Si se consideran los niveles de deuda pública, las irregularidades en el uso de recursos para obras públicas y el establecimiento del Sistema Local Anticorrupción, de los nueve estados que renovarán Gobernador el próximo 1 de julio, los mandatarios salientes que peor gestionaron esos rubros son Manuel Velasco Coello en Chiapas (PVEM), Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz (PRD-PAN) y Graco Ramírez Abreu en Morelos (PRD). Este último resalta por aumentar la deuda 500 por ciento y por las fallas en el Paso Exprés en el que un socavón provocó la muerte un padre y su hijo.
Respecto al endeudamiento, los gobernadores de Morelos y Yucatán lo elevaron respecto a cuando iniciaron su administración, y los mandatarios de Chiapas y Veracruz la dejarán en semáforo rojo por estar arriba del promedio nacional, revelan datos de la SHCP.
En cuanto a los señalamientos de la ASF, todos registran pagos indebidos en la construcción de carreteras. Además, sobre el proceso de implementación del Sistema Local Anticorrupción, el semáforo de organizaciones civiles detectó que Veracruz, Guanajuato y la Ciudad de México no lo han hecho de manera satisfactoria.
Por Dulce Olvera/SinEmbargo
Ciudad de México (SinEmbargo).– De los nueve estados que renovarán Gobernador en julio, dos registraron un alza en su deuda pública y otros dos la dejan en semáforo rojo, todos presentan irregularidades en el uso de recursos públicos para infraestructura, y tres tienen deficiencias en la implementación de su Sistema Local Anticorrupción, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y el Semáforo Anticorrupción de organizaciones civiles.
Los gobiernos que van de salida que han gestionado con más opacidad y gasto no son del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino de otros partidos: el de Manuel Velasco Coello en Chiapas (PVEM); el de Graco Ramírez Abreu en Morelos (PRD) y el de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz (PRD-PAN), con base en las tres variables revisadas.
Tanto Morelos como Chiapas fueron de las zonas más golpeadas por el terremoto del 7 de septiembre, por lo que sus sucesores deberán continuar el proceso de reconstrucción en medio de ese ambiente de opacidad.
En diciembre las organizaciones Impunidad Cero y Transparencia Mexicana presentaron el Coeficiente TAI para analizar en conjunto la transparencia, anticorrupción e impunidad de las entidades. En ese estudio, Morelos y Puebla reportaron el peor desempeño en los tres ámbitos.
El Frente Amplio Morelense de la Universidad Autónoma de Morelos ha comparado al Gobernador Graco Ramírez con el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, encarcelado por enriquecimiento ilícito.
“Lo que ha hecho es montar su propia red de corrupción e impunidad, con la creación de empresas fantasmas, prestanombres, compra de casas y departamentos en el extranjero, compra de obras de arte, al igual que lo hiciera en su momento Javier Duarte. Hoy reiteramos, cada minuto que te quedes Graco en el poder, es un minuto más en el que se confirma que eres el Duarte de Morelos”, expuso en un comunicado.
LOS ESTADOS MÁS ENDEUDADOS
Los gobernadores de Morelos y Yucatán elevaron la deuda pública respecto a cuando iniciaron la administración, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda. Además, los mandatarios de Chiapas y Veracruz la dejarán en semáforo rojo, de acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?
Esta organización civil expone que la deuda es un mecanismo para generar obra pública e inversión que no debe ser abusado. Puede ser positiva si se utiliza para financiar proyectos que beneficie a los ciudadanos, pero una deuda demasiado alta genera desconfianza por parte de inversionistas privados.
El perredista Graco Ramírez Abreu recibió una deuda pública morelense en octubre de 2012 equivalente al 1.6 por ciento del PIB (mil 500 millones de pesos) y la elevó 500 por ciento hasta dejarla en 2.4 por ciento al tercer trimestre de 2017 (9 mil millones de pesos).
“Su gobierno no lucha contra la corrupción y la impunidad, las promueve, alienta y hace de ellas política principal de la administración. Prueba de ello son las acusaciones documentadas que advierten que la familia de Ramírez desvió más de mil millones de pesos del crédito aprobado en 2013 por el Congreso local y que ha elevado a 9 mil millones de pesos la deuda pública de Morelos, empeñando por 30 o 40 años el futuro de la entidad”, denunció el Frente Amplio Morelense de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Además, se irá del cargo sin haber combatido la inseguridad en la entidad, donde se hallaron fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, pues sigue en los primeros lugares de incidencia delictiva del país, añadió.
YUCATÁN, MÁS DEUDA
En octubre de hace cinco años, el priista Rolando Zapata Bello recibió una deuda en Yucatán del 1.1 por ciento del PIB y la entregará en 1.4 por ciento más, esto es casi 4 mil millones de pesos.
