Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente y el territorio en México han ido en aumento gracias a la corrupción, la falta de protección por parte del Estado, la impunidad, la propagación del crimen organizado y la poca participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de su territorio, alerta Ben Richard Leather, uno de los autores del último informe de Global Witness.
De acuerdo con el análisis “¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017”, el año pasado 15 activistas medioambientales fueron asesinados en México. Las cifras se quintuplicaron en comparación con el año pasado, cuando la organización documentó tres homicidios.
En entrevista para SinEmbargo, Leather explica que “la raíz” del problema es la corrupción, esencialmente la que permite colusión entre autoridades y empresas para imponer los proyectos. El Gobierno, critica, antepone los intereses económicos sobre los derechos de las comunidades, los habitantes son orillados a defender sus territorios y recursos naturales, y son acallados ya sea por las empresas o por propios funcionarios.
“Hay actores estatales que están participando de forma activa en los asesinatos de activistas”, dice.
Otras manifestaciones de la corrupción, subraya, se visualizan en la falta de actuación para combatir al crimen organizado y la impunidad, la implementación de sanciones contra los agresores y la nula protección para los activistas que denuncian amenazas, ya que, asegura, en muchos casos el asesinato pudo ser evitado si las autoridades hubieran actuado a tiempo.
“La raíz de este problema es la corrupción que permite que empresas y actores estatales se coludan para imponer los megaproyectos sobre las comunidades. Si no fuera por eso, muchos conflictos se hubieran evitado y esas vidas nunca se hubieran puesto en esta situación de riesgo”, manifiesta. Agrega que “el Estado suele favorecer los intereses económicos sobre los derechos de las comunidades”.
De acuerdo con Leather, el incremento de los homicidios de ambientalistas fue también causado por estos factores:
–Propagación del crimen organizado, especialmente en zonas de explotación de recursos naturales.
–Impunidad persistente: perpetradores de asesinatos de defensores y defensoras de territorio y medio ambiente se sienten con el poder de llevar a cabo los crímenes sin que haya consecuencias.
–Falta de protección por parte del Gobierno, ya que no se ha dado una implementación cabal y eficaz del mecanismo de protección para las y los defensores.
–Poca participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de su tierra y sus recursos naturales.
El análisis pone el dedo sobre la llaga: los defensores indígenas son los más vulnerables a los ataques, pues 13 de las 15 personas asesinadas pertenecían a alguna comunidad que se encontraba defendiendo su territorio ancestral.
El estado más mortífero para los ambientalistas durante 2017 fue Michoacán. Donde, por defender su territorio y el medio ambiente, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Luna Crisanto y Felipe Ramírez fueron asesinados en ese estado gobernado por Silvano Aureoles Conejo.
Oaxaca, entidad gobernada por Alejandro Murat Hinojosa, fue la segunda, con los asesinatos de Marciano Martínez Cruz, Rafael Hernández Cisneros, Benjamín Juárez José, Gabriel Ramos Olivera.
Chihuahua, Jalisco y Chiapas fueron los siguientes estados con más asesinatos registrado. Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos; Miguel Ángel y Agustín Vázquez Torres; además de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez y Pablo Andrés Jiménez fueron ejecutados en esas entidades.
Ben Richard Leather, de Global Witness, hace un llamado a Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México, a trabajar para detener la ola de violencia generada contra el gremio ambientalista:
“Hacemos un llamado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que se pronuncie públicamente para señalar como prioridad la protección de las personas defensoras del medio ambiente”.
VIDA DE ACTIVISTAS, BAJO AMENAZA EN AL
El informe revela que la situación ha ido empeorando no sólo en México, sino en todo el mundo, especialmente en América Latina, donde ocurrió cerca del 60 por ciento de los 207 asesinatos de activistas en defensa de la tierra y el medio ambiente perpetrados durante 2017, seis más que en 2016.
“Significa que cada semana en el mundo están siendo asesinadas cuatro personas por defender sus ríos, sus bosques, sus hogares, el territorio y el medio ambiente. Eso demuestra que ni los estados ni las empresas están haciendo lo suficiente para combatir este fenómeno”, expone Leather y destaca que 2017 ha sido “el peor año” para los activistas ambientales, desde hace seis años que comenzaron con el recuento en Global Witness.
Con 57 casos, Brasil resultó ser el primer lugar entre los países latinoamericanos más mortíferos para los defensores, donde el 80 por ciento de los ataques fue perpetrado mientras los activistas resguardaban las riquezas naturales del Amazonas.
En segundo lugar se encuentra Colombia, donde 24 personas defensoras fueron ejecutadas a consecuencia de los conflictos por la tierra, y en tercer lugar está México, donde los homicidios aumentaron de tres a 15.
A nivel mundial, este año el sector más letal para los ambientalistas fue la agroindustria que por primera vez superó a la minería, con 46 asesinatos perpetrados contra activistas que protestaron contra la forma en que se producen los bienes de consumo.
URGEN A TOMAR MEDIDAS
El análisis enlista tres recomendaciones dirigidas a los gobiernos del mundo –incluido el de México– para salvaguardar la integridad y vida de las y los defensores en su labor a favor del medio ambiente y el territorio:
-Combatir la corrupción y la impunidad, asegurar y respetar los títulos de propiedad de las tierras, y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.
-Adoptar una serie de medidas por parte de las empresas y gobiernos para reconocer públicamente el importante papel de las personas defensoras, abogar por su protección, proporcionarles las herramientas necesarias para llevar a cabo eficazmente su activismo y garantizar su seguridad cuando están en riesgo.
-Garantizar la justicia a fin de evitar futuras amenazas y disuadir a los posibles agresores y quienes no apoyen ni protejan el activismo deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales.
http://www.sinembargo.mx/24-07-2018/3446557