Francisco Vásquez
Oaxaca.- Pareciera que la etapa de transformación en el servicio público no alcanzó a los funcionarios que forman parte del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en la entidad y los personajes con negros historiales que los vinculan a ella hoy pretendan combatirla.
Uno de ellos es el ex director jurídico de la entonces Auditoría Superior del Estado (ASE), Adán Córdova Trujillo, destituído en 2015 junto a diez auditores, por el ex titular de dicho órgano de fiscalización, Carlos Altamirano Toledo, debido a presuntos actos de corrupción, ya que se evidenció que recibía sobornos de presidentes municipales involucrados en desvíos de recursos, a cambio de otorgarles impunidad.
Quienes lo conocen, sabe que su labor consistía en retrasar la notificación de expedientes con anomalías a los órganos de administración de justicia, alterar resultados de análisis, o bien, filtrar información confidencial a quienes eran investigados por presuntos actos de corrupción y desvíos.
Sin embargo, a condescendencia del mismo auditor nunca se le inició algún procedimiento administrativo o penal, lo que le garantizó continuar en la impunidad.
Además, siendo funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) fue denunciado por integrantes del Frente Único de Ahorradores Defraudados, a quienes representó y cobró porcentajes excesivos de lo recuperado.
Mala reputación
El pasado 16 de enero, Adán Córdova Trujillo tomó protesta como presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en sustitución de Maria Isabel Chagoya Méndez.
Durante la sesión pública realizada en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción se informó que dicho cargo lo ocupará hasta el 16 de enero de 2020.
Ello pese a que Córdova Trujillo fue acusado de imponerse para formar parte del CPC, aún siendo secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la pasada legislatura.
A pesar de no gozar de buena reputación y de contar con un oficio de responsabilidad número SCTG/SRT/DRSP/002/2017 emitido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, además de un expediente por responsabilidad administrativa número 1624/RA/2011 donde se le amonestó por presuntos actos de corrupción.