Washington – El ilegal y criminal espionaje que lleva a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto contra periodistas, abogados de víctimas de violaciones a los derechos humanos y representantes de organismos no-gubernamentales, debe ser detenido y sancionado por algún órgano jurídico nacional o internacional.
Gracias a los reportajes del periódico The New York Times, estamos enterados del descarado y criminal espionaje. Todos sospechábamos que lo hacía, pero nunca imaginamos la magnitud ni la sofisticación del delito cometido por el gobierno federal.
En un país como Estados Unidos, el gobierno espía ya sería objeto de condena y demandas judiciales por los afectados. En México, esto es impensable. Los Pinos, en una carta enviada al New York Times negó haber infiltrado a periodistas como la colega Carmen Aristegui, a Emilio, su hijo adolescente o a Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto México para la Competitividad (IMCO), entre otros blancos.
La negativa del gobierno de Peña Nieto no es suficiente. La indignación es nacional y por ello demandamos justicia.
NSO Grup, la empresa israelita, le vendió al gobierno mexicano en 2011 el programa conocido como Pegasus, con el objetivo inquebrantable de que fuera utilizado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. NSO Group condicionó la venta del arsenal cibernético, a que no se utilizara en contra de la población civil. Ese fue el trato, y pudo haber sido el acuerdo que hicieron los israelitas con la presidencia de Felipe Calderón que lo adquirió, amén de que aún no descubramos que el ex mandatario también lo utilizó para espiar a periodistas y a otros de sus críticos.
Peña Nieto llegó a Los Pinos y usó a Pegasus para espiar a las personas que han expuesto sus corruptelas como Aristegui, y a quienes claman justicia por la impunidad gubernamental en el tema de violaciones a los derechos humanos. Aunque lo niegue, ¿quién más puede pagar a NSO Group un millón 150 mil dólares para intervenir 10 teléfonos inteligentes, como lo reporta el New York Times? El gobierno, obvio, y también algunos multimillonarios o empresarios, quienes dudo que se atreverían a gastar tanto en asuntos que podrían resolver de otra manera.
El gobierno de Peña Nieto espía, y espía violando las leyes, porque no tiene la autorización de cortes federales para hacerlo.
Abogados constitucionalistas y especializados en leyes internacionales, pueden poseer la clave para exigir la justicia y demandar criminalmente al gobierno de Pena Nieto.
Es posible que la condicionalidad que impuso NSO Group al gobierno de México para venderle Pegasus, sea porque la empresa israelita no quiere verse vulnerable frente a una demanda internacional. De ser el caso en Estados Unidos, la empresa podría ser susceptible a demandas civiles y posiblemente criminales.
En el gremio periodístico, la mayoría, no creemos que el gobierno de México no nos espía y la sociedad del país tampoco.
¿Con qué credibilidad puede argumentar que no es cierto lo que salió publicado en el New York Times? No la tiene.
Si no puede negar el caso de corrupción de la Casa Blanca de “La Gaviota”, el de la violación a los derechos humanos de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, la impunidad contra los ex gobernadores priistas rateros que han saqueado al país, el fraude electoral en el Estado de México con su primo Alfredo del Mazo como beneficiario; menos podría hacerlo con la tan obvia exhibida que le dio el New York Times.
No olviden que en los entresijos del espionaje, la regla de oro es que el espía jamás se incrimine; aun cuando lo agarren con las manos en la masa.
Debe existir un órgano judicial para demandar a Peña Nieto, sólo es cuestión de buscarlo y saberlo utilizar.
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