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Corte de EU desclasifica archivo que vincula a políticos de PRI y PAN con lavado de dinero público

Staff El Piñero

 

*Una corte de Estados Unidos reveló cómo ex gobernadores del PAN y PRI usaron un banco para comprar con recursos públicos propiedades en Texas. De acuerdo con el diario San Antonio Express News, los ex mandatarios que son investigados son: Luis Reynoso Femat (Aguascalientes), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Eugenio Hernández (Tamaulipas) y Humberto Moreira (Coahuila). Todos ellos han sido señalados en el caso que se le sigue a Luis Carlos Castillo Cervantes, propietario minoritario en un banco, quien admitió usar el sistema bancario estadounidense para pagar sobornos a ex funcionarios mexicanos a cambio de los contratos de pavimentación que recibió su empresa en México.

El archivo estaba clasificado hasta la semana pasada. Ahora es público, por decisión de la corte, de acuerdo con un amplio reportaje publicado hoy por el diario texano.

Este martes, el diario Reforma publicó que, además, un Fiscal federal de Estados Unidos calificó de inadmisibles los documentos oficiales emitidos por el Gobierno de Coahuila por considerar que no son confiables por la presunta complicidad de la administración estatal con Los Zetas.

A pesar de las investigaciones en Estados Unidos y las denuncias presentadas por partidos de oposición en México y organizaciones civiles, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no tiene ningún cargo en contra de Humberto Moreira y Eugenio Hernández.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– El panista Luis Armando Reynoso Femat, Humberto Moreira Valdés y otros ex gobernadores del partido Revolucionario Institucional (PRI) son exhibidos por casos de lavado de dinero en documentos desclasificados apenas esta semana por una corte de Estados Unidos.

 

De acuerdo con el diario San Antonio Express News, de 2004 a 2010 durante la gestión del ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Reynoso Femat, se transfirieron 5.5 millones de dólares de dinero robado a Estados Unidos a través de bienes raíces.

 

Derivado de estas investigaciones, en 2014 los fiscales federales de Estados Unidos presentaron una demanda para decomisar cuatro casas, dos lotes y una propiedad comercial cerca de un viñedo en la ciudad de San Antonio, Texas, las cuales, Reynoso Femat compró a través de prestanombres.

 

Las acusaciones en ese caso permanecieron reservadas hasta la semana pasada, cuando una versión redactada fue archivada en una corte federal en San Antonio.

Reynoso Femat, a quien un juez en México condenó este mes a casi tres años de cárcel, transfirió dinero robado de Aguascalientes a bancos estadounidenses, luego compró bienes raíces de San Antonio a través de su hijo Luis Armando Reynoso López.

 

“A partir de 2008, Reynoso Femat y su hijo, Reynoso López, conspiraron juntos, y con otros, para desviar el dinero ilegalmente proveniente del estado mexicano de Aguascalientes a través de instituciones financieras en México, a cuentas bancarias que establecieron en los EU”, precisó el documento de la Corte citada por San Antonio Express News.

El diario intentó obtener una declaración sobre este tema por parte del abogado de Reynoso López, David Dilley, o del hijo del ex mandatario, pero no hubo respuesta, pero según una moción presentada por Dilley este mes, los fiscales habrían cerrado su investigación en contra del ex Gobernador.

De acuerdo con el medio estadounidense, los dos lotes vacíos y el edificio comercial en West Blanco Road aún están a nombre de Reynoso López, según muestran los registros de propiedades. Las cuatro casas, las antiguas residencias modelo en las Campanas de Cibolo Canyons, en la subdivisión cerrada de TPC Parkway, fueron trasladadas a una compañía de responsabilidad limitada dirigida por Reynoso López en 2012.

 

La demanda repite los cargos hechos por los fiscales estatales en Aguascalientes de que Reynoso Femat robó millones de dólares del estado a través de un contrato incumplido por equipos médicos y la venta de bienes inmuebles estatales, aunque algunos segmentos sobre esas acusaciones quedan anulados.

