Respaldado por prácticamente todas las fuerzas políticas, salvo el Partido de Baja California (PBC) – que no se presentó a la sesión-, y el Diputado panista Miguel Antonio Osuna Millán, los legisladores aprobaron con 21 votos – a través de cédula- la reforma al Octavo Transitorio Constitucional, por lo que ahora la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, será del 2019 al 2024.
Este sábado, Porfirio Muñoz Ledo, del mismo partido que llevó a Bonilla a la gubernatura, consideró que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California es “gravísima”, una situación como esa sólo ocurría en el Siglo XIX y dijo que no se descarta declarar la desaparición de poderes en la entidad por esa decisión.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– La polémica y las críticas contra la reforma constitucional aprobada en Baja California por el Congreso local que ordena la ampliación del período de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez (Morena) de dos a cinco años sigue creciendo, incluso desde voces del mismo partido. Este sábado, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, e incluso el ex Subsecretario de Turismo Simón Levy se pronunciaron en contra de la decisión tomada por los legisladores locales.
El Diputado por Morena y presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que se está analizando declarar la desaparición de poderes en el estado. “La reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de la gubernatura rompe el pacto constitucional”, consideró el legislador morenista federal.
“Se están analizando dos vías: una controversia constitucional o la desaparición de poderes, contemplada en la fracción 5 del art. 76 constitucional”, agregó en entrevista con medios de comunicación durante su participación en el primer informe de labores del Senador Martí Batres.
Muñoz Ledo consideró que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California es “gravísima” y que una situación como esa sólo ocurría en el Siglo XIX.
“Si hay una controversia constitucional yo sería partidiario de una comisión investigadora”, agregó.
Mientras que Gustavo de Hoyos, acusó que Jaime Bonilla y el Presidente Andrés Manuel López Obrador habrían pactado la ampliación de mandato.
De Hoyos compartió en su cuenta de Twitter fotografías donde se observa al Jefe de Ejecutivo con Bonilla comiendo en un restaurante y en el estadio de San Diego, Estados Unidos, Petco Park.
En exclusivo palco del @PetcoPark en San Diego, el pre-candidato @lopezobrador_ pactó con @Jaime_BonillaV hacerlo Senador, Súper Delegado y Gobernador. Los amigos, ya Presidente y candidato a Gobernador, habrían pactado en el lujoso #Lucerna la #AmpliaciónDeMandato. ¿Solo Local?, escribió el empresario.
Por su parte, Simón Levy, ex Subsecretario de Turismo, opinó sobre un comentario que la dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, hizo al respecto.
Polevnsky opinó en una entrevista radiofónica que “es una locura hacer una elección cada dos años”, Levy calificó la reforma como una violación al Estado de Derecho.
“No, no. Es más locura violentar el Estado de Derecho, la Constitución y sobre todo la congruencia de los valores que perseguimos. No le demos argumentos a quienes buscan a todas luces comprobar lo que no somos y más aún queremos no ser. Sufragio efectivo no reelección. Un abrazo”, expuso en su cuenta de Twitter.
Esta semana otros personajes de la política se pronunciaron en contra, la Diputada Tatiana Clouthier, también de Morena, hizo un llamado a rectificar:
El pasado 8 de julio, con mayoría panista, el Congreso de Baja California aprobó la modificación al Octavo Transitorio, que pretende volver la próxima gubernatura de 5 años, con lo que la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, sería del 2019 al 2024.
Respaldado por prácticamente todas las fuerzas políticas, salvo el Partido de Baja California (PBC) – que no se presentó a la sesión-, y el Diputado panista Miguel Antonio Osuna Millán, los legisladores aprobaron con 21 votos – a través de cédula- la reforma al Octavo Transitorio Constitucional, por lo que ahora la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, será del 2019 al 2024.
La decisión del Congreso de esa entidad ha generado decenas de críticas, incluso, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, rechazó la modificación al texto constitucional y anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y procederá a la expulsión de los legisladores que “se corrompieron con Morena”.
A través de un tuit, manifestó su inconformidad con la modificación al Octavo Transitorio con el que se “pretende alargar el periodo por el que fue electo @Jaime_BonillaV”, según escribió.
Ayer, los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI) iniciaron con la expulsión de diputados que aprobaron la extensión del periodo.
Yeidckol Polevnsky, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que la ampliación de mandato para el Gobernador de Baja California responde a una petición de la ciudadanía al considerar que dos años son insuficientes para cumplir con la administración.
En entrevista con el comunicador Carlos Loret de Mola, la funcionaria señaló que “es algo que la ciudadanía en Baja California está pidiendo porque dos años son pocos”.
“Yo fui muchas veces [a Baja California] y las personas dicen que en el primer año los políticos se acomodan y luego, en el segundo es ya pensar en quién más votar, es un desgaste”, comentó.
Mientras, la consejera general del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, consideró que la decisión del Congreso local viola principios básicos constitucionales.
La funcionaria del INE estimó que la iniciativa quebranta las reglas a partir de las cuales el electorado bajacaliforniano acudió a las urnas el 2 de junio, relativas a que el mandato en la administración estatal se extenderá por dos años y para efectos de empatar en 2021 los comicios locales con los intermedios federales.