El Congreso de Yucatán aprobó por mayoría el ejercicio de 580 millones de pesos por parte del Gobierno local para el 2018 por un plazo de hasta 20 años sin que especificara en qué se invertirá, denunció la Diputada local de Morena, Jazmín Villanueva Moo. Sólo indica que serán utilizados para “inversiones público productivas en el Centro Internacional de Congresos, por lo que, dijo Villanueva, “se deja en estado de incertidumbre el destino de los recursos, situación que podría ser muy oportuna para quien lo pretende ejercer, en un año tan complejo y con un proceso electoral en puerta”.
CHIAPAS, SEMÁFORO ROJO
Respecto a las entidades en semáforo rojo por rebasar el promedio nacional de 2.9 por ciento del PIB, Manuel Velasco Coello, del partido del tucán, tomó en diciembre de 2012 una deuda pública de Chiapas equivalente al 6 por ciento del PIB, subió en 2013 a 7.6 por ciento, y al tercer trimestre de 2017 quedó en 5.7 por ciento del PIB, alrededor de 20 mil millones de pesos.
“El Secretario de Hacienda estatal, Humberto Pedrero Moreno, ha advertido que muy seguramente el problema sobre el monto general de la deuda y las tasas de intereses (al 3.4 por ciento) serán heredados a la siguiente administración estatal, al menos para los dos primeros años de gestión. Un argumento que, sin duda, deja de manifiesto el claro desinterés gubernamental para buscar salidas de solución a la problemática y dejar una deuda menos pesada para la administración sucesoria”, escribió el periodista Héctor Estrada en el portal Mural Chiapas.
YUNES, PROBLEMAS FINANCIEROS
El ex Gobernador preso, Javier Duarte de Ochoa, dejó a Veracruz endeudado en 2016 en 5.2 por ciento del PIB. Para septiembre de 2017, diez meses después de asumir el cargo, el mandatario Miguel Ángel Yunes Linares la tiene en 4.5 por ciento del PIB (46 mil millones de pesos), aún en rojo.
En agosto, Yunes Linares anunció la reestructuración de la deuda para reducir la tasa de interés ubicada en casi 11 por ciento.
“Se trata de renegociar las cantidades enormes que dejaron de deuda a Veracruz para lograr mejores condiciones y que de esta manera podamos ir resolviendo poco a poco el gravísimo problema financiero que enfrenta el Gobierno del estado”, afirmó el mandatario saliente.
Las otras entidades cuyos habitantes saldrán a votar este verano mantienen la deuda en semáforo amarillo. Guanajuato de Miguel Márquez Márquez ( PAN) está en 1 por ciento del PIB; Jalisco de Aristóteles Sandoval Díaz (PRI) en 2.2 por ciento del PIB; Puebla de José Antonio Fayad (PAN) en 1.3 por ciento del PIB; Tabasco de Arturo Núñez Jiménez (PRD) en 0.9 por ciento del PIB; y la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) en 2.3 por ciento del PIB.
LAS IRREGULARIDADES EN OBRAS PÚBLICAS
Las nueve entidades a elecciones registran señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la implementación de infraestructura carretera principalmente por “pagos indebidos”. Sin embargo, Morelos vuelve a destacar luego de que en la autopista de Paso Express dos personas murieron el año pasado al abrirse un socavón.
Desde la Cuenta Pública 2014 la ASF alertó que en el Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) y el Distribuidor Vial Palmira hubo pagos indebidos por 25 millones 241 mil 600 pesos y diferencias en los registros internos de la entidad con respecto a los importes autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 23 millones 411 mil 500 pesos.
En la Cuenta Pública de 2015 volvió a decir que para el Paso Express se autorizaron pagos por 257 millones 698 mil 400 miles de pesos sin que se justificaran los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos considerados en la integración de los precios unitarios extraordinarios.
Además, la inauguración se retrasó cuatro meses y el precio se duplicó al pasar de mil 045 millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos. Pese a todas las irregularidades y los señalamientos de la sociedad civil y la oposición, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, rechazó renunciar. El único funcionario cesado fue el delegado de la SCT de Morelos, José Luis Alarcón.
En el caso de Chiapas, el Gobernador verde, Manuel Velasco Coello, ha declarado que con mejores carreteras la entidad “se transforma”, ya que se acercan los servicios públicos a más habitantes y se facilita el ingreso y la transportación de productos a todas las regiones.
Sin embargo, para la modernización de los Libramientos Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez, la Cuenta Pública 2014 de la ASF observó un pago de 703 mil 800 pesos de volúmenes mayores y pagos indebidos por 2 millones 256 mil pesos. Para la modernización de la Carretera Palenque San Cristóbal de las Casas y de la Autopista a la Frontera desde Comitán, en la Cuenta Pública 2016 no se acreditó que la contratista realizara el video editado del desarrollo de las obras por un monto de 82 mil 800 pesos y se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados en las estimaciones por el Centro SCT Chiapas por 9 millones 592 mil 400 pesos.
