Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
Con 30 votos a favor y 2 en contra, la LXVI Legislatura aprobó, reformas adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política en materia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y propuesta del Gobernador Salomón Jara Cruz, reconfiguró el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
La renovación de los cargos de elección del poder judicial local, serán electos, a través del voto popular en el 2027.
De igual manera se reduce de 28 a 16 magistraturas, la renovación de la totalidad de los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Oaxaca, los cuales durarán nueve años en el cargo.
Juezas y jueces de primera instancia y de los juzgados en materia laboral del Poder Judicial también serán electos en el 2027.
Además, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, que se integrará por tres magistradas o magistrados, que durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y podrán ser electos para un nuevo período.
Asimismo, un Órgano de Administración Judicial, el cual se integrará por tres personas que durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales, una persona será designada por el Gobernador; otra por el Congreso del Estado; y una por el Poder Judicial.
Con la creación de estas dos instituciones se desintegrará el Consejo de la Judicatura para garantizar mayor transparencia en los procesos de selección y evaluar mejor a los integrantes del Poder judicial.
En el caso de las elecciones de magistraturas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina serán estatales y para las elecciones de juezas y jueces de primera instancia, se realizarán por distrito judicial.
Ahora bien, las magistradas y magistrados del TSJ, los jueces de primera instancia y en materia laboral durarán en su cargo nueve años. En el caso de las y los magistrados no podrán ser reelectos. Por su parte, juezas y jueces podrán ser reelectos en una ocasión de forma consecutiva.
Y en el caso de quienes integren el Tribunal de Disciplina durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y podrán ser electos para un nuevo período.
En lo que respecta a la forma de selección de cargos en el Poder Judicial, esta se realizará con procesos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios.
En la reforma, se estableció que la remuneración que perciban por sus servicios las magistradas y los magistrados, las juezas y los jueces, y demás personal del Poder Judicial, no podrá ser mayor al establecido para la Gobernadora o Gobernador del Estado.
Así mismo, el cargo de las magistraturas no generará derecho a jubilación y, además, con esta modificación se respetarán los derechos laborales de las y los trabajadores.
Al fijar posicionamiento, la Diputada presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Tania Caballero Navarro, destacó la importancia histórica que representa esta reforma que responde a las necesidades de la ciudadanía y fortalece los principios que guían la vida pública: No mentir, no robar y no traicionar.
Además de ser un compromiso cumplido con las y los oaxaqueños que han demandado un cambio real en este Sistema, que por mucho tiempo estuvo al servicio de intereses particulares.
“Hoy saldamos la deuda histórica para las mujeres que buscan justicia por violencia, para los campesinos que defienden su tierra, para las comunidades indígenas que luchan por la protección de sus derechos y todas aquellas personas a quienes se les fue negada la justicia por no tener dinero suficiente para comprarla, a las niñas y niños a quienes les fue arrebatado su futuro”, sentenció.
Durante la discusión, la congresista del partido Movimiento Ciudadano, Dulce Alejandra García Morlan, presentó una Moción Suspensiva, la cual no fue avalada por el Parlamento, en el sentido de que el dictamen en cuestión se quitara del orden del día, toda vez que no se le compartió en tiempo y forma el documento para su análisis y con ello emitir un voto razonado y fundamentado.
Tras rechazarse, su moción suspensiva, García Morlan, refirió la definición de violencia política en razón de género contra las mujeres que, comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político electorales, tengan por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
García Morlan afirmó que no ha sido su intención victimizarse como mujer, porque lo que le está sucediendo, no tiene que ver con un tema de género pero sí con ser minoría y de ser oposición.
Afirmó que, el no contar con un dictamen o con la información, la deja sin instrumentos para poder razonar y argumentar.
afirmó que no contaba con el dictamen, por ello solicitó al secretario de servicios Parlamentarios y al presidente de la junta de coordinación política, Benjamin Viveros, Montalvo, el documento y les refirió el no contar con la información para realizar su trabajo legislativo.
