Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).- En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla, cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residuales sin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.
“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”, expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su propio sistema de agua es de un valor profundo”.
En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.
El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20 pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el derecho al pozo.
La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.
“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos, bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil'”, dice la misiva del Alcalde.
Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano exclusivamente para los municipios.
En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.
Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.
Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.
“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.
DESCARGAS SIN PERMISO
Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.
Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.
“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión, entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns, de la Coordinadora Agua para Todos.
Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Modelo, Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez, Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter & Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola, Jugos del Valle (Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.
También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.
“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el colapso por el manejo de las aguas superficiales y las subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente contaminadas”.
La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga, si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación.
“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación.
“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades. Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin tratamiento”, aseguró Burns.
“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”, reiteró.
En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères, la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para Todos y Conagua.
Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos usos, incluyendo el industrial.
“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el punto de toma o del pozo”, dijo Burns.
