Ricardo Ravelo
Ya sin fuero, Medina Mora queda sujeto a investigación de la FGR, la misma institución donde trabajó con funcionarios infiltrados por el narcotráfico y donde –además– se fabricaron expedientes con testigos mitómanos. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.
Nueve meses después de que asumió el cargo de Procurador General de la República, en el sexenio de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de narcotráfico que sacudió a la PGR: la infiltración de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) por parte del Cártel de Sinaloa.
Era el año 2007. La Drug Enforcement Administration (DEA) ya integraba un voluminoso expediente criminal en contra de varios militares de alto rango, agentes de Interpol y personal diplomático de la embajada de Estados Unidos en México que habían sido cooptados por la célula encabezada por los hermanos Beltrán Leyva, entonces amos y señores del narcotráfico en México.
Con base en los testimonios de varios testigos protegidos, arropados originalmente por la DEA como informantes, se comenzó a investigar a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, quienes fueron posteriormente encarcelados porque, según aquellas indagaciones, brindaron protección al crimen organizado, en particular, al cártel de Sinaloa.
La información de estos presuntos vínculos de generales con el narco se conocían desde antes de que terminara el Gobierno de Vicente Fox. Cuando asumió la titularidad de la PGR, en diciembre de 2006, Eduardo Medina Mora aparentemente desconocía los pormenores de este embrollo de corrupción.
Según se supo, el ex Ministro –actualmente investigado por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por lavado de dinero– se enteró de las infiltraciones del narco en sus oficinas de la antigua PGR el 19 de septiembre de 2007, cuando asistió a la Conferencia Nacional de Procuradores celebrada en Juitepec, Morelos. Ese día lo acompañaba Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la Seido, quien fue acusado de recibir medio millón de dólares de parte del Cártel de Sinaloa por brindar información y protección. El ex funcionario estuvo preso en el penal de El Rincón de Tepic, Nayarit. Luego fue liberado.
En aquella ocasión, un agente del Buró Federal de Investigación (FBI) que se identificó como “ Juan Jesús” le dijo a Medina Mora que, en coordinación con la DEA, trabajaba en una investigación que implicaba a funcionarios de la PGR.
También dijo que tenía contacto con un agente mexicano, que resultó ser el testigo protegido Jennifer –cuyo nombre real es Roberto López Nájera, un mitómano que fue utilizado durante la gestión de Medina Mora como Procurador para incriminar a militares que supuestamente le estorbaban al Gobierno de Felipe Calderón–.
Como parte de las investigaciones realizadas por Washington, “Juan Jesús” solicitó las fotografías de los altos funcionarios de la PGR y de los miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) que trabajaban en la Seido. La razón: El Gobierno norteamericano contaba con informes de que en la PGR “había filtración” de información al narcotráfico.
Luego de que se enviaron las fotografías, el testigo de la DEA y del FBI pudo identificar a los funcionarios que, según él, le aportaban información al Cártel de Sinaloa. Y mencionó los nombres. Algunos eran militares: Fernando Rivera, Roberto García García y Milton Carlos Cilia Pérez. Dijo el testigo que estos funcionarios estaban muy bien relacionados con altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y como parte de su red también mencionó a Ángeles Dauahare, Dawe González y Escorcia Vargas. El caso quedó integrado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008.
En esta madeja de complicidades criminales también salió a relucir el nombres del capitán Mateo Juárez como uno de los militares que le proporcionaba información al Cártel de Sinaloa sobre las actividades del entonces Presidente Felipe Calderón dentro y fuera del país desde el interior de a Sedena.
El grupo de militares, de acuerdo con el expediente, mantenían debidamente informados a los hermanos Beltrán Leyva sobre los operativos e investigaciones que realizaban las secciones Segunda y Séptima del Ejército. Y no sólo eso: el testigo relató que los militares González Rodríguez y Mateo Juárez entrenaban a los gatilleros de los hermanos Beltrán Leyva, y que les vendían armas decomisadas por el Ejército a distintos cárteles, principalmente a Los Zetas.
En el expediente –conocido como “Operación Limpieza”– existen otros testimonios, datos y evidencias que, por ejemplo, señalan al Mayor Arturo González Rodríguez, integrante del Cuerpo de Guardias Presidenciales en el Gobierno de Felipe Calderón, quien comenzó a trabajar para el Cártel de Sinaloa en 2006 a cambio de un pago de cien mil dólares mensuales.
