Isaín Mandujano / proceso.com.mx
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) calificó como una “crisis humanitaria” la que se vive con más de dos mil 300 personas desplazadas por la narcoviolencia en las regiones Sierra y Frontera de Chiapas en los últimas semanas.
Exigieron a los Gobiernos federal y estatal atender con urgencia a las personas víctimas de desplazamiento Forzado, así como las causas que dan origen y denunciaron que el Gobierno de Chiapas les niega el estatus de desplazados forzados denominarlos personas en “situación de vulnerabilidad” para evadir la ley sobre la materia en la entidad.
En una misiva urgente enviada la noche del martes, el Frayba señaló que en las primeras semanas del mes de enero del 2024 la violencia se agudizó en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas y que “la documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2 mil 300 personas en situación de Desplazamiento Forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia”.
Señaló el organismo no gubernamental que estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada y que, el Desplazamiento Forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población.
El Frayba dijo que el pasado 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel (Municipio de Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo) se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados; testimonios refieren: la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia.
Reseña el Frayba que el pasado 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno.
Explicó el organismo que a pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada; lograron documentar la existencia de al menos 2 mil 300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal de diversas comunidades.
Estas comunidades afectadas por desplazamiento forzado son Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas (del municipio de Chicomuselo), El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro, y San Isidro (Municipio de La Concordia), así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor (estos tres últimos del municipio Socoltenanco). Todas estas personas están refugiadas en cabeceras municipales de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán, algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Campeche.
Dice el organismo que mayoritariamente, quienes no lograron salir de sus hogares son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades.
“Esta situación no es nueva, hemos denunciado con antelación la agudización de la violencia en las regiones Frontera y Sierra, que sigue en aumento generando de manera continua una diáspora constante de desplazamiento forzado. Tan solo en el mes de junio del año 2021 a la fecha han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10,000 personas, que han huido de sus hogares para salvar sus vidas”, dijo el organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García.
Lamentaron que ante esta emergencia sea la sociedad civil de los municipios receptores, quienes estén abrazando a familias enteras y brindándoles techo, cobijo y alimentos, en medio de “un irresponsable discurso” de la Secretaría de Protección civil del Estado Chiapas, que minimiza la situación de desplazamiento al llamar “personas en situación de vulnerabilidad ante un evento socio-organizativo”.
Señalaron que el artículo 3 de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas define a “desplazados internos: a las personas o grupos de personas asentadas en el Estado de Chiapas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado los límites territoriales del Estado”.
“Exigimos a los gobiernos Federal y Estatal, atender urgentemente a las personas víctimas de desplazamiento Forzado, así como las causas que dieron origen al mismo, aplicando los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la ONU, y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”, dijo el Frayba.
