Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Si bien los problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes que presenta el país no es nuevo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a pesar de que fue emitida una alerta epidemiológica por dichas enfermedades no transmisibles, se ha carecido de medidas para mitigarla e incluso se han establecido mecanismos que sólo velan por los intereses de las grandes industrias de bebidas azucaradas y comida chatarra, mientras la salud de los mexicanos se deteriora, denuncian organizaciones de la sociedad civil.
Como prueba de lo anterior, la Coalición Contrapeso señala al Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT), desarrollado con el objetivo de apoyar en la toma de decisiones, en apego a la medición del desempeño de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD).
De acuerdo con la página oficial del observatorio, tres son los ejes rectores en la ENPCSOD: la investigación y evidencia científica, la rendición de cuentas y la evaluación de impacto.
Sin embargo, la coalición que alberga más de 40 organizaciones no gubernamentales acusa que el OMENT fue creado para abrir la puerta a las empresas, que a través del mecanismo pueden autoregularse y servirse con la cuchara grande, aún a costa de la salud de los consumidores.
“El OMENT debía ser un espacio para discutir y evaluar con seriedad las políticas de enfermedades no transmisibles y se convirtió en el lugar perfecto para que marcas de refrescos y ultraprocesados se convirtieran en juez y parte de la regulación”, apuntaló Ana Larrañaga Flota, integrante de Contrapeso, en entrevista para SinEmbargo.
En la misma línea, Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor (EPC), declaró que la actual administración, encabezada por Peña Nieto, puso las políticas públicas sobre obesidad y diabetes en manos de la industria chatarra.
“Este Gobierno le entregó la política pública en materia de obesidad a la industria. La creación del OMENT fue para que las empresas pudieran proteger sus intereses económicos y comerciales y no para atender las recomendaciones que se hacen internacionalmente y que están dirigidas a reducir el consumo de alimentos altos en azúcares, grasas y sal, que son los productos que ellos comercializan”, afirmó.
“Lo que hicieron fue simular una política contra la obesidad. Fue en realidad una política para proteger los intereses de la industria”, agregó.
UNA HISTORIA DE ATROPELLOS
Larrañaga Flota narró paso a paso lo que ha ocurrido durante el sexenio en materia de políticas dirigidas a contrarrestar (o no) la epidemia de obesidad y diabetes.
El 31 de octubre del año 2013, el Gobierno federal presentó la ENPCSOD y aunque significó un paso importante, al adoptar medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), finalmente antes de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue modificada.
En su momento, organizaciones señalaron que algunas acciones de la estrategia fueron diseñadas por la propia industria a regular y no por especialistas libres de conflicto de interés. Así, las empresas se convirtieron en juez y parte.
Ejemplo claro de lo anterior, expuso la nutrióloga Larrañaga, fueron los criterios nutrimentales utilizados en el etiquetado frontal de alimentos y bebidas: Allí quedaron plasmadas las recomendaciones de EU Pledge, un grupo autorregulatorio internacional de la industria que aglutina marcas como Coca Cola, Mc Donald’s, Pepsico, Ferrero, Kellogg’s, Nestlé y Danone.
Así, las empresas, de la mano de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), establecieron el etiquetado de Guías Diarias de Alimentación (GDA) que opera desde 2011 y hasta la fecha, a pesar de ser criticado por su poca claridad y por no atender las recomendaciones internacionales en contenidos de azúcar, por ejemplo.
EPC lo ha resumido de esta manera: “El etiquetado establece un consumo diario de azúcar de 90 gramos (18 cucharadas cafeteras), sobrepasando por mucho las recomendaciones de la OMS que establecen un criterio máximo de consumo de azúcar diario de 50 gramos (10 cucharadas cafeteras) sugiriendo como ideal un consumo no mayor a de 25 gramos (cinco cucharadas cafeteras)”.
Para 2014 fue publicada en el DOF la creación del OMENT que fue presentado como “un órgano colegiado de carácter técnico, que tiene por objeto apoyar en la evaluación y medición del impacto de las políticas públicas implementadas por la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”.
El consejo Asesor del Observatorio está compuesto por algunas organizaciones e instituciones sin conflicto de interés, entre ellas Contrapeso, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Mexicano para la Competitividad AC (Imco), entre otras. Pero también tiene como miembros a importantes industrias de bebidas y alimentos y de hecho son quienes más sillas ocupan. Estos son los ejemplos más claros:
–El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) participa en representación de marcas de bebidas alcohólicas y azucaradas, productos ultraprocesados y más. Entre sus integrantes destacan Coca Cola México, Coca Cola Femsa, Nestlé, Pepsico, Bimbo, Gruma, Barcel, Danone, Alpura, Lala y Kellogg’s, principales fabricantes de productos procesados y ultraprocesados, relacionados con padecimientos como obesidad y diabetes.