Cabe recordar que el general Ángeles Dauahare fue mencionado como uno de los militares que podía asumir la titularidad de la Sedena, pues gozaba de buena reputación además de tener impecables credenciales antes de que ser incriminado. No se descarta que la incrimiación de la que fue objeto fue para quitarlo de en medio.
Cuando fue detenido, su hija Adriana Ángeles, dijo que la captura de su padre había sido por cuestiones políticas. “Hay personas a las que les estorba, se ponen nerviosas, les pesa mucho mi papá”, dijo.
Presionado por el Gobierno de Estados Unidos, Medina Mora tuvo que proceder en contra de los funcionarios que lo acompañaban en la PGR, sobre todo los que operaban en la Seido –como Noé Ramírez Mandujano, entre otros– quienes fueron encarcelados.
El ex titular del Cisen, ex Secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox procedió a integrar los expedientes que daban cuenta de la corrupción institucional. Sin embargo, echó mano de testigos protegidos que declararon cuanto sabían sobre los vínculos de militares y civiles con el narcotráfico, pero la mayoría de ellos mintieron.
Es el caso del testigo Jennifer, el testigo estrella de la PGR que fue utilizado para incriminar a varios funcionarios de esa institución; era, a su vez, informante de la DEA, pero después de una década de que se integró la Operación Limpieza quedó demostrado que los testigos falsearon información y que las incriminaciones que realizaron las hicieron sin conocimiento de causa y sólo por obtener beneficios de parte de los jueces que los procesaron.
La mente afiebrada de Jennifer construyó historias que implicaron en el narcotráfico, entre otros funcionarios, a Noé Ramírez Mandujano, quien entonces encabezada las investigaciones criminales como titular de la Seido. Por falta de pruebas –el ex funcionario acreditó que los testigos que lo incriminaron mintieron –salió de prisión en 2013.
Cuando Ramírez fue absuelto, el juez que llevó su causa le ordenó a la PGR iniciar investigaciones en contra de los funcionarios que integraron los expedientes en contra de militares y civiles acusados de vínculos con el narcotráfico. Ello implicaba, sin duda, a los ex procuradores Eduardo Medina Mora y Marisela Morales.
Pero la PGR hizo caso omiso de la solicitud del juez. En cambio, el Gobierno de Calderón premió a Morales con el consulado en Milán, Italia.
Otro personaje incriminado fue Javier Herrera Valles, un agente federal que cuestionó duramente la política fallida de Felipe Calderón contra el narcotráfico, sobre todo los llamados “Operativos Conjuntos”, implementados por militares y policías federales en todo el país, que no eran otra cosa más que rondines y paseos casi turísticos donde los policías no disponían ni información de inteligencia.
La PGR, bajo la titularidad de Medina Mora y Marisela Morales, construyeron expedientes que abollaron la imagen de militares, civiles con carrera en la PGR, pues mediante historias fantásticas, contadas por los testigos protegidos que reclutaron, le hicieron creer al Presidente Felipe Calderón que en realidad estaban limpiando a la institución cuando, en realidad, maquinaron las acusaciones con fines perversos.
Ahora Eduardo Medina Mora enfrenta a la justicia, pero no propiamente por sus desatinos como Procurador General de la República sino porque los gobiernos de Reino Unido y de Estados Unidos alertaron al de México respecto de varias triangulaciones de dinero cuyo origen está bajo sospecha.
Lo que ha documentado la Unidad de Inteligencia Financiera es que Medina Mora ocultó dichas sumas –que ascienden a unos 102 millones de pesos– en sus declaraciones al SAT.
Hasta ahora, el caso es un verdadero misterio: no se sabe de dónde obtuvo el dinero que trianguló a Inglaterra y Estados Unidos mediante transferencias de HSBC-México y tampoco él ha explicado los motivos de su renuncia. Aun así, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó su renuncia, la turnó al Senado de la República donde, sin exigirle explicaciones, le aceptaron la dimisión al cargo de ministro de la Suprema Corte.
Ya sin fuero, Medina Mora queda sujeto a investigación de la FGR, la misma institución donde trabajó con funcionarios infiltrados por el narcotráfico y donde –además– se fabricaron expedientes con testigos mitómanos.
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