 

El dinero utilizado para comprar los bienes raíces en San Antonio fue transferido desde el banco de Reynoso Femat en Cancún y una cuenta en el Banco Inter Nacional en McAllen a cuentas de BBVA Compass en los Estados Unidos, según documentos judiciales.

El diario destacó que la supuesta conexión de Reynoso Femat con el Inter Nacional surgió durante la audiencia de la demanda en enero de un empresario del sur de Texas acusado de ayudar a gobernadores mexicanos a lavar dinero en Estados Unidos.

 

Se trata de Luis Carlos Castillo Cervantes, propietario minoritario en el banco, quien admitió usar el sistema bancario estadounidense para pagar sobornos a ex funcionarios mexicanos a cambio de los contratos de pavimentación que recibió su empresa en México. Castillo Cervantes ayudó a Reynoso Femat a establecer una cuenta en el Inter Nacional, de acuerdo con los fiscales.

 

En su mayor parte, Castillo Cervantes trabajó con miembros del Partido Revolucionario Institucional, según los fiscales. Reynoso Femat es el único miembro del Partido de Acción Nacional que es acusado de sobornar al llamado “Rey de los Dragones”.

 

Reynoso Femat es uno de los varios ex gobernadores mexicanos bajo investigación de autoridades en el sur de Texas. Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex Gobernador de Tamaulipas, quien fue arrestado este mes en Italia y enfrenta a cargos federales en Brownsville: es acusado de lavado de dinero y sobornar mediante compras de bienes raíces en Kyle, San Antonio y el Valle del Río Grande.

 

Castillo Cervantes también admitió pagar sobornos a Eugenio Hernández, otro Gobernador de Tamaulipas que se enfrenta a cargos en Corpus Christi y se encuentra fugitivo, aunque en México no enfrenta ningún cargo.

 

Jorge Juan Torres López, ex Gobernador interino del estado de Coahuila también es acusado en Corpus Christi y está prófugo.

En la lista también figura Humberto Moreira, predecesor de Torres en Coahuila que no ha sido acusado, pero los fiscales estadounidenses alegan en documentos judiciales que el priista robó cientos de millones de dólares del estado y lavó decenas de millones en San Antonio y en otras partes de Texas.

 

Los cuatro ex mandatarios han negado las acusaciones.

 

Este martes, el diario Reforma publicó que un Fiscal federal de Estados Unidos calificó de inadmisibles los documentos oficiales emitidos por el Gobierno de Coahuila por considerar que no son confiables por la presunta complicidad de la administración estatal con Los Zetas.

 

Esto se desprende de una moción para invalidar documentos del Gobierno de Coahuila, en el juicio 5:13-CR-00655-XR seguido en Texas contra Marciano Millán Vázquez, “Chano”, presunto ex líder de Los Zetas en Piedras Negras.

 

De acuerdo con el medio de circulación nacional, en mayo del año pasado, Millán pidió que se desestimaran cargos en su contra, que incluían asesinato y tráfico de drogas, y presentó documentos emitidos por la administración coahuilense que sostienen que fue exonerado y que no tienen cargos criminales en su contra.

 

Sin embargo, el Fiscal federal Richard L. Durbin argumentó que EU objetaría la autenticidad de cualquier documento expedido por Coahuila.

 

A Millán se le atribuyen desapariciones en Allende, matanzas masivas entre 2009 y 2015 en Coahuila, y la muerte de al menos 150 personas en el penal de Piedras Negras.

Este domingo, Moreira arremetió contra el ex Presidente Felipe Calderón por haberlo vinculado con el narco y desestimó los testimonios de presuntos testigos que lo ligan con el crimen organizado.

 

Frente a la presión del público para hacer frente a la corrupción, el Gobierno de México resucitó, en los últimos meses, cargos ignorados desde hace mucho tiempo contra Yarrington y acusó a Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, y César Duarte Jáquez, ex mandatario de Chihuahua.

 

Sin embargo, a pesar de las investigaciones en Estados Unidos y las denuncias presentadas por partidos de oposición en México y organizaciones civiles, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no tiene ningún cargo en contra de Humberto Moreira y Eugenio Hernández.

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