El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, manifiesta su preocupación por las irregularidades en que se han venido desarrollando las sesiones de las Juntas de Gobierno de este organismo federal desde el mes de diciembre de 2017, a tal grado que a unos días de que se reuniera la Junta de Gobierno este 27 de febrero, se pospuso una semana, argumentando causas de orden administrativo.
Las y los integrante de este órgano colegiado ciudadano hemos observado y exigido soluciones a las irregularidades en la organización y desarrollo de las sesiones de la Junta de Gobierno, durante las cuales se establecen las medidas de protección a favor de las personas beneficiarias del mecanismo, lo que vulnera sus derechos humanos.
Bajo el argumento de razones administrativas se les pide a las personas beneficiarias del Mecanismo que conozca de cómo se resuelve su caso por integrantes de la Junta de Gobierno por medio de una llamada telefónica, ya que no hay recursos para pagarles el transporte aéreo o terrestre, ya sea el caso y cuando la parte beneficiaria no acepta esa condición, la deliberación de su caso se pospone a la sesión posterior.
Hacemos un llamado al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, como primer responsable del buen funcionamiento de este Mecanismo, que tome cartas en el asunto para resolver las inconsistencias administrativas y técnicas que han obstaculizado su funcionamiento.
Desde el más alto nivel de la Secretaría de Gobernación, se deben atender aspectos estructurales de este Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los cuales han impedido que las estrategias dadas a conocer por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el año pasado, se hayan llevado a la práctica de acuerdo a los requerimientos que tienen ambos grupos poblaciones que son beneficiarios de esta instancia gubernamental, ante el escenario de violencia que se vive en el país.
Entre estos rubros destacan el personal insuficiente, la falta de seguridad del mismo, un insuficiente presupuesto que limita la garantía del derecho de audiencias y problemas en la logística de los traslados de los y las beneficiarias, así como serias fallas de parte de la única empresa de seguridad privada que se encarga de la implementación a nivel nacional de casi todos los planes de protección.
El presidente de la República, al anunciar la creación de las unidades de enlace estatales dijo que su gobierno está comprometido con la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero las restricciones administrativas o los ajustes que se realicen en esa materia, impiden que esa voluntad política se lleve a la práctica.
Cómo consejo consultivo solicitamos al gobierno de la República que se pongan en marcha acciones gubernamentales que trasciendan a la voluntad o formas de trabajo de las personas servidoras públicas y que el proceso electoral que se vive durante el presente año en el país no distraiga la atención institucional a temas tan graves como la violencia en que desarrollan su actividad profesional las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Alberto Xicotencatl Carrasco
Araceli Domínguez Medina
Araceli Rodríguez Nava
Lucía Lagunes Huerta
Maurilio Santiago Reyes
Stefan Zimmer
Víctor Ruiz Arrazola