Pesadilla azul
Luis Velázquez
Veracruz.- El jueves 1 de marzo (¡Oh, los Idus de marzo!), un muerto en Medellín. Un taxista más. Pero ahora, nadie acusó a los malandros. Tampoco “a las fuerzas del mal”. Menos a un cartel o cartelito controlado desde el penal de Pacho Viejo, digamos, por Arturo Bermúdez Zurita (por el mundo conocido).
Los asesinos del taxista Víctor Hugo Pérez Vázquez, fueron, simple y llanamente, unos elementos de la dirección de Tránsito del Estado, dependientes de la secretaría de Seguridad Pública de Jaime Téllez Marié, el yunista que únicmente duerme dos horas al día, “goza de cabal salud” (con todo y su desmayo público) y está en guerra permanente con la delincuencia organizada.
Tenía 28 años. Y el presunto homicida fue, ni más ni menos, el delegado de Tránsito en Medellín, Luis Fernando Carreón Camarero, casi casi, digamos, y sólo para una analogía como Marcos Conde, el delegado de Seguridad Pública de Arturo Bermúdez, en la región de Tierra Blanca, cuando sus policías secuestraran a cinco jóvenes de Playa Vicente y los entregaran a los malandros y los desaparecieran.
Aquí, el delegado de Tránsito se encargó de cometer el crimen, con el jefe de servicios y un perito.
TAXISTA ASFIXIADO
La realidad es avasallante. El proverbio rancho lo establece con claridad. “Lo mismo pecan el pinto que el colorado”.
Se ignora, por ejemplo, si en la desaparición forzada hay un capítulo intitulado muerte forzada, es decir, cometida por servidores públicos.
Pero si fuera la omisión, de cualquier manera resulta inverosímil el asesinato, ahora cuando diecinueve jefes policiacos y policías fueron detenidos y sujetos a proceso por el delito de lesa humanidad en el duartazgo y que por cierto, tan acalambrado tiene a Javier Duarte, pues, como dice el Solecito, lo refundaría en la cárcel.
Dijo la esposa del taxista asesinado:
“Yo llegué y él estaba esposado. Boca abajo. Lo tenían todo maneado. Ya estaba ahí lo que es la Estatal. Ya estaba ahí lo que es Fuerza Civil. Y ninguno de los dos hizo nada. El estaba todavía consciente y todavía alcanzó a decir que lo voltearan. Que él se estaba asfixiando. Y no quisieron hacer nada”. (Notiver, Alba Alemán, 2, 3, 18)
El titular de la SSP “tiró su espada en prenda” y en vez de decir que “los valientes no asesinan”, anunció que los había cesado.
Quizá los habría cesado al mejor estilo del tiempo priista cuando simple y llanamente reubicaban a los elementos excedidos en el ejercicio del poder en el otro extremo de Veracruz, digamos, en Huayacocotla, en la sierra de Chicontepec, o en Filomeno Mata en la montaña de Papantla o en Tehuipango en la sierra de Zongolica.
Con todo, grave, gravísimo que mientras por un lado exista una masacre fuera de control de taxistas (desde “el gobierno del cambio”, igual que en el duartazgo, los satanizan), por el otro, un delegado de Tránsito y dos auxiliares maten a uno de ellos. Y cuando su esposa, Zivania Cruz Carrasco, llegó en la madrugada al escenario de la muerte, todavía estaba vivo…
DELITO DE ESTADO
Con todo y que Jaime Téllez “se haya curado en salud”, la realidad es concreta y específica. Fue un delito cometido por el Estado. O desde el Estado. Con la autoridad política y moral, digamos, que significa portar el uniforme de agente de Tránsito. Y la cachucha con las insignias y el escudo. Y el silbato.
Y más, porque fueron tres los elementos involucrados.
Los policías, “asumiendo comportamientos delincuenciales en ausencia de controles civiles efectivos sobre su desempeño” como escribiera el académico Alberto J. Olvera en el periódico “El País” (28 de febrero, 2018), a propósito del “juicio a los mandos policiales en Veracruz”, acusados de desaparición forzada.
Y ni mandado a hacer su artículo.