La legisladora de oposición reclamó el dictamen de manera formal, debido a que lo acababan de subir a la gaceta, parlamentaria.
Respuesta, la diputada de Morena, Concepción Rueda Gómez, afirmó que el dictamen de reforma al poder judicial es con perspectiva intercultural, una visión plural que integró los aportes de personas académicas, comunidades indígenas y afro mexicanas.
“Esta reforma es parte de los cambios que a nivel nacional se impulsan para tener un sistema judicial democrático, austero y eficaz”, expuso en defensa del dictamen.
Rueda Gómez argumentó que, el reto que enfrentamos como Oaxaca es enorme y traer falsos debates, sólo pretende descolocar el objetivo central de nuestro estado y de la justicia.
Afirmo que desde este martes, está el dictamen al al servicio de todos.
“No debe haber cabida para quienes se rasgan las vestiduras, de manera permanente, cuestionando, gobiernos y legislaciones, pero que no son capaces de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, como es el caso del Estado de Jalisco, pues donde se han encontrado centros, eranchos donde están exterminando gentes gobernados por Movimiento Ciudadano, ha cerrado las puertas a las madres buscadoras”, reviró.
Rueda Gómez afirmó que, eso si es violencia de género y se ha pactado incluso con el crimen organizado.
“No digan que no sabían, pues sí, se sabe. Ese si es un debate el de Jalisco naranja, impera el terror y la criminalidad de su gobierno”, reforzó.
De acuerdo a la legisladora morenista, como todo en política, la congruencia es fundamental.
Asimismo, el Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo (PT), presentó una reserva que no fue aprobada por mayoría absoluta, respecto al artículo 110 Ter por la desaparición de la Sala de Justicia Indígena.
Destacó que el PT está en contra de esa propuesta y la iniciativa del gobernador no proponía su modificación.
“¿Quién lo propuso; que elementos científicos y materiales tiene la comisión para eliminarla?
Convencidos en que la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas tiene derecho a que se le imparta justicia sin discriminaciones; sin trabas burocráticas. Acaso, la Comisión de Estudios Constitucionales ¿realizó la CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA a las comunidades para preguntarles si estaban enteradas y si aprobaban su desaparición?”, cuestionó.
Alertó que, se podría poner en riesgo la legalidad del dictamen si no corregían.
Del Grupo Plural, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, dijo que esta reforma obedece a la exigencia de contar con un sistema de impartición de justicia más democrático, cercano a la gente, vigilable y entendible, que permita conocer los razonamientos jurídicos que dan origen a las sentencias para evitar la discrecionalidad, opacidad y corrupción.
Asimismo, la diputada Elvia Gabriela Pérez López del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se declaró a favor de la iniciativa, la cual es una demanda del pueblo que requiere justicia, certeza y seguridad jurídica en los procesos judiciales, así como la imparcialidad de las y los juzgadores, obedeciendo a los nuevos retos que enfrentan las infancias, juventudes, mujeres y el pueblo de Oaxaca.
Isaac López López, del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que con esta reforma se restructurará el Poder Judicial para derrumbar el conservadurismo de la derecha. También aseguró que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas están asegurados en esta propuesta, pues las y los juzgadores que surjan de la elección de 2027 deberán tener conocimientos con perspectiva intercultural, pluricultural y ser conocedores del Sistema Normativo Indígena de Oaxaca.
No obstante, el diputado Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), externó que su voto sería en contra, de la misma forma que ocurrió en el Senado de la República y la Cámara de Diputados Federal, y comentó que la impartición de justicia es uno de los actos de mayor soberanía que tiene nuestro estado y nuestros pueblos.
En tanto, la legisladora Analy Peral Vivar, de Morena, argumentó que, aunque considera que la propuesta ayudará a combatir la corrupción y el nepotismo que ha lacerado al Poder Judicial, carece de elementos que puedan garantizar la representación de los pueblos originarios.
“Es una oportunidad histórica para incorporar elementos importantes que puedan fortalecer la reforma, tomando en cuenta la pluriculturalidad del estado”, expresó.