–La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) representa los intereses de empresas de alimentos, bebidas y tabaco. Entre sus miembros sobresale la Asociación Nacional de Productores de Refrescos (Anprac), integrada a su vez por Coca Cola y Pepsico, entre otros fabricantes de bebidas azucaradas.
–La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) está integrada por empresas de bebidas azucaradas y alcohólicas como cerveza y tequila, además de productos ultraprocesados y fórmulas lácteas. También alberga a Anprac.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en septiembre de 2014 –tiempo en el que Mercedes Juan López estuvo al frente de la Secretaría de Salud y Mikel Arriola Peñalosa en Cofepris– es muy claro: “El Presidente (Secretario de Salud), el Secretario Técnico e integrantes invitados contarán con voz y voto”. Así, autoridades y empresas tienen injerencia en la decisión de políticas públicas.
“Si bien es importante escuchar a todas las partes involucradas en la epidemia de obesidad, incluyendo a las industrias, resulta evidente que dotar a estos actores con voz y voto resulta en una desfiguración de la intención original del Observatorio, pues se termina poniendo por encima de la evidencia científica, a los intereses comerciales de poderosas cámaras de comercio”, manifestó Larrañaga.
En el mismo año, el Gobierno federal puso en marcha el Impuesto Especial (IEPS) del 10 por ciento para las bebidas azucaradas y aunque la medida ha sido reconocida por especialistas y organizaciones también se ha solicitado que se aumente al doble, tal como lo recomienda la OMS.
Para agosto de 2015, el OMENT arrancó con su operación y fue la Universidad Autónoma de Nuevo León la elegida para desarrollar su plataforma tecnológica. En ese momento también se integraron los seis grupos de trabajo, con gran representación de las industrias, esas mismas que serían reguladas.
En su momento la Coalición Contrapeso sugirió que se adoptaran criterios para evitar el conflicto de interés y puso el dedo en la llaga: los sujetos regulados serían al mismo tiempo, jueces de dicha regulación. Aún así, la propuesta fue desechada y el Observatorio comenzó a operar.
En 2016, iniciaron las discusiones en las mesas de trabajo. Los representantes de las refresqueras y cámaras de comercio en el grupo 6, encargado de evaluar el impacto del gravamen a las bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica, presentaron estudios financiados por las propias industrias.
Larrañaga recuerda que entonces se desató una discusión sobre las características que debe tener una evaluación a esta política. Incluso, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), libres de conflicto de interés, cuentan con evidencia científica publicada en un journal internacionales sobre el impacto positivo de la medida: baja en el consumo de dichos productos. Pero, los empresarios pusieron en duda las pruebas.
Para noviembre de ese año, el Gobierno federal emitió la declaratoria de emergencia epidemiológica por diabetes mellitus y obesidad. Sin embargo, cuenta la especialista, en las acciones no se incluyen medidas para prevenir nuevos casos de las enfermedades y sólo se centra en la atención.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2016, 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños y adolescentes viven con exceso de peso.
En abril de 2017, la Secretaría de Salud compartió con los integrantes del Grupo 1, sobre etiquetado, un documento de recomendaciones realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y fuediscutido por más de 15 representantes de marcas como Coca Cola, Nestlé, además de cámaras de comercio de alimentos y bebidas. Como era de esperarse, los portavoces de las empresas rechazaron las sugerencias del organismo internacional, pero además las calificaron como “exageradas”.
Para el mes de julio, investigadores del INSP fueron invitados a participar en el grupo 6, sobre impuestos, y respondieron con una carta a título personal e la que mostraron su preocupación ante la presencia de los miembros de la industria de alimentos y bebidas chatarra y el conflicto de interés que eso representa.
PIDEN QUE EL OMENT DESPAREZCA EN LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN
Ante la falta de objetividad y de resultados que se reflejen en políticas públicas diseñadas para favorecer la salud pública, Contrapeso considera que la figura del Observatorio debe desaparecer, en tanto la industria continúe con su participación.
“La industria, con su participación e interferencia, hizo que los avances en prevención de políticas de obesidad que recomiendan los expertos fueran nulos. Ojalá la falta de acción y resultados en esta administración sirva como un caso de lección del porqué intereses diferentes a la salud, como los comerciales, no deben de estar involucrados en el desarrollo de evaluaciones como ocurrió en el OMENT. Se recomienda para un futuro la cancelación de este observatorio y el remplazo por un consejo nacional donde no haya interferencia de la industria”, dijo al respecto Yarishdi Mora, coordinadora de Contrapeso, en entrevista para este diario digital.
En el mismo sentido, Larrañaga Flota hizo un llamado a la siguiente administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador, a evitar el conflicto interés. “No quisiéramos ver una administración más, minada por la protección de intereses comerciales y dejando de lado, la salud”, enfatizó.