“El inoperante sistema de justicia, el cual está bajo control de las mismas autoridades”.
La fama pública se consolida. Si en una calle un ciudadano mira venir sobre una banqueta a un tipo con cara de ladrón y en la otra acera a un policía, preferible enfrentar al ladrón. Este, roba y huye. El policía, roba, madrea, detiene, trepa a la patrulla, lleva al barandal y acusa, mínimo, de ofensas a la autoridad. Y mientras “son peras o manzanas”, a las rejas.
DUARTAZGO Y YUNAZGO
En el primer año de Javier Duarte, cuatro reporteros fueron asesinados y uno desaparecido. En el primer año de la yunicidad, cuatro periodistas ejecutados y uno sufrió un atentado y por fortuna salvó la vida.
En los seis años de Duarte, un niño asesinado. En el primer año azul, siete niños asesinados.
En el primer año de Duarte, los primeros desaparecidos en que policías están involucrados. En el segundo año de la yunicidad, tres agentes de Tránsito involucrados en el crimen de un taxista.
En el primer año de Duarte, el secretario de Seguridad Pública metido en la parte oscura de Veracruz. En el segundo año de la yunicidad, el titular de la SSP, jefe del área, manchado con el crimen de Medellín.
Es “el marco de la guerra contra el narco” dice el maestro Alberto J. Olvera.
En el sexenio anterior “los grupos de élite llevaron a cabo detenciones sin orden judicial, torturaron a los presos, y desaparecieron luego los cuerpos de sus víctimas”. Ahora, en el bienio que camina, los agentes de Tránsito también matan.
Nadie desearía (la imaginación, ya se sabe, es la loca de la casa) que otros agentes de Tránsito y policías y alcaides y custodios en los penales están metidos en cosas ilícitas.
Con todo, incluso, que el coordinador de MORENA, el maestro Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostenga que el aparato policiaco de Arturo Bermúdez sigue operando en Veracruz.
En el duartazgo, la desaparición forzada fue “una práctica sistemática del Estado conducir una guerra sucia contra el crimen organizado… con miles de víctimas inocentes” (Olvera).
Un agente de Tránsito es un servidor público. Es la cara visible de un gobernador. Significa el contacto diario con la gente. Norman, cierto, la vialidad. Pero al mismo tiempo, expresan el estilo personal de ejercer el poder de un bienio.
Si el agente de Tránsito es honesto se debe a que los jefes así lo predican con hechos.
Y si el agente de Tránsito es corrupto, el ciudadano tiene la certeza de que se trata de una cadenita.
Y si el Tránsito mata, caray, además de perder la serenidad y el reposo y la mesura en el arte de gobernar, entonces, todos estamos perdidos.
OTROS DELITOS DE ESTADO
Hay, sin embargo, dos delitos más cometidos, todo indica, desde el Estado.
El 3 de febrero, un matrimonio de Paso del Macho, una señora de la Ciudad de México y un estilista jarocho se reunieron en el puerto de Veracruz.
Y al día siguiente fueron reportados como desaparecidos.
Por aquí trascendiera en las redes sociales que habían sido levantados por una patrulla policiaca, desde el poder filtraron que la noche anterior asistieron a una fiesta swinger en un motel.
Satanizados, pues.
Las redes callaron. Pero los cuatro siguen desaparecidos.
En los primeros días de marzo, 6 policías con su jefe, el subdelegado de la secretaría de Seguridad Pública en Córdoba, Patricio Lagunes, en la patrulla 212 948, levantaron al joven Juan Arturo Méndez Alcántara, de 25 años, residente en Ixtaczoquitlán.
El cadáver apareció flotando en el Río Blanco, a la altura del pueblo de Cuichapa.
Los 6, reza el boletín, fueron detenidos y serán llevados a juicio.
Cuidado, así, igual, igualito, empezó el duartazgo.
Se dirá que en los “Idus de marzo”, “los demonios andan sueltos”.
De ser así, desde el aparato gubernamental siempre hay excusas.
Pero con todo, el principio de autoridad queda bajo evidencia. Peor tantito, bajo sospecha.