En Guanajuato, entidad gestionada por el panista Miguel Márquez Márquez, el órgano fiscalizador halló fallas en la construcción del Libramiento Ferroviario de Celaya y la Vía Rápida Bicentenario en la Cuenta Pública 2014, 2015 y 2016.
En la Cuenta Pública 2014, detectó que el Centro SCT Guanajuato efectuó pagos indebidos, entre ellos, de 34 millones 630 mil 100 pesos por la duplicidad de volúmenes en terraplenes y de 73 millones 898 mil 600 pesos en la fabricación, transporte y montaje de trabes pretensadas de concreto armado sin el soporte documental de rendimientos y costo de materiales.
Durante la construcción de la Vía Rápida Bicentenario y Modernización Doctor Mora, también hubo pagos indebidos, entre los que destacan, de un millón de pesos por la diferencia detectada entre los volúmenes pagados por la SCT y los cuantificados en el proyecto, y de 4 millones 59 mil 400 pesos por falta de soporte documental en la instalación de alumbrado público y el retiro de árboles.
En la Cuenta Pública 2015, la ASF volvió a detectar fallas en el Libramiento Ferroviario de Celaya y en la Vía Rápida Bicentenario, ya que se autorizó y pagó 12 millones 749 mil 700 pesos en el concepto de pilotes colados sin justificar el rendimiento y se pagaron 17 millones 523 mil 600 pesos en la ejecución de un puente inferior ferroviario inconcluso debido a deficiencias en la planeación y problemas sociales. Para la Cuenta Pública 2016 siguieron con irregularidades, pues la SCT Guanajuato no comprobó que la contratista reintegró 35 millones 619 mil 900 pesos, por concepto del anticipo no amortizado. Además hubo varios pagos de más, entre ellos, 5 millones 834 mil 200 peso de más a la contratista.
Jalisco, gobernado por el priista Aristóteles Sandoval, también arrastra fallas desde la cuenta de 2014. Para la vía el Tuito-Melaque, hubo pagos improcedentes por un monto de 7 millones 494 mil 900 pesos. Pero la obra pública que más observaciones ha tenido en 2014, 2015 y 2016 es la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara: en total, pagos improcedentes por 210 millones 376 mil 600 pesos.
En Tabasco, gestionado por el perredista Arturo Núñez Jiménez, se señalaron irregularidades en la carretera Villahermosa-Cd. Del Carme en la parte La Pigua-Reclusorio, pues se determinaron pagos improcedentes por 3 millones 868 mil 400 pesos. En la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, tramo Reforma-Villahermosa, se pagó una obra no ejecutada por un monto de un millón 548 mil 300 pesos.
Bajo la gestión de Rolando Zapata Bello en Yucatán, se detectaron fallas en la construcción del Viaducto Alterno y Obras de Infraestructura en Puerto Progreso en la Cuenta Pública 2014, 2015 y 2016. En total, hubo pagos indebidos por 14 millones 9 mil pesos.
En Puebla, durante el corto mandato de José Antonio Gali Ayad (arrancó en febrero 2017), la ASF señaló la obra de mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla. Se pagó un monto de un millón 685 mil 300 pesos sin detectar la existencia de diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en proyecto., y se pagó una obra no ejecutada por 3 millones 945 mil 800 pesos.
En otra gestión de solo dos años, la de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, el órgano señaló que en la carretera Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo faltó documentación por un importe global de 8 millones 344 mil 800 pesos de los cuales se acreditaron recuperaciones por un millón 436 mil 600 pesos.
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN
Para la implementación del Sistema Local Anticorrupción los estados tenían hasta el 18 de julio de 2017. Las organizaciones IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex lanzaron el Semáforo Anticorrupción para mostrar los avances en esta estructura que busca la rendición de cuentas.
Veracruz, manchado por la deuda heredada de Javier Duarte, aunque tiene la reforma constitucional “satisfactoria”, no tiene la Ley de Sistema Anticorrupción.
Los estados que han llevado a cabo el proceso de una manera “regular” son Guanajuato y la Ciudad de México. Una serie de organizaciones civiles como Fundar, México Evalúa, Borde Político y México Infórmate exigieron este miércoles designaciones transparentes en el Sistema Anticorrupción de la capital del país para que se hagan conforme a la selección de los mejores perfiles y no con base en cuotas o afinidades políticas.
Se renovarán comisionados del InfoCdMx y magistrados anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, así como el Contralor, el Secretario Técnico del SACdMx y de los miembros del Comité de Participación Ciudadana.
Los estados en verde, por tener una reforma constitucional y Ley de Sistema Local Anticorrupción satisfactoria, son Chiapas, Morelos, Puebla y Yucatán. Jalisco tiene una reforma constitucional satisfactoria, pero una ley regular y Tabasco, una reforma regular, pero una ley satisfactoria.
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