México.- Un grupo de testigos, durante tres procesos jurídicos declararon en relación al control de Los Zetas en varios estados del país. Uno de ellos, Uribe mencionó que en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis, y Puebla estaban bajo un “control total” de Los Zetas y los estados de Morelos (y su capital, Cuernavaca) y Tamaulipas (en particular la ciudad de Tampico) estaban “bajo la influencia” de Los Zetas, más no bajo un control total. Sin mencionar muchos detalles, Cuellar dijo que Los Zetas controlaron más de 26 o 27 estados en México.
“Sr. Gardner: ‘Y Coahuila […] ¿es un territorio controlado por Los Zetas?’ Cuellar: ‘Sí, señor.’”
“Sr. Leachman (Fiscal de los EE. UU.): ‘Entonces cuando dices, ‘control de la policía’ ¿te refieres a algunos de ellos o de todos?’
Uribe: ‘Todos, incluyendo la policía estatal, algunos de la federal, la policía local, políticos, presidentes municipales, [otros] políticos.’
“Cuando digo ‘matarlos,’ estoy diciendo que los iban a desmembrar. Iban a cortarles las cabezas y luego irían tras toda su familia. Y les harían lo mismo sin importar si fueran niños o adultos”, versa una declaración que, la Clínica de derechos humanos de la Facultad de derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, México, incluyen en un informe basado en el análisis de las declaraciones de testigos en tres juicios federales en los Estados Unidos.
Entre el 2013 y el 2016, integrantes del cártel de Los Zetas fueron juzgados en tribunales en Austin, San Antonio y Del Rio, Texas por asesinato, conspiración para importar drogas y armas y lavado de dinero.
Estos juicios dieron a conocer nueva información y corroboraron datos que ya habían sido documentados sobre las operaciones de Los Zetas y abusos a derechos humanos cometidos por el cártel. Los testimonios de las experiencias personales de ex integrantes del cártel de Los Zetas y familiares de las víctimas dan mayor entendimiento sobre la grave situación en Coahuila y proporcionan detalles sobre la estructura y los integrantes de Los Zetas. Asimismo, muestran los nexos entre el cártel y funcionarios e instituciones públicas.
De acuerdo a los testimonios revisados por Revolución TRESPUNTOCERO que se encuentran en el documento Control Sobre Todo el Estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas, los Zetas mataban a miembros del ejército y de la policía con frecuencia. Algunos de los testigos estaban enterados de este tipo de asesinatos, pero ninguno supo los nombres de las víctimas.
Por ejemplo, de León narró una ocasión durante la cual tres soldados fueron asesinados a balazos cerca de un pequeño río en las afueras de Piedras Negras durante la cual estuvieron presentes “Chano,” “Enano,” Z-40 y Z-42. Aguilar declaró sobre un incidente durante el cual Los Zetas atacaron a dos funcionarios de los Estados Unidos, en San Luis Potosí, México.
Uno de los hombres fue herido y el otro fue asesinado porque estaban investigando las operaciones de Los Zetas. Uribe describió el asesinato de un jefe de la policía que no quiso cooperar con el cártel y que había detenido a un comandante de Los Zetas. Después de este incidente, los marinos empezaron a usar pasamontañas regularmente para cubrir sus caras cuando arrestaban a Los Zetas. De lo contrario, Uribe declaró que Los Zetas darían la orden de matarlos.
“Sr. Galdo: ‘¿Chano dijo algo más sobre cortar cuerpos y quemarlos?’ Díaz: ‘Bueno, sí. Él los cortaba y los quemaba.’
Sr. Galdo: ‘¿Mencionó hacerle eso a alguien más además de Rodolfo?’ Díaz: ‘Sí. Otras personas.’”
