Víctor Ruiz Arrazola| Políticas y DDHH
México.- Los gobiernos de ahora y los de ayer tienen mucho en común, con extrema facilidad se olvidan de los derechos humanos de sus gobernados, a tal grado que se oponen a investigar y sancionar a quienes violaron y a los que violan hoy en día derechos humanos. Quienes gobiernan el país y en especial Veracruz, se olvidan que ahora forman parte del Estado y que tienen la obligación de reconocer los atropellos que cometieron sus antecesores, quienes en ese entonces formaron parte del Estado.
En materia de violaciones a Derechos Humanos, no se vale eludir responsabilidades de los agentes del Estado, estén o no en funciones. Esta fuera del marco constitucional y contraviene el Derecho Internacional de los Derechos Humanos decir, a mí no me corresponde reparar el daño a víctimas de violaciones de derechos humanos porque los hechos no fueron en mi gobierno. La responsabilidad es del Estado mexicano y como parte del Estado mexicano, quienes gobiernan hoy en día, deben responder.
En el caso hipotético de que la 4T empiece a perder lugares en el Congreso de la Unión después de las elecciones intermedias de 2021 o las presidenciales del 2024, quienes llegarían no se tentarán el corazón para sancionar a quienes se niegan investigar y llevar a juicio a quienes han violentado derechos humanos.
Lo anterior lo retomo después de los terribles acontecimientos del incendió del Bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz, donde la omisión, el burocratismo y la impunidad dejaron a la sociedad en estado de indefensión, porque ninguna autoridad, federal, estatal o municipal hicieron lo que les correspondía en materia de seguridad pública, un sector de la administración pública en el que no existe un modelo de inteligencia y si existe solo es para seguir espiando a enemigos políticos y a periodistas, pero con tal incapacidad que no pueden penetrar en las arterias de la delincuencia organizada.
Una treintena de personas muertas, más media decena de heridas, familias enlutadas, menores de edad en la orfandad, desempleo y dolor y nadie se quiere hacer responsable de esta tragedia.
La responsabilidad no solo está en manos de los autores intelectuales y materiales del incendio en el Caballo Blanco, quienes perpetraron la masacre, la responsabilidad está compartida con personas servidoras públicas que omitieron sus obligaciones de ley y que ahora solo se concretan a aventarse la bolita y a descalificar al de enfrente.
Esta lista de responsables podrá ir creciendo conforme avancen las investigaciones y la sociedad empiece a exigirle cuentas a las autoridades municipales, tanto de seguridad pública, como las administrativas encargadas de regular los giros negros, sin dejar a un lado la responsabilidad de Protección Civil. Para que las víctimas directas y sus familias tengan posibilidad de que se les haga justicia, las investigaciones tendrían que extenderse hacia las personas que teniendo una responsabilidad pública como servidoras, omitieron sus obligaciones o en el peor de los casos fueron cómplices por acción u omisión.
El famoso Mando Único, tiene que decir que hizo para prevenir la masacre. Las fiscalías federal y estatal qué supieron; la Marina y el Ejército con sus instrumentos de inteligencia que acciones de prevención pusieron en marcha. Los poderes judiciales federal y estatal qué lugar ocupan para que la impunidad se siga enraizando en la sociedad mexicana.
En esta masacre, como en otras que se han registrado en el estado de Veracruz, cuál ha sido el papel preventivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en dónde queda la protección de los derechos humanos del pueblo de Veracruz, establecida en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las recomendaciones que ha emitido este organismo público de Derechos Humanos, en materia de seguridad pública y acceso a la justicia, solo han quedado en buenas intenciones, mientras que la promoción y creación de un cultura de los derechos humanos están por los suelos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha perdido credibilidad en Veracruz, porque en muchos casos, sus recomendaciones han perdido el efecto disuasorio para que se sigan cometiendo otras violaciones a derechos humanos, como ha sido en el caso de la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En esta ocasión, el organismo nacional público defensor de los derechos humanos salió a condenar la violencia “contra civiles en Coatzacoalcos, Veracruz”, y demandó a las autoridades “la investigación exhaustiva de los hechos para dar con los responsables y reciban la sanción que en derecho corresponda”.
El 28 de agosto expresó sus condolencias “a los familiares de las 28 personas que fueron privadas de la vida y su solidaridad a las 9 más que resultaron heridas de gravedad, al tiempo que exige a las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno que exista una verdadera coordinación interinstitucional, pues solo así se podrá conocer la verdad de los hechos”.
La CNDH “exige de las autoridades una investigación efectiva y exhaustiva para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda, para que este caso no quede en la impunidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también demanda de las autoridades la atención inmediata a los familiares de las personas fallecidas en lo que corresponde a la identificación de los cuerpos, así como todos los apoyos de servicios especializados para la contención emocional de los deudos”.
Coatzacoalcos está de luto, así como muchos otros municipios de Veracruz y de México, por lo que la omisión de las autoridades y el contubernio de mantienen con la delincuencia organizada debe considerarse un crimen de lesa humanidad, para poder exigir justicia en organismos internacionales, porque el Estado mexicano ha demostrado su incapacidad para garantizar derechos humanos a sus habitantes.
