refirió a Marcos Esteban Juárez Escalera no solo como “Caminante”, también en calidad de “prófugo”.

Al inicio de la administración de Jaime Bonilla Valdez en Baja California, a finales de 2019, Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno del Estado, nombró al General Marcos Esteban Juárez Escalera, director de Centros de Reinserción Social de BC.

Así, uno de los hombres más buscados, al menos por los organismos autónomos –CNDH, CIDH y GIEI- que revisaron y analizaron la investigación del caso Ayotzinapa realizada por la FGR, “Caminante”, ahora trabaja en el Gobierno de Baja California.

La relación entre Rodríguez Lozano y Juárez Escalera se remonta a Chiapas, donde trabajaron juntos. Amador fue coordinador del Gabinete de Política y Seguridad del mandatario Juan Sabines en 2006-2007, en tanto Juárez Escalera era secretario de Seguridad en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Una vez que Rodríguez Lozano fue nombrado por el propio Sabines como ministro de Justicia, Juárez Escalera fue designado director de la Policía Ministerial. Ambos se vieron inmiscuidos en un hecho, entonces sin precedentes, cuando en junio de 2008, en conferencia de prensa, informaron del aseguramiento de mil 824 paquetes de cocaína marcados con la leyenda “Cártel de Sinaloa” y que daban un peso de dos toneladas. Diez días después, del Ministerio de Justicia de Chiapas informaron que no era cocaína, sino lactosa. Justificaron que dicha sustancia se usa para “adulterar la droga”.

CLAVE PARA DESENTRAMAR

Un integrante de la investigación de los sucesos de Ayotzinapa en 2014 comentó a ZETA que la identificación y ubicación de “Caminante”, es decir, del General Marcos Esteban Juárez Escalera, resultaba importante para desentramar algunos puntos de la indagación, que tienen que ver con la información que este proporcionó tanto a miembros de Guerreros Unidos, como a autoridades del Estado y policías en los momentos previos al secuestro de los estudiantes,  cuando ya los operativos criminales estaban en marcha. El análisis de las comunicaciones vía celular en los momentos previos, durante y posteriores a la desaparición de los normalistas, indica que “Caminante” mantuvo contacto con un sicario de Guerreros Unidos, Ramiro Ocampo Pineda, así como personas cercanas al entonces gobernador Ángel Aguirre, particularmente con su jefe de ayudantía, el también militar Felipe Martín Ornelas Rebollo y dos agentes ministeriales: Eliohenay Salvador Martínez Hernández y su jefe, Javier Bello Orbe, quienes en el momento crítico, estuvieron presentes en el Puente El Chipote, cuando el autobús con el número 1531, donde se trasladaban entre 15 y 20 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fue detenido por policías municipales de Iguala y de Huitzuco. Los jóvenes fueron trasladados a cuatro unidades pick-up patrulla con rumbo desconocido. Jamás se les volvió a ver.

Para la CNDH, “Caminante” cumplió una función de intercomunicación entre autoridades estatales y sicarios de Guerreros Unidos. El 26 de septiembre de 2014, en calidad de ex director de la Policía Ministerial de Guerrero, Juárez Escalera tuvo acceso a información en tiempo real de lo que estaba sucediendo en Iguala, misma que llegó tanto al Gobierno del Estado como a los criminales. Sin embargo, los primeros no actuaron en consecuencia para evitar que los hechos sucedieran como se conoce, mientras que los segundos participaron en la desaparición de los normalistas.

Con la información que la autoridad requiere de Juárez Escalera, esperan develar cómo y cuándo en el gobierno de Ángel Aguirre se enteraron de los hechos; profundizar la información sobre la presencia de los dos ministeriales en el Puente El Chipote al momento del secuestro de los estudiantes, particularmente la del oficial Eliohenay, a quien involucra con criminales; así como conocer los datos proporcionados a Guerreros Unidos.

A pesar de la recomendación que la CNDH hizo a la entonces PGR para investigar de manera más profunda la identidad de “Caminante”, de la cual concluyeron se trata de Marcos Esteban Juárez Escalera, a saber de defensores de derechos humanos no lo hicieron. Tampoco la FGR ha actuado en consecuencia. El único que reconoció que la Fiscalía había identificado a la persona equivocada, fue el subsecretario Alejandro Encinas, quien mencionó a Juárez Escalera como “Caminante”.

LA PARTICIPACIÓN EN AYOTZINAPA

En la recomendación 15VG/2018 emitida por la CNDH por violaciones graves a los derechos humanos, derivado de su investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014, se asienta sobre la participación de “Caminante”:

“Del análisis de las evidencias obtenidas hasta ahora, relacionadas con el personaje al que se identifica como ‘Caminante’, es factible inferir que se trata de una persona que en los hechos de Iguala pudo haber cumplido con un papel de operación bifuncional. Por una parte, es claro que mantuvo comunicación directa, al menos, con un miembro de la organización criminal Guerreros Unidos: con Ramiro Ocampo Pineda ‘El Chango’ y, por otra es clara, a juzgar por la serie de comunicaciones telefónicas que mantuvo la noche del 26 de septiembre, su vinculación con cuando menos 6 elementos de la Policía Municipal de Iguala involucrados en los hechos, entre los que destaca quien fue el director de esa corporación, Fausto Bruno Heredia. Que pudo haber desplegado en los hechos una función de enlace o correo para recibir-transmitir instrucciones y/o para recibir y hacer llegar información sobre su cumplimiento, sea dentro de la organización criminal Guerreros Unidos como podría ser a El Patrón, sea en las instituciones oficiales, llámense autoridades políticas, administrativas, de seguridad pública estatal y/o municipal o policiales de, al menos, los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco”.

