Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- El primero de septiembre la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Oaxaca, en este contexto, la abogada Érika Lili Díaz Cruz, integrante del grupo interdisciplinario que determinó la implementación de este mecanismo de protección para las mujeres, renunció a su participación en el proyecto.
La abogada e integrante de la organización civil Luna del Sur dio a conocer, mediante una carta abierta publicada en días recientes, que renunció desde el pasado 7 de septiembre, tras la primera sesión del programa que el gobierno estatal denominó Oaxaca en Igualdad y Libre de Violencia, a la cual cuestionó.
En la carta señaló que en la reunión del 6 de septiembre los funcionarios del gobierno llevaron a cabo prácticas que condujeron a mal informar a la sociedad sobre la alerta de género, argumentando que difundieron información sobre acciones que no atienden los resolutivos y el dictamen de la AVGM.
Además de que los funcionarios se negaron a escuchar activamente a las madres de víctimas de feminicidio, asimismo, presentaron acciones que evidencian un desconocimiento sobre la problemática, falta de sensibilidad con respecto al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Además de ausencia de acciones garantes de la vida de las mujeres y sobre todo de no contar con acciones y respuestas efectivas de Estado, que devuelvan la seguridad pública, la salud y la vida con dignidad para las mujeres en el estado de Oaxaca y eviten la repetición de esa violencia.
Érika Lili Díaz Cruz acusó que durante la sesión, la discriminación por razones de sexo, género, etnia, fenotipia, clase, fueron perceptibles en todo el evento, ya que solamente los funcionarios hombres hablaron, la secretaria de la Mujer sólo condujo el orden del día y el mensaje de la comisionada.
“Las madres no pudieron expresar su dolor, menos reclamar sus derechos, el grupo de trabajo conformado por mujeres, tampoco tuvo permitido hablar, los videos presentados remarcaban esta discriminación múltiple, por lo que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el bloque constitucional de Derechos Humanos no se respetó”, refiere la abogada.
“En esta reunión convergieron las peores prácticas en materia de derechos humanos de las mujeres. Decretar la alerta de género implica dejar claro que la violencia contra las mujeres por razones de género es real, que ha existido y prevalece la vulneración sistemática a los derechos humanos de las mujeres en Oaxaca”, agrega.
En este sentido, dijo que la expresión más despreciable de ello, es el asesinato de más de 200 mujeres en lo que va del sexenio del actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, vulnerando con ello el derecho a la vida y de quienes sobreviven, el derecho a vivirla dignamente.
Por último, Érika Lili Díaz Cruz señaló que permanecerá en la sociedad civil organizada y como mujer, en lo individual, seguirá exigiendo desde su humilde espacio la reivindicación de los derechos de las mujeres.
Exigen acciones concretas
En este contexto de la implementación de la AVGM y los nulos resultados que ha dado, organizaciones sociales, colectivos feministas, sobrevivientes de violencia, familiares de víctimas y mujeres de la sociedad civil, exigen al gobierno realizar acciones concretas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, y no sólo sean simulaciones.
Mediante una carta dirigida al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, le demandan que en su calidad de consejero presidente del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, implemente acciones prontas y urgentes que eviten que se violente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Agregan que el actuar de las instituciones del gobierno del estado y sus agentes limita el acceso a la protección y a la justicia para las mujeres en situación de violencia mediante negativas del servicio en horarios inhábiles, intentos para convencerlas de desistirse de las denuncias, ignorancia de la perspectiva de género, condicionarlas a que se acompañen de asesor jurídico privado, omitirles información sobre sus derechos o negarles las medidas de seguridad.
En el caso de las autoridades municipales de 40 municipios señalados en la AVGM para que se tomen acciones urgentes y se implementen consejos municipales para revenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, destacaron que es clara la omisión que han tenido las autoridades para atender el mandato, ya que sólo el municipio de Oaxaca de Juárez ha instalado dicho consejo.
Asimismo, exigen que en ningún caso los violentadores de mujeres y particularmente los feminicidas gocen de impunidad, ni de medidas alternas o procedimientos abreviados.
En cuanto a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, les pidieron dar a conocer números telefónicos y mecanismos para atención de emergencias de violencia de género contra las mujeres en cada uno de los 40 municipios señalados en la declaratoria de la AVGM, así como garantizar a las mujeres la atención personalizada las 24 horas del día y los 365 días del año.
Cabe mencionar que una de las indicaciones que se le dio al gobierno de Oaxaca para garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia fue la elaboración de un programa integral de trabajo dirigido a todo el territorio de la entidad mediante el cual se pretende erradicar la violencia feminicida, cosa que a 28 días de haberse implementado la alerta no ha sucedido.
Por último, las mujeres organizadas exigen que se habiliten en los 570 municipios oaxaqueños, refugios para mujeres víctimas de violencia, hijas e hijos, garantizando que tengan atención digna, especializada, integral, con perspectiva de género y de interculturalidad.