MONTERREY, México — Vista desde arriba, el área conurbana de Monterrey, con sus sedes corporativas y complejos de golf, parece una sola ciudad que se extiende entre las montañas que la rodean.
Al acercarse, queda claro que hay paredes invisibles que envuelven el núcleo acaudalado de Monterrey, dividiendo a los cuatro millones de habitantes de la ciudad. Para las personas que están dentro de esas paredes invisibles, el gobierno es receptivo y el crimen es bajo. Los que están afuera enfrentan crecientes índices de asesinatos, corrupción y, según activistas, brutalidad policial.
Sergio Salas existe en ambos lados. Él se desplaza entre la Secretaría de Educación en una zona afluente del centro, donde trabaja, y su hogar en el municipio de Juárez.
Salas siempre asumió que estaba a salvo en su casa. Entonces, el año pasado llegaron criminales a su casa, lo ataron y le robaron. Volvió sólo después de instalar una cerca y contratar a un guardia.
Su querida ciudad, dijo, ha cambiado. Las familias levantan muros, huyen a zonas más prósperas o simplemente se aguantan.
A medida que México cae en el año más violento de que se tenga registro y el Estado se muestra incapaz de responder, los que tienen recursos se están haciendo cargo de la situación. Los dueños de tierras, los negocios y los ricos están comprando seguridad por medios legales e ilegales.
Cualquier pacto social tiene como base, en parte, el acuerdo de que la seguridad es un bien público, compartido y mantenido por todos. A medida que los ricos de México retiran las manos, los arreglos que mantienen a la sociedad unida se desmoronan.
El aumento en justicieros, la impunidad criminal, la corrupción policial y la debilidad del Estado se debe en parte a una creciente desigualdad en la seguridad.
En Juárez, los vecinos antes se unían contra el crimen o un oficial de policía corrupto. Ahora, dijo Salas, “hay una cultura de no participar, de no preocuparse, de callar.
“El contrato social está roto”, dijo.
Entre 2013 y 2015, el número de compañías de seguridad privada en México casi se triplicó, arrojan las estadísticas del gobierno. Los analistas de la industria creen que el número real puede ser varias veces mayor.
A medida que las clases poderosas se hacen menos dependientes del Estado para la seguridad, ha disminuido la presión política para combatir el crimen o reformar la Policía.
La brecha es marcada en lugares como Santa Fe, un barrio acomodado en la Ciudad de México. En una tarde reciente, en uno de los barrios bajos de los alrededores, Andrés Ruiz, un músico que en ocasiones tiene empleo, esperaba el colectivo que, aunque frecuentemente atacado por ladrones, era su única manera de llegar a la ciudad.
Echó un vistazo al otro lado de la calle a un acantilado rocoso que se elevaba seis metros por encima de la villa de emergencia: las paredes blancas de una colonia privada estaban construidas hasta el borde.
“La seguridad es sólo para ellos, para la gente de arriba”, dijo. “Nosotros estamos relegados, olvidados.”
Marilena Hernández, que vende quesadillas y tacos en la calle, dijo que quizás sea mejor que la Policía ignore los robos.
“Llamarlos puede resultar contraproducente”, dijo. “Si tienes dinero para los oficiales, tal vez estén más dispuestos a ayudarte, de lo contrario no lo harán”.
En un estudio de 2.500 ciudades, el Centro de Investigación y Docencia Económicas de la Ciudad de México encontró que entre más amplia es la brecha de una ciudad entre ricos y pobres, mayores son las probabilidades de que se formen milicias justicieras.
Para los ricos rurales, que suelen ser terratenientes, vigilantes armados pueden proteger un negocio o una granja que las instituciones locales son demasiado débiles para proteger. Entonces la milicia reemplaza efectivamente a la Policía, pero rara vez protege a quienes no pueden pagarles.
Esto con frecuencia motiva a los pobres a formar sus propias fuerzas voluntarias, o incluso a recurrir a los linchamientos.
La desigualdad “es uno de los grandes problemas en este país”, dijo Jorge Tello, ex director del servicio nacional de inteligencia.
A medida que los mexicanos se retiran del pacto social, advirtió, los problemas como el crimen y la corrupción se arraigan.
“Cuando se habla de estos temas en México, se dice que hay una falta de gobierno”, dijo. “Pero también es la falta de ciudadanía”.
La negligencia se está convirtiendo en la nueva norma, dijo Edna Treviño, directora de México Evalúa, un grupo de expertos en políticas públicas.
“En algunos barrios bajos de la ciudad no hay presencia del Estado”, dijo. “No hay nada, literalmente nada. Los jóvenes tienen que cuidarse unos a otros en la calle”.
Arturo Aguilar contribuyó con reportes a este artículo.
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