La investigación de la CNDH determinó que el número de celular atribuido a “Caminante” no era el de Alejandro Tenescalco Mejía, sino uno distinto, de hecho revelaron que sí hubo interacción entre el número telefónico de Tenescalco y el de “Caminante” antes y después de los hechos que culminaron con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Específicamente, se comunicaron el 24 de septiembre de 2014 en dos ocasiones, a las 12 del mediodía y a las 6:50 pm, para reestablecer comunicación el 27 de septiembre en el periodo de tiempo que se estima sucedió la desaparición de los normalistas; en esa ocasión hablaron doce veces entre las 4:34 y  6:56 am.

En la CNDH realizaron lo que llaman forensia telefónica, establecer las comunicaciones que hubo en las regiones donde sucedieron los hechos y entre policías, criminales y estudiantes sobrevivientes.

El número de “Caminante” lo obtienen a la detención de Ramiro Ocampo Pineda “El Chango”, integrante de una célula del cártel Guerreros Unidos, que entre sus contactos tenía a “Caminante”,  con el que había interactuado el día de los hechos en la Normal.

Una vez detectado el número, fue identificado en el análisis de las comunicaciones, como desde el cual se comunicó con agentes municipales y criminales la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Investigadores de la CNDH concluyeron:

“Esta información de telefonía móvil pone en duda el planteamiento sostenido

por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que la identidad de

‘Caminante’ corresponde a Alejandro Tenescalco Mejía, Policía Segundo Municipal

de Iguala y que se sustenta básicamente en los testimonios rendidos por dos elementos de la Policía Municipal de Iguala. A todas luces resulta ilógico que

Alejandro Tenescalco ‘se llame’ telefónicamente a sí mismo, en 18 ocasiones”.

Para desvíar la atención sobre la línea de “Caminante”, otro policía de Iguala, quien en su telefono celular tenía llamadas desde esa línea, declaró que se trataba del número de una agente de la Policía con quien había sostenido una relación sentimental. La mujer fue citada a declarar, y comentó que en efecto había tenido esa línea en el tiempo referido, pero después la desechó, desintegrando el chip.

Sin embargo, cuando le informaron que sería imputada dada la actividad que sostuvo desde el celular referido el día de los fatales hechos, la agente cambió su versión.

En la recomendación de la CNDH se lee:

“Al darse cuenta de la gravedad de la situación en la que la había colocado su ex pareja (el elemento de la Policía Municipal de Iguala) que quería evitar que se descubriera su conexión con la línea de ‘Caminate’ se retractó de sus propias declaraciones y cambió su versión, ahora manifestó no recordar haber tenido el número telefónico mencionado y tratando de justificarse dijo que‘por nerviosismo, cansancio’, por preocupación de su bebé manifestó haberlo dicho”.

Los investigadores determinaron que los dos equipos que presentó la agente, no correspondían al IMEI (identidad internacional de equipo móvil), que sí concuerda con el número de celular utilizado por “Caminante”, quien tuvo el aparato en su posesión, de acuerdo a la compañía telefónica, del 5 de septiembre al 9 de diciembre de 2015. Situación que la CNDH recomendó a la entonces PGR indagar a profundidad.

La recomendación de la CNDH refiere que de las investigaciones ministeriales que “podrían contribuir” a conocer la identidad de  “Caminante”, se encuentra que “once agentes de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, declararon que a quien fue su director en esa corporación, el General Brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera, se le conocía con la clave de ‘Caminante’ en las comunicaciones que sostenía vía radio, lo cual fue corroborado por el propio ex servidor público en su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación”.

El ahora encargado del Sistema Estatal Penitenciario en Baja California en el gobierno de Jaime Bonilla, declaró que utiliza el código de “Caminante” desde que fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en 2007. Justo la época en que coincidió con Amador Rodríguez Lozano, su jefe ahora en calidad de secretario general de Gobierno de Baja California, y entonces coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado de Chiapas (2006) y ministro de Justicia del Estado (2007) gobernado por Juan Sabines Guerrero, entonces representando al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Posteriormente, de 2011 a 2014, “Caminante” se desempeñó como director de la Policía Ministerial de Guerrero en el gobierno de Ángel Aguirre, también del PRD, donde fue señalado por practicar -desde esa posición- espionaje telefónico a políticos; él habría declarado que instauró un departamento de inteligencia para investigar a los criminales. Cuando concluyó esa labor, días antes de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el ahora funcionario del gobierno de Baja California se integó en calidad de secretario de Seguridad Pública al Ayuntamiento de Acapulco.

