Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
Oaxaca, México.- El Congreso de Oaxaca exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que a la brevedad se dé una determinación jurídica y certera sobre el asunto relacionado con la suspensión a favor de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TIAO).
Con 22 votos a favor y 7 en contra, las y las legisladores avalaron el punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario de Morena.
En su exposición de motivos la diputada Rosalinda López Garcia, sostuvo que la estructura con él cuenta el TIAO, el cual fue sustituido por el Tribunal de Justicia Administrativa de Combate a la Corrupción (TJACCO), es desproporcionada.
Con la narrativa del combate a la corrupción, justificó que son 12 magistrados distribuidos en ocho Salas; una Sala superior, seis Salas Unitarias de Primera Instancia y una Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.
Votaron en contra, el lGrupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
En tribuna, la diputada del PRI, María Luisa Matus Fuentes, llamó a sus pares a legislar bien.
Recordó que la acción de inconstitucionalidad es un tema que se encuentra en litigio ante la Suprema Corte y del cual el Congreso es señalado como autoridad responsable.
“Es incongruente que pretendamos decirle el sentido en el que se deba de resolver el asunto. Por eso no podemos votar a favor de este punto de acuerdo, sobre todo porque la suspensión provisional del acto, tiene la finalidad de evitar que se consuman los actos que se impugnaron”.
Señaló que, más que puntos de acuerdo sobre el actuar de otros poderes, el Poder Legislativo de Oaxaca debiese estar concentrado en cumplir con todos y cada uno de las etapas del procedimiento para crear o reformar las leyes de Oaxaca.
“Disculpen, pero si se hicieran bien las cosas, no pasaría lo que está sucediendo en estos momentos, en el que tenemos duplicidad de magistrados”, asestó.
Destacó que Es momento de legislar en los terminos que marca la ley, es momento de ser exhaustivos el análisis de fondo sobre las iniciativas presentadas.
Citó como ejemplo que, existe un conflicto de competencias entre la sala indígena del Tribunal Superior de Justicia que ya conoce los conflictos de recursos municipales entre agencias y ayuntamientos.
Facultad que le fue otorgada al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y combate a la corrupción.
“Lo más grave es que involucra a los 417 municipios de Sistemas Normativos Internos, en donde el carácter de indígena obligaba a una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada”, reprochó.
Sin embargo, la mayoría morenista y sis aliados, exhortaron a la SCJN para que dentro del marco de sus facultades, respetando las normas jurídicas, vías, procedimientos, así como el derecho de las partes procesales, resuelva la controversia constitucional 396/2023, en razón de que -asegura la 4T- indebidamente se otorgó la suspensión a favor del TJAO.
Invadiendo esferas y división de poderes, le requirieron que de forma exhaustiva y expedita conozca el fondo del asunto para que a la brevedad se dé una determinación jurídica y certera a favor del pueblo de #Oaxaca.
En tribuna, la dip de Morena, Rosalinda Lopez García, dijo que es triste conocer el sistema podrido con el que se conducía el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Confiemos en que las líneas de investigación den resultados ya que se advierte muchas irregularidades en la actuación de cada magistrado y magistrada, como lo fue en la estructura del referido Tribunal, resultaba desproporcionada respecto a la misión constitucional y social para el que fué creado, ya que contaba con 12 magistraturas distribuidas en 8 salas constituidas de la siguiente manera: 1 Sala superior, 6 Salas Unitarias de Primera Instancia y 1 sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción”, cuestionó.
Justificó que se dio paso a la Renovación de la estructura y formar un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, en el cual, se integraría nuevas facultades con el único compromiso de servir eficazmente al pueblo de Oaxaca, con personas honestas que impartan justicia de manera pronta y expedita.
Recalcó que se ha sorprendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haberse tramitado la Controversia Constitucional 396/2023, mediante el cual se otorga parcialmente la suspensión solicitada por el magistrado Manuel Velasco Alcántara, con información errónea, ya que los actos de los que se duele la parte actora, ya están consumados, por ende, la situación jurídica ha cambiado y son firmes.
Sin embargo, socialmente existe incertidumbre para el gobernado, si bien es cierto las actuaciones que hemos realizados han sido ajustadas a derecho, lo cierto también es que, con información errónea, se tramitó la controversia Constitucional del cual surge una incorrecta suspensión, agregó.
Aseguró que es incorrecta porque la parte actora dolosamente argumentó datos e información errónea, “por ello, es importante que el Alto Tribunal, pueda ingresar de manera pronta a estudiar el fondo del asunto, para que emita una resolución que pueda dar fin a la controversia que se inició y así poder darle certeza jurídica al pueblo de Oaxaca”.
El pasado 27 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió parcialmente la Controversia Constitucional 396/2023 contra los actos que deriven el decreto de reforme al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y ordenó su suspensión.
La finalidad de la suspensión es preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes juridicos que se estiman vulnerados, aseguró el órgano.
Asimismo, los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso de La Corte, concedieron la suspensión del decreto para que las magistradas y los magistrados del TJAO continúen en el cargo que les fue conferido y no les sustituyan las personas nombradas en esta sesión extraordinaria, no se dé curso a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se les interrumpa el pago de sus percepciones.
