Jaime GUERRERO
Oaxaca- De cara a la aprobación de las leyes reglamentarias del Sistema Estatal Anticorrupción de Oaxaca, las comisiones unidas de Vigilancia de la ASE, Instructora y Administración de Justicia, se reunieron con los titulares del Instituto de Transparencia y de la Fiscalía Anticorrupción, para alistar el dictamen que tendrá que aprobar el pleno para dar paso a ese sistema de combate a la corrupción.
El plazo constitucional para que la LXIII Legislatura, tiene para aprobar ese sistema, es el próximo 30 de julio.
Por lo pronto, la Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso, Eva Diego Cruz, propuso prisión de 3 a 9 años para los servidores públicos que simulen actos jurídicos o contables para justificar el uso indebido de los recursos públicos y para los que sustraigan documentación e información del Estado o Municipios; y prisión de 2 a 8 años para servidores públicos que no realicen la entrega de la administración a su cargo o no reciban la administración a su cargo.
En las sesiones de comisiones unidas, el titular del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Francisco Álvarez Figueroa, pidió a las diputadas Eva Diego Cruz y Laura Vignon Carreño, presidenta e integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASE; María de Jesús Melgar Vásquez e Hilda Graciela Pérez Luis, presidentas de las comisiones Instructora y de Administración de Justicia, respectivamente, así como el diputado Juan Mendoza, mayor presupuesto para eficientar la operatividad de ese órgano.
De su lado, el Fiscal Especializado en materia de Combate a la Corrupción del Estado, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, coincidió con el titular del órgano de transparencia, los escasos recursos.
Diego Cruz, recaló que en primera instancia, la autonomía del nombramiento la realiza el Poder Legislativo.
Y de cara a la aprobación de ese sistema, ya se han reunido con la presidenta del Tribunal de lo Contencioso, el Auditor Superior de Oaxaca, así como el Contralor, para escuchar a las instancias que conforman Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y hacer los cambios que sean necesarios.
Por lo pronto, destacó que mediante una adición del capítulo V “Delitos cometidos en el ejercicio de la gestión pública estatal o municipal”, título octavo, del código penal para el estado de Oaxaca, se busca sancionar a servidores públicos que simulen la aplicación de los recursos públicos, desaparición de expedientes de procesos de entrega recepción.
Y es que dijo que 311 administraciones municipales que fungieron en el periodo 2014-2016 no realizaron la formal entrega recepción a la administración entrante, lo que equivalen al 55 % del total de los 570 Municipios.
Así mismo, 143 Municipios presentaron inconsistencias en la entrega recepción de la administración municipal, que equivalen a un 25 % del total de los 570 Municipios del Estado; 61 Municipios presentaron acta de entrega recepción sin expediente, lo equivale a un 11 por ciento.
En suma, existe un 91 por ciento de irregularidades en el proceso de entrega recepción de la administración pública municipal saliente del periodo 2014 – 2016 a la entrante del periodo 2017 – 2018 ó 2017 -2019, es decir, solo el 9 % de los Municipios del Estado cumple con los estándares de ley.
También, se detectó que durante el último año de la administración municipal los servidores públicos de la administración saliente no entregaron los informes de avance y la cuenta pública del último trimestre.
Esa irregularidad, ha creado un problema para establecer los saldos de las cuentas contables, presupuestales y económicas que estos entes públicos tenían al cierre de su administración el día 31 de diciembre del año 2016;
Diego Cruz, propuso también, prisión de 2 a 4 años para los servidores públicos que omitan cumplir con los requerimientos de los órganos competentes para la revisión y fiscalización. Y todas las penas se duplicarán en los casos de reincidencia.