Por: Roberto POLO │Alberto Carmona │ESPECIALES
Cujuliapan es uno de esos pueblos del sur de Veracruz que se conoce por su alta marginación y por haberse convertido en tierra fértil para la violencia. En los últimos meses, la población ha sido testigo silencioso de casos bárbaros que han roto su tranquilidad.
Cujuliapan es la localidad más poblada de José Azueta, un municipio del estado de Veracruz, asentado en la amplia región de la Cuenca del Papaloapan. Su población no rebasa los 850 habitantes y de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) apenas el 31,47% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente.
Para los residentes, escuchar sobre civiles armados, operativos policíacos y escenarios que exhiban pólvora, sangre y sufrimiento ha sido tan constante que convirtió su territorio en una pesadilla social y en un lugar donde la paz y tranquilidad desaparecieron.
Apenas en marzo del presente año 2020, se enteraron de que a unos cuatro kilómetros de Cujuliapan, en el rancho Monte Rico, las fuerzas de seguridad descubrieron un campamento donde, presuntamente, un grupo de la delincuencia organizada operaba para realizar actividades ilícitas. Es una finca donde se encontró una pareja de leones, cinco venados, una avestruz, dos cerdos pequeños, un pavo real y un estanque con tortugas y cocodrilos; además de 20 habitaciones y un sitio acondicionado para hacer ejercicio.
Dos meses antes, en enero, Cujuliapan fue blanco noticioso luego de que las autoridades reportaran que habitantes del lugar fueron sorprendidos robando y destazando reses de un camión que las transportaba y que chocó en contra de un tráiler en que viajaba un centenar de migrantes indocumentados.
En septiembre del 2019, en Vicente Guerrero, comunidad conocida como “El Aguacate”, colindante con Cujuliapan, elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos por los pobladores del lugar luego de que irrumpieran en un domicilio para confiscar productos presuntamente robados.
Las fuerzas federales acusaron a los habitantes de resguardar mercancía presuntamente robada y estos, en respuesta, argumentaron que se trataban de productos para la realización de una fiesta popular.
Esta situación se salió de control luego de que los residentes, con airados reclamos y a punta de pedradas, corrieran del sitio a los elementos de la Guardia Nacional, quienes optaron por regresar las cosas que habían confiscado y salir de la población.
El 24 de febrero del 2019, Jorge Hernández González, de aproximadamente 40 años de edad y de oficio cortador de caña, fue localizado sin vida en la comunidad de Cujuliapan, luego de que sostuviera una fuerte discusión presuntamente con elementos de SEDENA, así lo afirmaron vecinos del hoy finado.
Un año antes, en marzo del 2018, el subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Juan Rodríguez Clara, Gregorio Agustín Cruz, fue asesinado a balazos durante una emboscada en el camino de terracería que conecta a Cujuliapan con Tesechoacán.
En aquella ocasión, la SSP desplegó un operativo y fue localizada una camioneta Toyota tipo Tacoma color negro con placas SJ-71650 con placas del estado de Puebla que, presuntamente, ocuparían los responsables del crimen.
CONSTERNAN DESAPARICIONES Y CASO DE TORTURA
En la actualidad, en Cujuliapan, tres desapariciones y un caso de tortura han consternado a la población. Y es que en las últimas semanas, Josmar Alor Borja, Fredy Azamar Alfonso e Himer Domínguez Rodríguez desaparecieron sin dejar rastro. Mientras que la señora Hilda Condado narró haber sido torturada, presuntamente, por elementos de la Fuerza Civil.
Josmar Alor Borja, de 23 años de edad, desapareció el pasado tres de mayo. Y según su familia, su desaparición podría ser atribuida a personal de la Fuerza Civil, aunque no existen pruebas que así lo demuestren.
Lucero Rodríguez, esposa de Josmar, dice que él no se metía con nadie y que se dedicaba por completo a las labores del campo y a su familia.
En tanto Geovany Alor, hermano de Josmar, precisa que éste desapareció cuando se dirigía a comprar cerillos para quemar basura del terreno que acababan de limpiar. Aquel día –dice- pasó una patrulla de la Fuerza Civil y desde ese entonces, perdió todo rastro de él.
Por tal situación, ya denunciaron el caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo no han tenido respuestas favorables.
Fredy Azamar Alfonso es otro caso más que suma ante estas alertas por desaparición.
De acuerdo a información de su familia, éste desapareció extrañamente en el mes de mayo en la vecina población de Curazao, sin que hasta el momento se tenga información de su paradero.
Fredy fue director de Protección Civil en la administración municipal 2012 -2014 y era hermano del regidor segundo de la actual administración, Alberto Azarmar Alfonso.
Versiones de amigos de Fredy, refieren que tenía la aspiración de postularse como aspirante a la presidencia municipal de José Azueta.
Con la misma suerte corrió Himer Domínguez Rodríguez, quien fue intervenido, presuntamente, por elementos de la Fuerza Civil, quienes lo habrían sacado de su vivienda, ubicada en Tesechoacán, durante la madrugada del seis de mayo.
Cabe señalar que el convoy que llegó a su casa le destrozó la chapa de su puerta para poderlo sacar de su domicilio, además de sustraer aparatos electrodomésticos y ponchar las llantas de una camioneta Ford Expedición color roja que se encontraba estacionada, propiedad de Himer.
HILDA ACUSA TORTURA
Hilda Condado García, originaria de Cujuliapan, dijo que un viernes del mes de mayo, alrededor de las 18:00 horas, la Fuerza Civil la levantó en la calle cuando caminaba acompañada de su hijo de seis años de edad.
Precisa que ese día la amenazaron con matar a su hijo si no cooperaba. Y recuerda que ante tal situación su hijo salió huyendo, mientras ella era subida una de las patrullas.
“Mi niño sale huyendo, llorando. Fueron cuatro patrullas, entre ellas de la Fuerza Civil 3532 y de la Estatal 8880 con elementos de la Fuerza Civil”.
“Hacia las afueras, por un cañal, me metieron bolsas en la cabeza, me estaban asfixiando, me tiraron. Me cortaron el cabello. Me llevaron para Vicente Guerrero (…) se metieron a una casas…Y uno de la Fuerza Civil me decía como me mataría… si con el cuchillo, una sierra, un pico.
Esposada y con las visibles marcas en los brazos, Hilda dice que los policías la grabaron. “Me tomaron un video antes de soltarme, me preguntaron mi nombre, mi apodo, me dijeron que dijera que trabajaba para los piña, me dijeron que dijera nombres”, contó.
Hilda, quien dice ser ama de casa y trabajar en el campo, pide que el gobernador tome cartas en el asunto, pues los oficiales no solo la torturaron sino que también allanaron su domicilio de donde le robaron diversos artículos y dos mil pesos que ocuparía para poner un negocio.
Precisa que ante esa situación ya puso su denuncia ante la Fiscalía de Playa Vicente, pues teme por su vida y la de sus tres hijos.
En estos casos, aunque la Fuerza Civil es acusada de cometer estos hechos, hasta el momento no hay evidencia que lo determine. No obstante, los residentes de José Azueta exigen al Gobierno del Estado se detengan los presuntos abusos en que habrían incurrido los elementos de esa corporación de seguridad.