Los investigadores de la CNDH concluyeron que un teléfono de “El Chango” aparece registrado en el directorio el número telefónico de una persona identificada como “Caminante”, desde el cual Ocampo llamó a Juárez Escalera el 26 de septiembre de 2014; que en las horas críticas del 26 de septiembte, seis elementos, entre ellos el director de la Policía de Iguala, involucrados en los hechos, tuvieron comunicación telefónica con “Caminante” por lo menos en 43 ocasiones.

Además, que el General Brigadier retirado fungió como titular de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero desde diciembre de 2011 hasta agosto de 2014, y once agentes de esa corporación señalan que le conocían con la clave “Caminante”, lo cual corroboró el propio Juárez Escalera, adicionando que la misma clave utilizó cuando laboró como secretario de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En esa etapa de la investigacion, se resume que “necesariamente, la autoridad ministerial estaría obligada a -en el curso de sus indagaciones-, profundizar sobre cada uno de estos aspectos en la búsqueda por establecer la identidad de ‘Caminante’, considerando que las actividades ilícitas trascienden a las adscripciones y a nuevos encargos públicos y no representan, enla lógica delincuencial, un obstáculo para su ejecución”.

LA FORENSIA

El registro del número telefónico de “Caminante” se obtuvo de la forensia practicada a uno de los aparatos de comunicación de Ramiro Ocampo Pineda “El Chango”, integrante de Guerreros Unidos, específicamente a la célula de Víctor Hugo Benítez Palacios “El Tilo”.

Desde el móvil se realizó una llamada a “Caminante” el 26 de septiembre de 2014,  lo cual significa que este tuvo comunicación con un integrante de Guerreros Unidos y no solo con seis miembros de la Policía de Iguala como supuestos representantes de la autoridad.

En un segundo Informe, el GIEI señaló que ese 26 de septiembre, por lo menos seis elementos de la Policía Municipal de Iguala tuvieron comunicación con el número telefónico de una persona identificada como “Caminante” en horas críticas, entre ellos:

* Fausto Bruno Heredia, director de la Policía Municipal de Iguala, quien le llamó en diez ocasiones entre las 10:16 pm y las 3:42 am.

* Rubén Alday Marín, agente de la Policía Municipal de Iguala, quien lo hizo en 29 ocasiones entre las 11:03 pm y las 4:32 am.

* Los agentes municipales de Iguala, Zulaid Marino Rodríguez, Miguel Ángel Hernández Morales, Raúl Cisneros García y Enrique Pérez Carreto.

También que al número de “Caminante” entraron, de las 9:27 a las 11:57 pm del 26 de septiembre de 2014, 17 llamadas de once líneas telefónicas diferentes, incluidos números relacionados con miembros del cártel Guerreros Unidos, como el caso de Ramiro Ocampo Pineda.

LA CONCLUSIÓN DE LA CNDH

Al análisis de este y otros elementos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció:

“Con base en la información de telefonía móvil que sí se proporcionó, es posible concluir que el 26 de septiembre de 2014, en el horario crítico de los hechos: 6 elementos de la Policía Municipal de Iguala, 2 usuarios probables integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos (pudiera tratarse de un usuario con dos líneas), 1 elemento de la Policía Ministerial de Guerrero, quien tuvo presencia en el escenario de ‘El Puente del Chipote’ (la noche que ocurrieron los hechos), 1 usuario del que no se proporcionan datos y 1 persona, hasta ahora no identificada en las investigaciones, se comunicaron al número de telefonía móvil de Caminante (telefonía móvil terminación 9150)”.

Asimismo, “…Esta circunstancia haría suponer que “Caminante cumplía con una función de enlace para la transmisión de órdenes y de información. Existe la posibilidad de que las órdenes giradas por la persona identificada como ‘El Patrón’ pasaran directa o indirectamente por Caminante para ser trasmitidas a los elementos de las diversas policías municipales que participaron en los hechos. De este modo, es factible que El patrón utilizara a Caminante para hacer llegar sus indicaciones a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos. Es más, es muy probable también que este proceso se realizara en sentido inverso para hacer llegar información surgida en el terreno, a las cúpulas criminales. Esto es que tanto agentes policías municipales como miembros de Guerreros Unidos hayan hecho llegar información a El Patrón vía directa o indirecta con Caminante, detalles que tienen que ver con la participación de estos personajes en los hechos que tendrán que ser investigados por la PGR”.

Efectivamente, tanto para la CNDH como para otros órganos autónomos, y una conclusión en la que el subsecretario Alejandro Encinas coincide, es que la persona identificada como “Caminante” es el General en el retiro Marcos Esteban Juárez Escalera, hoy día director de Centros de Reinserción Social de Baja California en la administración de Jaime Bonilla Valdez.

Juárez Escalera fue agregado militar en Ottawa, Canadá; Comandante Operativo en la Policía del Distrito Federal en la Jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard; además de haber ocupado cargos en Chiapas cuando Amador Rodríguez Lozano fue ministro de Justicia en aquella entidad federativa. Después se integró a la Policía Ministerial de Guerrero durante el gobierno de Ángel Aguirre, en cuyo contexto ocurrió la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

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