Además de la masacre de Allende y la de Piedras Negras, los testigos hicieron referencia a asesinatos cometidos por Los Zetas a hachazos y la practica de “cocinar” sus restos. Los testigos describieron dos métodos para “cocinar” restos que fueron utilizados por Los Zetas. Un método involucraba fogatas dentro de barriles. Integrantes del cártel secuestraban a gente, les cortaban los brazos y piernas y seguían cortando partes de su cuerpo con una hacha hasta que se murieran. Después, quemaban los cuerpos desmembrados en hogueras dentro de barriles.
Un segundo método descrito por los testigos involucraba el uso de barriles de acido para desaparecer los restos de sus víctimas. Los Zetas se referían a los dos métodos como “cocinar.” Por ejemplo, a principios del 2013, Los Zetas responsabilizaron a un estilo que responde al nombre de Jorge de León, por una carga de marihuana que se perdió.
Cuando no pudo pagar el costo de la carga, de León fue secuestrado y detenido en Piedras Negras durante trece días. Mientras estaba secuestrado, Los Zetas lo obligaron a ver varios actos atroces de homicidio, los cuales describió durante sus declaraciones.
Primero describió dos incidentes distintos que ocurrieron en una casa rosada en Piedras Negras. En el primero de ellos, Millán Vásquez, “Chano”, ordenó la muerte de un hombre desarmado, el cual fue asesinado a hachazos y cuyos restos fueron incinerados en un barril.
“Ellos tenían ahí a un hombre vendado y esposado. Tenían un barril con una fogata adentro. Lo desmembraron mientras todavía estaba vivo. El “Chano” dio la orden de que lo cortaran [con] un hacha. Primero la rodilla, luego esta parte de aquí, luego un brazo, y luego el otro lado igual; la rodilla, lo mismo, el brazo. Y al último, lo decapitaron. Lo aventaron a un barril para que se quemaran [los restos].”
En el segundo incidente, dos hombres y una mujer también fueron asesinados a hachazos y sus cuerpos fueron desechados de la misma manera. “De nuevo, me bajaron del carro. Me pusieron de rodillas. Me quitaron la venda de los ojos y desmembraron a esas tres personas. Comenzaron a cortarlas… ellos siempre los cortaban por la rodilla y luego aquí y luego por el brazo. A todos ellos, a la mayoría, los cortaron de la misma manera.”
De León también estuvo presente durante otro evento similar donde un hombre desconocido fue asesinado en El Centinela, cerca de la prisión.“Me quitaron la venda y ya había una persona, tirada ahí abajo. También lo desmembraron y lo quemaron.”
Después de estos incidentes, de León declaró que fue forzado a presenciar el asesinato de una familia en su hogar en Piedras Negras, por el “Chano,” el “Enano,” y otros sicarios. La familia estaba integrada por el padre, la madre, y una niña que parecía tener cerca de 6 años. Millán Vásquez, El “Chano”, empezó con la niña. Las partes de su cuerpo que el “Chano” cortó primero fueron arrojadas al fuego que había dentro de un barril.
“Él [“Chano”] agarró el hacha y le cortó una rodilla y un brazo. Ella lloraba. Ella gritaba. Él se reía. Le decía a su papá… que viera para que se acordara. Lo agarraban [al padre] del pelo para que viera, para que observara.”
Los testimonios también describen el carácter y el grado de influencia de Los Zetas sobre funcionarios e instituciones municipales y estatales. Los Zetas pagaron sobornos e integraron a la policía en su jerarquía para garantizar que el cártel pudiera continuar con sus operaciones ilícitas sin resistencia alguna.
Sin embargo, Los Zetas no solo influyeron sobre policías municipales o estatales de bajo rango; los testigos relatan que el control de Los Zetas se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales, sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano y a políticos estatales.
Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto Moreira y a Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila respectivamente, a cambio del control total del estado. Según los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre el estado de Coahuila en todos los niveles de gobierno les permitió llevar a cabo sus negocios a lo largo del estado con impunidad y, a menudo, con el apoyo directo de funcionarios públicos y policías estatales y municipales.
El informe también documenta los abusos a los derechos humanos que son mencionados en las declaraciones de los testigos, incluyendo las desapariciones y asesinatos masivos en marzo y abril del 2011 durante lo que se conoce como las Masacres de Piedras Negras y Allende.
