Jaime GUERRERO
Oaxaca.-La Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmaron que siguen están abiertas las investigaciones contra ex servidores públicos de la administración que encabezó Gabino Cué Monteagudo.
Fue el Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad (CCCI), quien requirió a diversas dependencias del Gobierno Federal información sobre las investigaciones y acciones ante los actos de corrupción del gobierno de Cué, denunciados legal y públicamente.
En respuesta, la PGR indicó que, derivado de la denuncia interpuesta por el senador de Oaxaca Benjamín Robles Montoya, si alguna dependencia o ciudadano cuenta con mayores datos qué aportar a la investigación por los actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita denunciados, que se hagan llegar a la brevedad posible a esa autoridad federal.
A su vez, la ASF informó que se realizaron 130 auditorías a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca sobre los ejercicios fiscales de 2010 a 2015, las cuales tienen diversas observaciones.
En la víspera, la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), revelaron que Cué Monteagudo habría malversado y no solventado recursos de 21 programas federales por el orden de los 4 mil 399 millones 846 mil 463.7 pesos, en un periodo de cinco años, de 2010 a 2015.
Uno de sus funcionarios involucrados es el ex titular de la Secretaría de Turismo, José Zorrilla de San Martín Diego, en el apartado de transferencia de la Secretaría de Turismo.
En el Sistema de Seguimiento de Solicitudes de Acceso a la Información (SESAI), bajo el número de folio 0002700036516 se requirieron los resultados de las auditorías a recursos federales ejercidos por el gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué.
La SFP, a través del oficio UORCS/211/794/2016, informó que en las bases de datos y archivos con los que cuenta la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, correspondiente al periodo 2010 al 2015, se practicaron auditorías conjuntas con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, en las que con base en los registros actualizados se obtuvieron esas anomalías.
Del 2010 al 2015, el Fonregion presentó irregularidades por 1 mil 844 millones 272 mil 267.5 pesos; en 2011, fueron de 448 millones 284 mil 892.5 pesos, en 2012 de 732 millones 641 mil 514.1 pesos, en 2013 de 57 millones 267 mil 961.1 pesos, en 2014 de 304 millones 102 mil 207.8 pesos, en 2015 de 301 millones 975 mil 692 pesos.
En el PIBAI, recursos destinados a los pueblos indígenas, se desconoció el destino de 446 millones 463 mil 383.1 pesos; en los Programas Regionales de 830 millones 864 mil 192 pesos y Turismo (operados por Zorrilla de San Martín Diego) 366 millones 964 mil 159.7 pesos.
Fueron 21 programas revisados por la SFP y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental: FONDEN, FOROSS, PIBAI, PROSSAPYS, FCONCURSABLE, FONREGION, Programas Regionales, Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos de la Secretaría de Turismo y el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).
Además están Fondos Metropolitanos, Seguro Popular, Vivienda Digna, el Programa de Construcción y Rehabilitación de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, entre otros.
Actualmente, al seno de la LXIII Legislatura, se presentó una solicitud de Juicio Político en contra de Gabino Cué ante el Congreso del Estado de Oaxaca, el cual notificó al CCCI haber turnado la petición a la Comisión Permanente Instructora, presidida por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), e integrada por las diputadas, María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Paola Gutiérrez Galindo (PRD), así como por los diputados, Juan Mendoza Reyes (PAN) y Jesús Romero López (PT).
Por lo pronto, sigue saliendo a la luz pública, casos de personas agraviadas.
Por ello, el CCCI solicitó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa una audiencia para conocer las acciones que ha emprendido para esclarecer el uso que se dio a los recursos públicos en la anterior administración, castigar a los funcionarios y servidores públicos que fueron responsables y evitar así que estos actos de corrupción queden en la impunidad.
El CCCI considera que los Gobiernos Estatal y Federal no solo deben investigar el desfalco al erario y castigar a los responsables, también deben resarcir los daños que impactan directamente a millones de personas que iban a ser beneficiarias de programas sociales, proveedores que perderán sus inversiones y personas trabajadoras que cumplieron con sus deberes pero no han recibido el sueldo correspondiente.