VICENTE BELLO/ TREN PARLAMENTARIO
México.- La Cámara de Diputados ha reformado el Código Penal Federal. El propósito: incrementar de cinco hasta 20 años la inhabilitación para todo aquel servidor público que coadyuve en la evasión de algún detenido, procesado o condenado.
Los artículos reformados son el 150 y 160 de la ley de marras. Fue por unanimidad. La parte sustantiva de la modificación consiste en establecer que “cuando algún miembro de una asociación o banda delictiva, de tres o más personas, sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial o si pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, reserva o en activo, además de las penas establecidas, serán inhabilitados para desempeñar cargo o comisión públicos por un periodo que podrá ser hasta de 20 años también”.
He aquí la argumentación desde la tribuna, de todos los grupos parlamentarios:
Álvaro Ibarra Hinojosa, diputado federal del PRI (Nuevo León): “Nada daña más la gobernabilidad democrática de un país que la acción deshonesta de un servidor público, pues ello debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“Dichas propuestas son inhabilitar hasta por 20 años al servidor público que favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado; y asimismo al funcionario que, perteneciendo a alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas, forme parte de una asociación delictuosa”.
Carmen Campa Almaral, de Nueva Alianza: “La fuga de reos deja al descubierto, no solo la complicidad de servidores públicos de diversas instituciones de seguridad y de procuración de justicia, sino también el grave problema de corrupción que se vive en el sistema penitenciario, además de que evidencia formas profundas de deficiencias estructurales de la justicia mexicana, por lo que resulta necesario y conveniente fortalecerlo”.
Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano: “Por supuesto que combatir la impunidad debe ser el gran reto que debemos tener todos. Pero sí queremos decir que el nuevo sistema de justicia penal no va en dirección de incrementar penas, incrementar penas implica ir en contra y contrario a lo que se ha establecido en el nuevo sistema de justicia penal”.
Alfredo Basurto Román, de Morena: “Es una ley muy al vapor. Se está abusando del procedimiento parlamentario. Si no mal recuerdo, el pasado 17 de noviembre del año próximo pasado, se reformaron los artículos 153 y 154 y se derogó el 151 del ordenamiento penal federal, ya invocado.
“En tales reformas se aprobó, incluso por esta soberanía, por 392 votos, donde se ponía una pena de 8 a 12 años de prisión para aquellos funcionarios y cuerpos policíacos que ayudaran y que fueran parte o cómplices de los ilícitos de evasión de presos.
“Después, no pasan ni tres semanas, cuando el pasado 16 de diciembre de 2016, se nos presenta el dictamen que hoy se va, en un momento dado, a someter a votación, donde se reforma el 150 y 164 del mismo ordenamiento penal federal.
“Es decir, primero lo reformamos para incrementar de 8 a 12 años, y hoy con esta iniciativa que se está presentando se incrementa a 20 años, como que vemos que en esta legislatura o concretamente en la Comisión de Justicia, creemos que con el incremento de las penas a los delitos se va a disuadir la comisión de los mismos, y tenemos por experiencia y la historia en el país nos dice todo lo contrario. Es decir, no porque incrementes la pena quiere decir que vas a erradicar la comisión de los delitos”.
José Alberto Couttolenc Buentello, del Pvem: “El presente dictamen cumple con la intención del legislador de fortalecer las instituciones de seguridad pública mediante la actualización del Código Penal Federal”.
Arturo Santana Alfaro, del Prd: “Inhabilitar por 20 años, después que está establecido de cinco años la inhabilitación actualmente en el Código Penal, nos parece un acto de verdadero populismo penal. Creo que como lo han dicho algunos compañeros, compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, debemos de cuidar esta manera de dictaminar en la comisión.
“Partieron del escenario coyuntural de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán que por cierto, al ser recapturado se olvidaron de cuestiones trascendentales para este país, se olvidaron de darle continuidad a la investigación para llegar hasta el fondo y definir y procesar a quienes verdaderamente fueron culpables”.
El Pan en voz de José Hernán Cortés Berumen: “Vemos favorable que se impongan sanciones ejemplares a aquellos servidores públicos que infrinjan la ley. Se deben buscar mecanismos para disminuir al punto de la extinción los incentivos que orillan a delinquir a los servidores públicos”.
Y cerró el Pri con Edna Ileana Dávalos Elizondo: “Votaremos a favor del presente dictamen para que, tratándose de servidores públicos, independientemente de la pena privativa de libertad, se les destituya de su empleo e inhabilite hasta por 20 años para obtener otro cuando propicien la evasión de algún detenido procesado o sentenciado, sean o hayan sido miembros de alguna corporación policial o de la Fuerzas Armadas mexicanas y participen en una asociación delictuosa”.
Aprobado el dictamen, se le turnó al Senado para la continuación de su proceso legislativo.
ESTRIBO
¿Y qué han dicho los diputados federales respecto de la bronca con Donald Trump? Nada. Ni en lo individual ni en lo colectivo. Es una Cámara que, a ultranza, permanece a la sombra del presidente de la República. Ciertamente no comparten los diputados, con los senadores, la facultad de revisar la política exterior. Pero sí la deberían comentar. Optaron por seguir haciéndose los tiololos solos.