Estos crímenes fueron cometidos como venganza después que tres integrantes de Los Zetas empezaron a cooperar con autoridades en los Estados Unidos. Como represalia, Los Zetas secuestraron, mataron y desaparecieron a más de 300 personas que supuestamente estaban vinculadas con estos ex integrantes del cártel.
Según los testigos, la crueldad que caracterizó las masacres no era inusual para Los Zetas. El informe documenta un patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desaparición en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas. Para ejercer control, Los Zetas también arremetieron en contra de personas inocentes que no estaban vinculadas al cártel.
Los testigos hicieron declaraciones sobre la manera cruel en la cual Los Zetas despojaban a sus víctimas de su humanidad, les asesinaban y se deshacían de sus cuerpos. Los Zetas mantuvieron un férreo control sobre Coahuila a través de estrategias de violencia e intimidación, como amenazas de muerte y el reclutamiento forzado de residentes de Coahuila— incluyendo a menores de edad.
Los testimonios también dejan claro que los testigos recibieron amenazas incluso cuando integrantes de Los Zetas ya estaban detenidos en los Estados Unidos. Además las declaraciones analizadas también subrayan el carácter transnacional del tráfico de drogas y la violencia asociada con este negocio ilícito.
En particular, los testigos relataron como armas adquiridas en los Estados Unidos fueron importadas a México y drogas producidas en México fueron traficadas al país del norte. Las operaciones de Los Zetas se extendieron a varias ciudades en los Estados Unidos, incluyendo San Antonio, Houston, Austin, Eagle Pass, Chicago y Atlanta, y a varios otros estados, como Nuevo México, California y Oklahoma.
A su vez, se da cuenta que los Zetas financiaron esta operación transnacional a través de una amplia red de negocios, los cuales usaron para lavar dinero y para impulsar sus operaciones de tráfico de personas, armas y drogas. También tuvieron ranchos, hipódromos e instalaciones para criar caballos en los Estados Unidos y México como parte de un negocio de carreras de caballos.
Además de tener propiedades en conexión con el negocio de caballos, Los Zetas también tuvieron varios negocios en México, incluyendo tiendas, casinos, restaurantes, gimnasios y negocios de lavados de carros. Estos negocios fueron usados como casas de seguridad, puntos de reunión para operaciones del tráfico de drogas y dinero o instrumentos para el lavado de dinero.
Los testigos explicaron como Los Zetas pagaron sobornos y contribuyeron a las campañas electorales de gobernadores y candidatos políticos para garantizar la continuación sin restricciones de sus negocios ilegales. Estos sobornos también garantizaron que las compañías de Los Zetas recibieran contratos públicos y permisos de construcción.
Además, los tres juicios analizados dejan claro que el gobierno de los Estados Unidos tiene información importante sobre asesinatos, desapariciones, amenazas y otros abusos a derechos humanos cometidos por Los Zetas en México. Las declaraciones de los testigos y las investigaciones realizadas para estos juicios incluyen datos claves, como las ubicaciones de diversas desapariciones y asesinatos.
Esto indica que es posible que el gobierno de los Estados Unidos tenga información que no ha compartido que podría ayudar a esclarecer algunos asesinatos y desapariciones cometidos en México. Sin embargo, los testigos dejaron claro que el Estado mexicano no ha investigado estos casos, incluso cuando el gobierno de los Estados Unidos le compartió información importante directamente.
La Clínica y el centro de Derechos Humanos, han señalado que las autoridades mexicanas se han negado deliberadamente a impulsar procesos de justicia a pesar de tener mucha información sobre los numerosos abusos a los derechos humanos perpetrados por integrantes del cártel de Los Zetas.
“Tanto Los Zetas como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo caso omiso a la corrupción generalizada y los graves abusos a los derechos humanos cometidos por Los Zetas en Coahuila, y en el peor de los casos, participó directamente en cometer estas violaciones”, se puntualiza.
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