Jaime GUERRERO | El Piñero
El Congreso de Oaxaca, pidió a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),Blanca Alicia Mendoza Vera, investigar y sancionar a las autoridades del gobierno estatal por su omisión ante los basureros clandestinos habilitados en los márgenes del Río Atoyac, en la capital del estado.
En tribuna, el diputado de Morena, César Mateos Benitez, lamentó que en las últimas semanas se ha observado que recolectores de basura particulares, en camiones de la CATEM, han estado depositando en las riberas del río Atoyac la basura que recogen en la capital y en otras poblaciones.
“Este atentado contra la naturaleza y contra la salud de la población, es evidente a simple vista para quien transite por las riberas del Atoyac. Ahí se han acumulado toneladas de desechos que por simple inercia, por el viento o como en días pasados, por efecto de las lluvias, van a dar al cauce del río de por sí altamente contaminado”, reprobó.
Cuestionó que el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, salió a medios para decir que estos tiraderos ilegales son responsabilidad exclusiva del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Que a él sólo le corresponde vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Concedió que la Constitución establece que corresponde a los municipios el manejo integral de la basura urbana, que consiste en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final.
Sin embargo, en el caso de los tiraderos, éstos deben ser autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del estado. Eso dice la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado, que exige autorización en materia de impacto ambiental a los sistemas de manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos.
Así, al tratarse de un tiradero que está funcionando sin la autorización del Gobierno del Estado, dado que se trata obviamente de depósitos clandestinos, la supervisión y sanción corresponde directamente al propio gobierno del estado. Aunque intente deslindarse el funcionario fantoche que tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la ley.
Criticó que el gobierno del estado, hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada.
Como no hizo nada para evitar los problemas por el cierre del relleno sanitario de Zaachila, a pesar de tener conocimiento desde hace años que ese tiradero ya estaba por exceder y posteriormente ya había excedido su capacidad.
Y es que luego de la restricción del basurero en Zaachila a varios municipios, recolectores privados depositan los desechos en varias zonas de las riberas del Atoyac, principalmente frente al mercado de madera, ubicado en el trayecto del Parque del Amor hacia el municipio de San Jacinto Amilpas, así como en otros puntos cercanos a la Central de Abasto, los cuales, con el viento y las lluvias, van a dar al cauce del río de por sí altamente contaminado.
Además de ello, se ha reportado la quema de la basura por las noches, lo que representa también un daño al medio ambiente y un problema de salud pública.
Estos tiraderos a cielo abierto no están permitidos, ya que la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, en su artículo 98, prohíbe tirar cualquier tipo de residuos en la vía pública, caminos, carreteras, predios, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y espacios subterráneos.
Anteriormente la contaminación en los ríos Atoyac y Salado fue motivo de una sentencia judicial y de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ninguna autoridad ha cumplido con estas resoluciones a la fecha, además, que deben autorizar en materia de impacto ambiental, los sistemas de manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Por ello, la LXV Legislatura aprobó el punto de acuerdo por el cual se exhorta a Profepa a sancionar la omisión de autoridades estatales, así como ordenar la reparación del daño ambiental y presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación por la posible comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental por parte de funcionarios del Gobierno del Estado.
